El pasado 5 de mayo, Darío Morales García fue enviado a prisión para ser procesado por ejecución extrajudicial en grado de complicidad y por falso testimonio, en conexión con el caso por la ejecución extrajudicial del obispo Juan Gerardi Conedera, ocurrido la noche del 26 de abril de 1998. En esa época, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (Odha) sospechaba del involucramiento del Estado Mayor Presidencial (EMP, una unidad militar que proveía seguridad y logística al presidente) porque varios testigos observaron a Morales García, quien era especialista del EMP, y a otros dos oficiales en la escena del crimen.

El hecho ocurrió en la casa parroquial de la iglesia San Sebastián (Sexta Avenida y 2a. calle, zona 1), de la que Gerardi era párroco. Hasta un año después, en 1999, el entonces gerente de la Presidencia, Mariano Rayo, admitió que fue él quien telefoneó al EMP, aproximadamente a las 2.30 de la madrugada siguiente al crimen para que se verificara lo ocurrido en el lugar. El pasado 26 de abril, 27 años después de los hechos, Morales García, de 61 años, fue capturado por estar entre los miembros del EMP que —según la Odha y la acusación del MP— llegaron a la escena del crimen para alterarla.

El exespecialista fue detenido después de que llegó al país deportado. Las autoridades revelaron que había huido a Estados Unidos para evadir su captura. Por el crimen fueron condenados en el 2001 el capitán Byron Lima Oliva —también del EMP—, su padre y coronel retirado Byron Lima Estrada, el sargento Obdulio Villanueva y el vicepárroco de San Sebastián, Mario Orantes.

El MP y médicos forenses determinaron que Gerardi murió por una hemorragia interna debido a múltiples golpes en la cabeza. El cadáver se encontraba en una escena del crimen con huellas de sangre hechas con una suela de tenis y solo con el pie izquierdo. El crimen ocurrió dos días después de que el obispo presentó el informe Guatemala: nunca más, del proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi), que asoció a las fuerzas del Estado —militares, policía, autodefensa civil— al 92% de las violaciones de los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

En audiencia, en 1999, Rayo relató que cerca de las 2 de la madrugada luego del crimen lo llamó por teléfono Raquel Zelaya —entonces, a cargo de la Secretaría de la Paz (Sepaz)—, para solicitarle ayuda a instancias de Helen Mack —quien dirigía la Fundación Mack—, porque solo había dos policías en la casa parroquial y pedían la presencia de autoridades de alto nivel. Rayo explicó que llamó al EMP, porque estaba más cerca del lugar —a dos cuadras— que la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC), a 11 cuadras o a la Comisaría 11, a siete cuadras.

Los implicados

Rayo supuestamente desconocía, cuando telefoneó al EMP, que tres miembros de esa entidad ya habían sido vistos en la casa parroquial antes de que hiciera esa llamada: Morales García, su jefe, el mayor Francisco Escobar Blas y el mayor Andrés Villagrán Alfaro. Escobar y Villagrán declararon, de manera contradictoria, y en el juicio del caso en el 2001, que fueron la persona que recibió la llamada de Rayo en las oficinas del EMP —lo cual era imposible, porque además ya estaban en la escena del crimen a esa hora—.

La PNC solo había acordonado el área alrededor del cadáver. Entonces, después de la 1 de la madrugada, cuando llegaron los bomberos, abarrotaron la casa parroquial periodistas, activistas de derechos humanos, autoridades y curiosos. La PNC amplió el área acordonada después, cuando la escena del crimen ya estaba contaminada. En ese lapso, miembros de la Odha observaron al personal del EMP en el lugar.

“Por haber sido condenados miembros del EMP —el sargento Villanueva, y el capitán Lima Oliva— en este caso, y que Morales García era miembro de ese equipo, se le considera participante en el crimen, y se le acusa como cómplice”, manifestó a Prensa Libre Nery Rodenas, director de la Odha. Rodenas desconoce si la Fiscalía tiene más evidencia contra Morales García que su testimonio, y los de Mack, Ronalth Ochaeta y Fernando Penados —director e investigador de la Odha en 1998, respectivamente— y Ángel Conte, entonces director de la PNC, quienes observaron al acusado adentro de la casa parroquial tomando fotografías.

Diversos medios de prensa publicaron que, cuando un testigo le preguntó al especialista Morales García qué hacía en la escena del crimen, respondió que era guardaespaldas de Conte. Cuando esto llegó a oídos del director de la PNC, lo desmintió, y les ordenó a los miembros del EMP que se retiraran. Rodenas, después, dijo que reconoció a Morales García porque lo habían visto en 1997 tomando fotografías en el juicio contra Villanueva por el caso Pedro Sas Rompich. Este era un lechero al que el sargento disparó y mató en 1996 por supuestamente haber atentado contra el entonces presidente Álvaro Arzú —caso por el cual lo condenaron, por usar fuerza innecesaria—.

Un investigador, vinculado con el caso Gerardi en 1998 y quien solicitó no ser identificado, explicó que un día después del crimen contra el obispo se encontró con Morales García y el capitán Lima Oliva en la morgue, donde estaba el cadáver de Gerardi, y que el primero intentaba fotografiarlo, hasta que un médico forense le ordenó que se retirara.

Las acusaciones

También acusaron a Morales García de falso testimonio porque, en el juicio en el 2001, declaró que llegó a la casa parroquial la noche del crimen, pero que no entró, cuando varios testigos sí lo vieron adentro. Tenía orden de captura desde el 2014. Aunque, según los artículos 107 al 109 del Código Penal, el delito de falso testimonio —que implica penas de seis meses a tres años de cárcel— ya prescribió, el exespecialista también será procesado por ese delito. Si es juzgado y condenado por ejecución extrajudicial, como cómplice, la sentencia —según el Código Penal— está determinada por la pena para el delito del cual fue cómplice —que contempla un mínimo de 25 años en la cárcel—

El sacerdote Orantes —capturado en 1999— fue condenado a 20 años también por ejecución extrajudicial en grado de complicidad —aunque salió en el 2013 por redención de penas—. Los Lima —capturados en el 2000— y Villanueva —en el 2001— fueron condenados a 30 años, aunque las sentencias de los primeros dos después fueron modificadas a 20 años también por ejecución extrajudicial en grado de complicidad. Villanueva fue asesinado en la cárcel en el 2003. Lima Estrada salió en el 2012 —aunque llevaba cuatro años internado en el Centro Médico Militar— y falleció en el 2019.

Lima Oliva también fue asesinado en la cárcel, en el 2016, cuando también estaba procesado por otros delitos ajenos al caso Gerardi. Todos los condenados mantuvieron su inocencia y el MP nunca explicó cómo funcionaba el vínculo entre Orantes y los militares, si todos eran cómplices, pero las condenas finales se sostuvieron. El primer fiscal del caso, Otto Ardón, manifestó en 1998 que no había evidencia de que fuera un crimen político. El fiscal Leopoldo Zeissig, que llevó el caso a juicio, estaba convencido de que el móvil del crimen fue el informe del Remhi. Junto a Morales García, el mayor Escobar Blas también fue señalado por el crimen contra el obispo, pero nunca fue detenido, y falleció en un accidente aéreo en el 2020.

Según Rodenas, el mayor Villagrán tiene un proceso abierto desde el 2001, aunque no hay más información pública al respecto. Esta semana, con la audiencia del 5 de mayo pasado, comenzó el proceso judicial contra Morales García.