Sin duda alguna el principal “socio” comercial, como se suele decir, de Guatemala es Estados Unidos y las nuevas políticas arancelarias de ese país bajo la administración de Donald Trump obligan a un análisis desde la perspectiva de lo que nuestro país puede hacer para mitigar el impacto global que tiene ese nuevo orden económico que se extiende por el mundo. En ese contexto es importante el informe publicado al fin del mes pasado, dos días antes de la imposición de la tarifa de 10% de aranceles a Guatemala, en el que se destacan temas puntuales que complican el comercio entre ambas naciones.

Como se puede ver en la nota que publicamos hoy, en el informe se señalan específicamente temas como la corrupción y la piratería entre los que “obstaculizan” una sana relación comercial como la que pretende el Tratado de Libre Comercio firmado por los países centroamericanos y República Dominicana con Estados Unidos, lo que sin duda será parte de las discusiones que tengan autoridades guatemaltecas con las norteamericanas.

Al margen de la amplia discusión que puede darse alrededor de la nueva política de tarifas arancelarias impuestas por Estados Unidos y su impacto en la economía mundial, así como sus efectos en cada uno de los países a los que se imponen nuevos gravámenes, es importante entender que temas como la corrupción y el deterioro institucional que ese vicio ha generado, tienen importancia en el contexto de nuestras relaciones comerciales.

Ayer mismo se conoció la designación del nuevo presidente del Cacif, Dennis Bland Crespo, y en el comunicado oficial sobre su designación afirman que sus objetivos centrales serán la mejora del clima de inversión en el país y el fortalecimiento de las instituciones, un tema crucial desde cualquier punto de vista, pues el país no tiene mucho futuro si persiste la cooptación actual, sobre todo en el sistema de justicia que fue convertido en tapadera de la corrupción.

Estados Unidos específicamente se queja de la forma en que Guatecompras se convirtió en un mecanismo de corrupción en vez de lograr la transparencia que se requiere en las adquisiciones del Estado, lo cual no sería tan burdo si tuviéramos elementales procesos de investigación para combatir la delincuencia existente a lo largo y ancho de las operaciones de gasto público.

Y el informe de referencia fue presentado por el embajador Jamieson Greer, nombrado por Trump, por lo que no se puede decir que son resabios del gobierno de Biden y se destaca el tema de la corrupción cuestionando, además, los criterios de la SAT en la valoración de ciertos tributos relacionados con el valor agregado.

El mundo entero se agita por la nueva política comercial de Estados Unidos y nosotros no estamos ajenos a esa agitación.