Un ambiente global de creciente y vertiginoso cambio, volatilidad, ambigüedad e incertidumbre, que percibimos como impredecible, inconsistente y arbitrario, nos obliga a ser testigos, mudos e impotentes, de decisiones y acontecimientos que parecieran estar horadando los cimientos de instituciones, valores y creencias que suponíamos inmutables o, al menos, más permanentes.

Esta pasmosa realidad, tanto a nivel internacional como nacional, me hace recordar a Max Weber (1864-1920), sociólogo, economista, historiador y politólogo alemán, quien dedicó su vida al estudio de las estructuras sociales, políticas y económicas, dejando un legado intelectual que sigue siendo influyente hasta nuestros días. Describió la burocracia como una forma de organización basada en reglas claras, jerarquías con roles definidos, especializaciones y procedimientos racionales estandarizados para garantizar eficiencia, transparencia y minimización del favoritismo en las organizaciones e instituciones gubernamentales.

Aunque este concepto de burocracia ha sido criticado por su potencial para generar rigideces, sigue siendo válido para comprender cómo operan los gobiernos modernos y las organizaciones públicas. Asociado con el liberalismo político, democrático y republicano, que supone la libertad e igualdad de los individuos, la existencia de derechos naturales de las personas, el consentimiento de los gobernados como origen de la legitimidad de los gobiernos, la conveniencia de contrapesos y la separación de los poderes del Estado, todo lo cual se encuentran en contradicción total del Estado patrimonialista.

En un Estado patrimonial, el Gobierno no distingue entre el patrimonio personal y lo público, porque los gobernantes tratan los asuntos y recursos del Estado como si fueran de su propiedad particular y quienes detentan el poder público gobiernan con base en lealtades personales, relaciones patrón-subordinado o clientelismo, parentesco o sumisión.

¿Acaso será qué Guatemala se ha convertido en un Estado patrimonialista? ¿Será qué los gobernantes (a todos los niveles) son reacios a atarse a la ley? ¿Será que el ejercicio de la autoridad se realiza de acuerdo con las circunstancias y a conveniencia del funcionario de turno? ¿Será que las decisiones jurídicas no son consideradas como la aplicación de la ley, sino como una gracia, privilegio o exención otorgada a un determinado sector, grupo de interés o particular en específico? ¿Será que se gobierna de manera personalista, en forma arbitraria y no conforme a la ley? ¿Será que los funcionarios públicos no se eligen o seleccionan por méritos, sino por compadrazgo, afinidad o relación servil con un miembro superior de la jerarquía burocrática? ¿Será que los bienes del Estado se conciben como patrimonio privado al servicio de los intereses de los grupos gobernantes? ¿Será que el conflicto político es producto de la disputa entre grupos heterogéneos para acceder a la repartición o aprovechamiento del patrimonio del Estado?

Según Weber, la autoridad puede ser de tres clases: la tradicional, basada en costumbres o herencia; la carismática, fundamentada en el liderazgo e inspiración personal, y la racional-legal, sustentada en normas establecidas, fundamento de las democracias republicanas modernas, que enfatiza el principio de legalidad en las instituciones gubernamentales.

Esta modernización institucional implica que las decisiones y estructuras se basan más en la lógica y eficiencia que en las emociones, que es como se espera funcionen las instituciones. Pero también pueden surgir tensiones entre la racionalidad burocrática y los valores éticos o humanos, porque la excesiva racionalización puede despojar a la vida política de pasión, humanidad y compromiso.