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Gobierno de Trump batalla en tribunales por vuelos de migrantes a El Salvador tras supuesto desafío a orden de juez
El gobierno del presidente Donald Trump desmintió este lunes 17 de marzo, ante un juez, haber desafiado una orden que prohibía expulsar a supuestos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua bajo una ley de guerra de 1798.
Un juez federal celebró una audiencia para aclarar si la administración estadounidense ignoró deliberadamente sus órdenes al expulsar a más de 200 migrantes a El Salvador, país al que ha pagado para encarcelar a los deportados.
Los abogados del Departamento de Justicia dijeron al juez James Boasberg que los deportados ya habían salido de Estados Unidos cuando él emitió por escrito la orden que lo prohibía, según medios de comunicación estadounidenses. También argumentaron que el magistrado carece de jurisdicción una vez que los aviones han salido del espacio aéreo estadounidense.
El Departamento de Justicia intentó cancelar la audiencia, al argumentar que el caso interfiere con “la autoridad del presidente en materia de seguridad nacional y asuntos exteriores”. Cuando Boasberg dijo que seguiría adelante, los abogados del gobierno presentaron una moción ante un tribunal de apelaciones para intentar que el juez sea apartado del caso.
Boasberg describió la audiencia como un ejercicio de “investigación de hechos” y dijo que no prevé emitir un fallo inmediato.
La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a periodistas que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros, que data del siglo XVIII, se justifica porque Trump ha declarado al Tren de Aragua como una organización terrorista global.
De los más de 200 migrantes expulsados en la operación, 137 “fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros”, 101 eran venezolanos removidos en virtud de una norma migratoria y 23 eran miembros de la pandilla MS-13, detalló Leavitt.
En declaraciones a Fox News Radio, el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, afirmó que todos los migrantes enviados a El Salvador son “criminales” de MS-13 buscados en su país de origen o venezolanos que forman parte del Tren de Aragua.
“Para empezar, se supone que no tenían que estar en nuestro país”, dijo.
“Yo diría que cada una de las personas que se encontraban en ese avión estaba en el país ilegalmente, de una forma u otra”, añadió.
La Ley de Enemigos Extranjeros solo se ha invocado durante la Guerra de 1812, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial.
Los grupos de defensa de los derechos humanos temen que se use como excusa para deportaciones masivas sin un debido proceso.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, escribió en sus redes sociales: “Ups… demasiado tarde”, acompañado de un emoji de una cara llorando de risa y el anuncio del juez.
Venezuela lo condenó tajantemente.
“Lo que se está cometiendo contra los venezolanos secuestrados en El Salvador y contra los migrantes venezolanos en Estados Unidos es un crimen de lesa humanidad y así lo vamos a denunciar en todas las instancias”, dijo Jorge Rodríguez, presidente del parlamento y jefe negociador con Washington.
“No vale la pena el supuesto sueño americano convertido en pesadilla salvadoreña, porque es un vulgar secuestro lo que está ocurriendo”, añadió.
Indultos “nulos”
Por lo pronto, Trump afirmó haber anulado los indultos emitidos por Joe Biden.
En un mensaje en su red Truth Social, el magnate republicano afirmó que los indultos preventivos otorgados por Biden a varios enemigos acérrimos de los republicanos eran “nulos y sin efecto” porque se firmaron con un autopen y no a mano.
El autopen es una máquina que se usa para firmar documentos de forma automática a partir de una firma real. Existen distintos modelos, pero estas máquinas suelen incluir unos brazos mecánicos que sostienen el bolígrafo para firmar como lo haría la propia persona.
No está claro qué autoridad tiene Trump, si es que tiene alguna, para anular los indultos presidenciales emitidos por su predecesor.
Horas antes de entregar el poder el 20 de enero, Biden otorgó una serie de indultos preventivos a funcionarios y ex altos cargos para protegerlos de “procesamientos injustificados y con motivaciones políticas”.
Entre ellos destacan el exjefe del Estado Mayor Conjunto, Mark Milley; el exarquitecto de la estrategia de la Casa Blanca contra el covid-19, el doctor Anthony Fauci, y varios congresistas que participaron en la comisión de investigación sobre el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.