El gobierno de Donald Trump autorizó en secreto a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela, según funcionarios estadounidenses, lo que intensifica una campaña contra Nicolás Maduro, el líder autoritario de ese país. Esta autorización es el paso más reciente en la intensificación de la campaña de presión del gobierno de Trump contra Venezuela. Durante semanas, el ejército estadounidense ha atacado barcos frente a la costa venezolana que, dice, transportan drogas, y ha matado a 27 personas. Funcionarios estadounidenses han dejado claro, en privado, que el objetivo final es expulsar a Maduro del poder.

La nueva autorización permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales en Venezuela y realizar una serie de operaciones en el Caribe. La agencia podría emprender acciones encubiertas contra Maduro o su gobierno de forma unilateral o en conjunto con una operación militar más amplia. No se sabe si la CIA está planeando alguna operación en Venezuela o si las autorizaciones están pensadas como una medida de contingencia. Pero este avance ocurre mientras el ejército estadounidense planea una posible escalada por su cuenta, y mientras elabora opciones para que el presidente Trump las considere, incluyendo ataques dentro de Venezuela.

La magnitud del despliegue militar en la región es considerable: actualmente hay 10.000 soldados estadounidenses ahí, la mayoría en bases de Puerto Rico, pero también un contingente de marines en buques de asalto anfibios. En total, la Armada tiene ocho buques de guerra de superficie y un submarino en el Caribe. Las nuevas autorizaciones, conocidas en la jerga de los servicios de inteligencia como presidential finding (o un hallazgo presidencial), fueron descritas por varios funcionarios estadounidenses que hablaron bajo condición de anonimato para discutir el documento altamente clasificado.

Trump ordenó el fin de las conversaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro este mes, al sentirse frustrado por el hecho de que el dirigente venezolano no accediera a las exigencias estadounidenses de abandonar el poder voluntariamente y por la continua insistencia de los funcionarios en que no tenían nada que ver con el narcotráfico. IA tiene desde hace mucho tiempo autoridad para trabajar con gobiernos de Latinoamérica en asuntos de seguridad e intercambio de información. Eso ha permitido a la agencia trabajar con funcionarios mexicanos para atacar a los cárteles de la droga. Sin embargo, esas autorizaciones no permiten que la agencia lleve a cabo operaciones letales directas.

La estrategia del gobierno de Trump para Venezuela, desarrollada por el secretario de Estado Marco Rubio con la ayuda de John Ratcliffe, director de la CIA, tiene como objetivo expulsar a Maduro del poder. Ratcliffe ha dicho poco sobre lo que su agencia está haciendo en Venezuela, pero ha prometido que, bajo su dirección, la CIA será más agresiva. Durante su audiencia de confirmación, Ratcliffe dijo que haría que la CIA fuera menos reacia al riesgo y estuviera más dispuesta a llevar a cabo acciones encubiertas cuando se lo ordenara el presidente, “yendo a lugares a los que nadie más pude ir y haciendo cosas que nadie más puede hacer”.

La Casa Blanca y la CIA declinaron hacer comentarios. Estados Unidos ha ofrecido 50 millones de dólares por información que conduzca a la detención y condena de Maduro por cargos de narcotráfico. Rubio, quien también es asesor de seguridad nacional de Trump, ha calificado a Maduro de ilegítimo, y el gobierno de Trump lo describe como un “narcoterrorista”. Maduro impidió que el gobierno elegido democráticamente el año pasado tomara el poder. No obstante, las acusaciones del gobierno de Trump de que ha lucrado con el narcotráfico y de que su país es un importante productor de drogas que tienen como destino Estados Unidos han sido objeto de debate.

El gobierno ha afirmado en documentos legales que Maduro controla al Tren de Aragua, una banda criminal. Sin embargo, una evaluación de las agencias de inteligencia estadounidenses contradice esa conclusión. Aunque públicamente el gobierno de Trump ha ofrecido justificaciones legales relativamente débiles para su campaña, Trump comunicó al Congreso que había decidido que Estados Unidos se encontraba en un conflicto armado con algunos cárteles de la droga que considera organizaciones terroristas. En la notificación al Congreso de finales del mes pasado, el gobierno de Trump dijo que los cárteles que trafican con drogas eran “grupos armados no estatales” cuyas acciones “constituyen un ataque armado contra Estados Unidos”.

Las autorizaciones de la Casa Blanca que permiten acciones encubiertas son secretos muy bien guardados. A menudo se renuevan de un gobierno a otro, y su redacción exacta rara vez se hace pública. También constituyen uno de los usos más directos del poder ejecutivo. Se informa a miembros selectos del Congreso sobre las autorizaciones, pero los legisladores no pueden hacerlas públicas, y resulta difícil supervisar las posibles acciones encubiertas. Mientras que las operaciones militares estadounidenses, como los ataques contra barcos que supuestamente transportaban drogas desde territorio venezolano, suelen hacerse públicas, las acciones encubiertas de la CIA suelen mantenerse en secreto.

Algunas, sin embargo, como la operación de la CIA en la que los Navy SEAL mataron a Osama bin Laden en 2011, se hacen públicas rápidamente. La agencia lleva años intensificando su labor antinarcóticos. Gina Haspel, la segunda directora de la CIA durante el primer gobierno de Trump, dedicó más recursos a la caza de drogas en México y Latinoamérica. Bajo el mandato de William Burns, director del gobierno de Biden, la CIA empezó a sobrevolar México con drones en busca de laboratorios de fentanilo, operaciones que Ratcliffe amplió.

La autorización encubierta es, en cierto modo, una evolución natural de esos esfuerzos antidroga. Pero el historial de acciones encubiertas de la CIA en Latinoamérica y el Caribe es, en el mejor de los casos, irregular. En 1954, la agencia orquestó un golpe que derrocó al presidente Jacobo Árbenz de Guatemala, que dio paso a décadas de inestabilidad. La invasión de Cuba en Bahía de Cochinos en 1961, respaldada por la CIA, acabó en desastre, y la agencia intentó varias veces asesinar a Fidel Castro. Sin embargo, ese mismo año la CIA suministró armas a disidentes que asesinaron a Rafael Leónidas Trujillo Molina, el líder autoritario de República Dominicana.

La agencia también intervino en un golpe de 1964 en Brasil, en la muerte del Che Guevara y en otras maquinaciones en Bolivia, en un golpe en Chile en 1973 y en la lucha de la contra frente al gobierno sandinista de izquierda de Nicaragua en la década de 1980.