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Gobierno pide segundo antejuicio contra Consuelo Porras y revocatoria de amparo que la blinda
Crece el pulso entre Bernardo Arévalo y Consuelo Porras, y ahora el Ejecutivo pide un segundo antejuicio contra la fiscal por los delitos de violación a la Constitución y abuso de autoridad.
Política
Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)
Luego de los señalamientos hechos por la fiscal general, María Consuelo Porras Argueta, en contra del presidente Bernardo Arévalo y varios de sus funcionarios, el mandatario informó este jueves 1 de agosto en conferencia de prensa que pidieron, por segunda ocasión, el retiro del derecho de antejuicio contra la jefa del Ministerio Público (MP) por los delitos de violación a la Constitución y abuso de autoridad.
Además, el mandatario, quien se hizo acompañar su gabinete y la vicepresidenta Karin Herrera, dijo que por medio de la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitaron a la CC la revocatoria del amparo provisional que blinda a Porras ante cualquier solicitud de destitución, por lo que pidió al sistema de justicia que ya no sea “víctima de extorción y chantaje por parte de una minoría corrupta”.
El pasado miércoles, Porras arremetió contra Arévalo y varios de sus ministros, a quienes señaló que incumplir lo establecido por dicho amparo provisional, por lo que presentó una “debida ejecutoria” de dicha acción legal en la que se ordena a Arévalo y otros funcionarios a que se “abstengan” de “todo acto que, fuera del marco constitucional y legal, atenten contra el mandato para el cual fue electa” la fiscal hasta 2026. La fiscal pidió que se procese al mandatario.
Además, exigió que se ordene la destitución inmediata del secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica; el procurador General de la Nación, Julio Roberto Saavedra Pineta; y el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos; así como del secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo Vila.
Por lo anterior, Arévalo señaló este jueves que las acciones de Porras constituyen un “ataque ilegal y desesperado” que es liderado por la fiscal general desde el MP, a quien señala de ser la “principal cómplice de esa minoría corrupta que se niega al cambio que quiere toda Guatemala”.
Arévalo afirmó que Porras es un “actor antidemocrático” que defiende intereses de quienes favorecen la corrupción, pues, a su criterio, “cierra los ojos ante los grandes casos de corrupción” que su gestión ha presentado en más de un centenar de ocasiones.
El mandatario acusó a Porras de restarle importancia a “casos graves de lavado de dinero y robo a costa del pueblo mientras criminaliza a periodistas, defensores de derechos humanos, operadores de justicia y funcionarios de este gobierno que le son incómodos para sus acciones corruptas”.
Además, Arévalo dijo que las acciones de la fiscal general son un boicot hacia su gobierno y sus funcionarios.
“Instamos al Sistema de Justicia a nos seguir siendo víctima de la extorsión y chantaje de una minoría corrupta y a ceñirse estrictamente a la ley para frenar el ciclo de oscuridad y abusos por parte del Ministerio Público”, afirmó Arévalo, quien agregó que no se han recibido requerimientos de la parte de la CC por la debida ejecutoria presentada por el MP.
Otro antejuicio
El pasado 29 de febrero, la PGN y la Secretaría General de la Presidencia presentaron una querella penal y solicitud de retiro del derecho de antejuicio contra Porras ante la negativa de la fiscal general de atender la convocatoria que le hizo Arévalo para participar en la junta de gabinete del pasado 29 de enero. Esta acción no han sido tramitada por Gestión Penal, donde fue presentada.
“La intención expresada en esa invitación fue coordinar políticas de Estado y acciones acerca de temas que son fundamentales en el esfuerzo que persigue actualmente el Estado de Guatemala para abatir la impunidad, combatir la corrupción y garantizar el respeto de los derechos humanos”, comentó ese día Saavedra.
Desde 2022, la fiscalía mantiene una persecución penal contra decenas de exfuncionarios de la justicia que investigaron casos de corrupción, periodistas, activistas y críticos del gobierno anterior de Alejandro Giammattei (2020-2024).
Porras también es señalada de intentar evitar la asunción presidencial de Arévalo con polémicas investigaciones contra su partido Semilla y las elecciones de 2023 en las que triunfó el político socialdemócrata.
Estados Unidos y la Unión Europea consideran a la fiscal “corrupta” y “antidemocrática”.
Con información de AFP
