Está por iniciarse el ciclo escolar en el sector público y es oportuno hacer un análisis con el objeto de comenzar una transformación educativa que realmente logre un sistema inclusivo y el aprendizaje de los niños, las niñas y los jóvenes del país.

Los números confirman que tenemos grandes desafíos en cobertura y calidad. La cobertura sigue siendo insuficiente (65% preprimaria, 96% primaria, 53% básico y 26% diversificado).

Las pruebas internacionales muestran que la calidad educativa en el país es alarmante. En las evaluaciones Pisa 2022 (Informe del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes), los alumnos obtuvieron resultados muy bajos en matemáticas, lectura y ciencias, ubicando al país entre los últimos lugares en Latinoamérica y a nivel mundial. Las pruebas a graduandos de 2024 muestran que solo 13% en matemáticas y 36% en lectura alcanzaron el nivel de logro. La mayoría no resuelve problemas básicos ni comprende textos, lo que afecta su aprendizaje y desarrollo del pensamiento crítico. Las brechas de aprendizaje de los alumnos a raíz del covid-19 son muy altas y se requiere un monitoreo constante para que el proyecto del Ministerio de Educación (Mineduc) verifique su efectividad.

A pesar de estas evidencias, el sistema educativo sigue sin implementar cambios estructurales que garanticen mejoras en la enseñanza y en la formación docente. La formación pasó a nivel universitario, pero sigue siendo deficiente. En 2024, las evaluaciones a docentes optantes a plaza del Ministerio reflejan que en promedio el 54% obtuvo respuestas correctas en tres materias evaluadas. Si un maestro no domina su materia, sus alumnos no aprenderán. Además el sistema de reclutamiento no beneficia a los mejores docentes, sino a los referidos por políticos y a los recomendados por los sindicatos.

El país cuenta con un modelo burocrático, politizado y clientelar, donde los intereses de los sindicatos pesan más que el futuro de los estudiantes. Se ve positivo rescatar la rectoría del Ministerio y que se fortalezcan los programas descentralizados como el remozamiento de escuelas, la compra de útiles y la refacción escolar, pero no es suficiente.

La falta de recursos económicos no es el obstáculo, ya que el presupuesto del Mineduc se ha más que duplicado en 12 años, pasando de Q9 mil 593.3 millones en 2012 a Q23 mil 278.1 millones en 2024, sin resultados positivos para los estudiantes.
Los pactos colectivos de condiciones de trabajo que iniciaron en el año 2008 han sido nefastos para la mejora e innovación educativa. Aumentan el gasto, pero no la calidad. Los salarios suben por antigüedad y negociaciones, pero no por mérito. Cuentan con muchos privilegios, en especial los dirigentes sindicales. No existe una carrera docente, ni incentivos para los buenos maestros.

Para enfrentar los retos del siglo XXI, el modelo educativo debe ser creativo, flexible y centrado en la excelencia. Los docentes deben ser orientadores para los niños y jóvenes, con desarrollo profesional y evaluación constante. La tecnología es una aliada. Se requiere un plan audaz y efectivo para llevar dispositivos e internet a las aulas al servicio de la comunidad educativa y el aprendizaje de los alumnos. Las ciencias, la inteligencia artificial y la digitalización deben integrarse en la enseñanza. La gestión debe ser eficiente y sin burocracia, enfocada en resultados. Cada quetzal invertido debe traducirse en más aprendizaje.

Es imperante formar niños y jóvenes con competencias para un mundo globalizado y competitivo, capaces de pensar críticamente, resolver problemas y adaptarse a los cambios. O Guatemala moderniza su educación o seguirá condenando a sus habitantes a la mediocridad. Toca poner a discusión a nivel nacional este tema tan importante y que los padres de familia sean los primeros en exigir más y mejor educación para sus hijos.