En la sesión del martes 25 de febrero, los miembros del Directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) conocieron el comienzo del proceso para el cambio del superintendente Marco Livio Díaz Reyes, quien concluye su mandato de cinco años el 14 de abril (Lunes Santo).

El ente colegiado oficializó comenzar con el reemplazo del superintendente, quien además funge como secretario del Directorio, pero no tiene voz ni voto en las decisiones. El intendente de Atención al Contribuyente Armando Gabriel Pokus Yaquián es el superintendente designado, luego de la solicitud de ausencia temporal de Díaz Reyes en las sesiones de esta semana.

Con las reformas a la Ley Orgánica de la SAT en el 2016 que aprobó el Congreso luego de la crisis del 2015 en el administrador tributario, es la primera vez que un funcionario concluye el periodo en el cargo.

Trayectoria

Díaz Reyes tiene como profesión Contador Público y Auditor, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala; ha desarrollado una carrera profesional en una firma de defensa y consultoría tributaria desde temprana edad.

También destacó en el campo académico como profesor universitario en temas tributarios en varias universidades locales y como conferencista internacional.

Fue viceministro de Finanzas durante el periodo del expresidente Álvaro Colom Caballeros (2008-2012). Regresó a la vida pública y se postuló para dirigir la SAT en la convocatoria realizada en 2020, luego que el Directorio destituyó al entonces superintendente Abel Cruz Calderón por no alcanzar las metas del 2019.

En enero del 2020, cuando asumió la presidencia el gobierno de Alejandro Giammattei Falla, se convocó a los profesionales interesados en dirigir la institución, proceso que se realizó durante los primeros meses de la pandemia, resultando como seleccionado Díaz Reyes para cumplir un periodo de cinco años que finaliza el próximo 14 de abril.

Giammattei Falla lo nombró superintendente para el periodo 2020-2025.

A excepción del 2020, la cobranza de impuestos y la carga tributaria disminuyó por el efecto del confinamiento, pero luego los indicadores mostraron una recuperación y los integrantes del Directorio lo mantuvieron en el cargo.

Durante los ejercicios 2021, 2022, 2023 y 20024 fue confirmado en la dirección de la SAT, por alcanzar las metas de recaudación tributaria. Lo recaudado por el administrador tributario se destina para financiar el gasto público.

Recaudo 2024

La cobranza de impuestos en 2024 cerró con Q102 mil 757 millones.

El indicador significó un incremento del 8.1% en comparación con el 2023, cuando fue de Q95 mil 27 millones, o sea un incremento del Q7 mil 730 millones.

La Intendencia de Recaudación “logró” alinear a más de 120 mil contribuyentes inscritos en el régimen del impuesto sobre la renta (ISR) pero que no aportaban al fisco durante los ejercicios 2023-2024.

La SAT tiene registrados a 3.2 millones de contribuyentes efectivos que aportan al sistema tributario y que mantienen el funcionamiento del presupuesto estatal según los registros del 2024.

Crisis en diciembre

En los primeros días de diciembre fiscales del MP allanaron la empresa de familiares del jefe de la SAT luego de que este señaló de ser investigado.

Díaz Reyes declaró el 4 de diciembre que el MP lo investigaba por denuncias que interpusieron los señalados en el caso B410.

En esa ocasión se realizó un operativo en las oficinas de la firma de consultores Díaz Reyes en la zona 15 de la ciudad de Guatemala. El superintendente no goza de antejuicio, por lo que podría ser aprendido en cualquier momento por una solicitud de juez.

En esa ocasión, el jefe de la SAT, señaló que sería una intromisión a sus funciones si se efectuara una aprehensión en su contra tomando solo como base declaraciones de acusados en el proceso.

Caso B410

El caso denominado como B410, fue presentado el pasado13 de agosto, por la SAT que involucra a 410 empresas investigadas por lo que se presentaron 32 denuncias por la posible defraudación de unos Q300 millones, monto que podría aumentar hasta Q800 millones.

Se trata de una estructura de defraudación tributaria, que por medio de una facturación artificial realizó transacciones con el estado en adjudicaciones por Q5 mil 241 millones durante los años fiscales 2021-2023.

El pasado 10 de septiembre se amplió la denuncia penal por la posible defraudación siempre en el mismo grupo del B410 a 206 contribuyentes, y que se suman a los 35 que se habían denunciado el 13 de agosto al Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal en Materia Tributaria y Aduanera.