Uno de los temas cruciales en la reciente campaña electoral en Estados Unidos fue el problema de la migración de personas que ingresan ilegalmente a ese país y se han convertido en parte de la fuerza de trabajo, lo que les permite generar ingresos que envían a sus familiares y que en Guatemala constituyen alrededor de la quinta parte del Producto Interno Bruto. El candidato ganador, Donald Trump, ofreció no solo cerrar el acceso por la frontera, sino también la deportación masiva de quienes se encuentran en esa condición ilegal y en una entrevista el pasado fin de semana dijo que empezará con la deportación de los delincuentes que han llegado a Estados Unidos.

Eso permite un gran suspiro a los chapines que viven allá pues la inmensa mayoría de ellos son gente decente y trabajadora que no ha cometido ningún delito ni abusado de nadie; por el contrario, los empleadores aprecian mucho la entrega y dedicación de los guatemaltecos y eso ha abierto la puerta de muchos negocios a infinidad de compatriotas. Pero en la entrevista Trump dijo que inicialmente serían deportados los delincuentes, pero de acuerdo con las promesas de campaña, luego vendría la deportación de quienes entraron ilegalmente.

Obviamente la expulsión de alrededor de tres millones de guatemaltecos no es cosa que se pueda hacer de un día para otro, pero es obligado que nuestras autoridades empiecen a preparar planes para encarar la nueva realidad de la migración y el eventual retorno de muchos compatriotas que vendrían a encontrar un país que no ha logrado mejoras respecto al que se vieron forzados a abandonar por falta de oportunidades. Desafortunadamente, llevamos años en los que el principal objetivo del Estado ha sido el enriquecimiento de funcionarios y sus socios, contratistas y proveedores, olvidando por completo la búsqueda del bien común.

Cualquier persona que sea deportada notará que hemos empeorado respecto a las condiciones que le obligaron a salir de Guatemala y eso preocupa pues la cantidad de desempleados aumentaría notablemente en la misma proporción en que se vaya reduciendo el monto de las divisas que anualmente llegan y que fortalecen la economía nacional.

Si vemos el Presupuesto General de la Nación que fue aprobado para el año 2025, no hay en realidad recursos para enfrentar lo que sería una gran crisis con el retorno de nuestros compatriotas que puedan ser deportados de conformidad con la nueva política de Estados Unidos. Repetimos que ese retorno será paulatino, en todo caso, dada la cantidad de chapines que se han radicado allá, pero es preciso que se definan estrategias de lo que se puede y debe hacer para mitigar los efectos.