En el análisis de ALas845 conversaremos sobre el tema, “Etanol en Guatemala: energía limpia, retos reales”.

Los invitados fueron Luis Fernando Villegas Mejía, consultor internacional en biocombustibles; e Ivanova Ancheta, experta en energía.

Consultada sobre si existe legislación en Guatemala sobre el etanol, Ancheta señaló que la normativa fue creadada pero es de larga data.

“Se cuenta con una ley de 1985. Guatemala tiene una larga historia en este tema. Brasil ya tiene 45 años de hacer esta mezcla. Actualmente, por resolución de la CC se actualizó el reglamento, que homologa el alcohol carburante al mercado de combustibles fósiles”, dijo.

Mejía, experto de Colombia, dijo que le causa “sorpresa” que Guatemala esté aún buscando una prueba, pues a su criterio es un país “experto” en el tema.

“Casi durante 20 años pertenecí al gremio petrolero. Los países más reacios son los que importan, mientras los que exportan, todos han implementado los biocombustibles. Entonces se hallan contradicciones. La factura del país es de más de US$2 mil millones lo que es un status quo difícil de romper”, señaló.

Ancheta agregó que Guatemala produce alcohol de la caña de azúcar, que surge como un subproducto.

“Es un proceso industrial muy eficiente. Guatemala es un país que produce excelente calidad de alcohol y actualmente se exporta”, dijo.

La experta indicó que la ley de 1985 regula la obligatoriedad de la mezcla. “En los 60 países es un mandato porque es una política pública. Regula de que puede ser una mezcla del 5 %, pero he escuchado que se recomienda el 10 %. El reglamento define un etanol avanzado, que hay otros productores en el mundo. Es libre la importación”, explicó.

Sobre si las motos pueden usar etanol, narró que Colombia tiene 11.5 millones de motocicletas, por lo que son “la India de América”.

“Se dice que las motos en Guatemala se dañarían por el etanol, pero de esos 2.64 millones, son marcas reconocidas que le venden a cualquier parte. Todos los fabricantes dicen que son compatibles hasta el 10 %”, dijo.

Según Ancheta se trata de una política pública ambiental y en todos los países es visto como un mandato.

“No podemos elegir qué aditivo tenemos en la gasolina. Esa es la dinámica que ha tenido en los 60 países”, explicó.

Acerca del precio, Mejía señaló que en todos los países hay una consideración. “Todos los días consultábamos el precio del petróleo. La venta de los biocombustibles es un número de mil productores, por ejemplo; pero en el petróleo, es de solo 4 personas”, señaló.

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