Los principales beneficios incluyen que los conductores podrán presentar la calcomanía electrónica y la tarjeta de circulación en su teléfono móvil, en caso de no portarlas en físico. Este cambio significativo permitirá evitar multas para aquellos que cumplen con estas obligaciones, pero que por algún descuido no las llevan impresas. A partir de la publicación de la ley en el Diario de Centro América, las autoridades de tránsito estarán obligadas a aceptar estos documentos en formato digital, en beneficio de los conductores.

Por otro lado, las autoridades municipales de tránsito no podrán imponer multas en rutas centroamericanas, nacionales y departamentales, a menos que las policías municipales establezcan acuerdos específicos con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Asimismo, se establece que estas municipalidades tampoco podrán instalar retenes en dichas rutas con el propósito de exigir el pago de multas.

Cuando se imponga una multa sobre un vehículo, las municipalidades tendrán un plazo de 120 días para notificar al propietario, ya sea por medios electrónicos o impresos. Esta notificación deberá incluir pruebas de la infracción, como fecha, hora, imágenes y cualquier otro elemento que respalde la sanción.

Las reformas también garantizan al conductor el derecho de defensa, permitiendo la impugnación de la multa en un plazo de 15 días. Adicionalmente, los conductores no estarán obligados a pagar las multas de inmediato en ciertos casos, como en el uso de cepos. En su lugar, podrán firmar un acta de notificación y tendrán un plazo de 60 días para efectuar el pago correspondiente.

Con estas medidas, se busca garantizar la transparencia en la aplicación de la Ley de Tránsito del país, respondiendo a las demandas ciudadanas sobre prácticas irregulares en la imposición de multas. Entre otras disposiciones aprobadas bajo las iniciativas 6063, 6122 y 6322, se establece que los vehículos del Estado deberán portar logotipos que los identifiquen como propiedad gubernamental. No obstante, se exceptuarán de esta medida los vehículos utilizados para el transporte de funcionarios que requieran estrictas medidas de seguridad.

Redacción: Renato Martínez