Hace diez años, Guatemala se vistió de esperanza. Un movimiento ciudadano plural trazó un río humano nunca visto en nuestro país, todo alrededor de la corrupción y la impunidad que ya no queríamos ver, sentir y vivir en Guatemala. Unas ciento cincuenta mil personas de la ciudad capital y los departamentos se lanzaron a las calles para decir muy recio consignas como “No tengo presidente”, “Renuncia ya”, “Justicia ya” y “La indignación nos une”.

Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti fueron los actores políticos sobre los cuales recayó, con sobrada razón, la indignación ciudadana. Pero hubo otros actores dentro del mismo empresariado y otros sectores que cincelaron en las paredes de nuestra historia la expresión “pacto de corruptos”. Sin embargo, el músculo ciudadano se venía fortaleciendo desde el juicio por genocidio contra Ríos Montt, cuya condena de 80 años se dictó el 10 de mayo de 2013. En aquel momento, la gente comenzó a hablar, poco a poco, de estos temas sensibles en las calles, las universidades, las tiendas de barrio, los medios, las redes y las casas. Para mí, ese fue el punto de partida para lo que vendría dos años después: una ciudadanía cada vez más dispuesta a construir el país que imaginaba.

Recuerdo a aquella mujer maya que, parada en la tarima de la plaza central durante la tercera gran marcha ciudadana, tomó el micrófono y dijo: “En el campo y en la ciudad, forjaremos la unidad”. Cuando evoco aquel momento, también vienen a mi memoria los 106 días en que los pueblos originarios pararon un país en el 2023 para apoyar a un gobierno que dibujaba esperanza. Y, por supuesto, hoy pienso que otra oportunidad histórica volvió a perderse y que no se supo aprovechar la posibilidad de reinventar un país para todas y todos. Nombres como el de Manuel Baldizón, desde su partido en el Congreso, se asociaron entonces a la impunidad que tanto nos indignaba en una Guatemala históricamente despojada, criminalizada, corrompida y dividida.

Cuentan quienes aún recuerdan, que solo la marcha de mineros de Ixtahuacán que entró a la ciudad en plena dictadura militar (1977) se asemejaba en tamaño a la de agosto de 2015. Aun así, era mucho menor. Esta vez, distintos sectores sociales de todos los colores y formas aguantaron hombro con hombro los días de lluvia e intenso sol hasta la renuncia de Otto Pérez Molina. Cinco meses después de aquel histórico abril de 2015, hubo un 27 de agosto que nos unió multitudinariamente. Ya hace casi diez años de esto, pero para no olvidar y frente a un presente donde el pacto de corruptos no deja de morder, salpicar y criminalizar, vale la pena recordarlo. Cuando veo las sentencias de jueces y cortes que liberan a criminales amigos y criminalizan a los enemigos del pacto, creo que aún tenemos mucho camino por recorrer.

No somos lo que hacemos una, ni dos, ni tres veces. Somos el resultado de largos procesos humanos y ciudadanos de fortalecimiento que buscan la paz social y el desarrollo de un país, así como la construcción de un estado de Derecho que nos garantice a todos el bienestar, la dignidad y la justicia que, por igual, merecemos. La tensión social y política se incrementaba, los medios internacionales presionaban la salida de Pérez Molina, quien no quería ser “ni traidor ni cobarde”. De su lado, Mario López, del empresariado guatemalteco; Manuel Baldizón, con su 40% de diputados en el Congreso, y Alejandro Maldonado, su vicepresidente tras la salida de la vicepresidenta Baldetti. Buena parte del resto de Guatemala, en su contra. Luego llegaron las elecciones del 6 de septiembre y lo demás es historia.