Amcham, CIG y CompiteGuate piden certeza jurídica y criterios técnicos para la SiCom
La independencia técnica, la certeza jurídica y la aplicación transparente de la ley figuran entre las principales expectativas de AmCham Guatemala, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y CompiteGuate para la gestión de Carlos Federico Ortiz Ortiz, electo superintendente de Competencia el pasado 9 de octubre. Ambas cámaras empresariales, como CompiteGuate, consideran que la […]
La independencia técnica, la certeza jurídica y la aplicación transparente de la ley figuran entre las principales expectativas de AmCham Guatemala, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y CompiteGuate para la gestión de Carlos Federico Ortiz Ortiz, electo superintendente de Competencia el pasado 9 de octubre.
Ambas cámaras empresariales, como CompiteGuate, consideran que la institución debe actuar con criterios objetivos, imparciales y apegados al marco legal, mientras avanza en la implementación de la Ley de Competencia, Decreto 32-2024, y consolida las capacidades necesarias para ejercer las funciones que le fueron asignadas.
El nombramiento abre una nueva etapa para la Superintendencia de Competencia (SiCom), en un momento en que la institución también enfrenta cuestionamientos internos sobre el procedimiento de elección y la deliberación de los perfiles que aspiraban a dirigirla.
Carlos Federico Ortiz es electo Superintendente de Competencia
CIG PIDE CRITERIOS CLAROS
Por aparte, la Cámara de Industria de Guatemala calificó el nombramiento de Ortiz como un paso importante para dar continuidad al fortalecimiento institucional, en una etapa decisiva para la implementación de la Ley de Competencia.
Su directora ejecutiva, Valeria Prado, expuso que la organización espera una gestión técnica, independiente, imparcial y transparente, con decisiones sustentadas en evidencia, estricto apego a la ley y respeto al debido proceso.
La CIG considera que estos elementos son fundamentales para brindar certeza jurídica, fortalecer la confianza, promover la inversión y consolidar la competitividad.
Para la Cámara, esa certeza requiere independencia técnica, transparencia, análisis económico riguroso, interpretación consistente de la ley y decisiones basadas en evidencia verificable.
En esa línea, considera indispensable que la Superintendencia publique criterios claros y guías sobre la evaluación de conductas, el análisis de concentraciones económicas y el cálculo de sanciones.
El objetivo, según la organización, es que las empresas puedan conocer las reglas y cumplir preventivamente con la normativa, dentro de un marco de estabilidad institucional y capacidad técnica.
Prado también señaló que existen oportunidades para profundizar el conocimiento sobre el funcionamiento de los mercados e identificar espacios de mejora mediante estudios técnicos y un diálogo constante con los sectores productivos.
AMCHAM: INSTITUCIONALIDAD Y CERTEZA
Para la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala), el nombramiento es relevante para la continuidad y consolidación institucional de la Superintendencia.
La organización considera que la entidad debe ejercer sus funciones con criterios técnicos, objetivos y apolíticos, en estricto apego al marco legal.
Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de AmCham Guatemala, señaló la importancia de fortalecer la institucionalidad y generar condiciones que favorezcan el crecimiento económico y la generación de empleo formal.
La Cámara también vincula una autoridad de competencia sólida e imparcial con la certeza jurídica, la inversión y el funcionamiento de mercados competitivos.
DIFERENCIAS INTERNAS
Durante una citación legislativa el lunes pasado, Javier Bauer, presidente del Directorio, defendió la elección de Carlos Federico Ortiz como superintendente de Competencia.
Aseguró que el proceso se desarrolló conforme a la ley y al reglamento, y que la decisión estaba prevista en un cronograma que contempló distintas etapas de evaluación de los seis candidatos.
Sin embargo, la forma en que se concretó la votación generó diferencias entre los integrantes del Directorio.
Edgar Guzmán cuestionó que se resolviera en aproximadamente dos minutos, sin una discusión suficiente y Luis Velásquez, director suplente, también consideró que debió existir una deliberación previa antes de recurrir a una decisión por mayoría.
Diferencias y falta de quórum frenan elección del superintendente de Competencia
EL SIGUIENTE PASO: LA APLICACIÓN
Más allá de las diferencias sobre la elección, la Superintendencia deberá avanzar en el cumplimiento de las responsabilidades que establece la Ley de Competencia.
Desde CompiteGuate, una iniciativa intersectorial liderada por el Consejo Nacional Empresarial (CNE), el énfasis está puesto en que la nueva autoridad avance sin más demora en la aplicación de la normativa. La organización considera que la integridad, la independencia y el rigor técnico serán condiciones necesarias para que la Superintendencia gane credibilidad ante las empresas y la ciudadanía.
También plantea que Ortiz deberá ejercer el cargo con transparencia, imparcialidad y estricto apego a la ley, priorizando el interés público.
El Directorio de la Superintendencia reconoció, tras la elección, que existe un atraso en la implementación de la Ley de Competencia y señaló que el país necesita un régimen de competencia plenamente operativo.
PRINCIPIOS: INVESTIGAR Y SANCIONAR
Aprobada mediante el Decreto 32-2024, la normativa creó la Superintendencia como autoridad encargada, entre otras funciones, de investigar y sancionar prácticas anticompetitivas. La plena vigencia de la ley está prevista para el 9 de diciembre de 2026.
Durante la citación legislativa, Guzmán también advirtió que las diferencias internas y un eventual funcionamiento deficiente de la institución podrían afectar el análisis de concentraciones económicas y la atención de denuncias por posibles prácticas anticompetitivas.
Entre los riesgos que mencionó están la falta de análisis adecuado de ciertas operaciones y la posibilidad de que denuncias no reciban el trámite correspondiente conforme a la ley.
Estas advertencias forman parte de los cuestionamientos planteados durante la citación y no constituyen, por sí mismas, una constatación de que tales situaciones estén ocurriendo.
EVALUACIÓN DE ORTIZ
Ortiz fue electo con una calificación final de 79.97 puntos sobre 100, la segunda más alta entre los seis candidatos que llegaron a la etapa final.
La evaluación individual de los tres integrantes titulares del Directorio muestra diferencias de hasta 27 puntos. Las mayores brechas se registraron en la entrevista y en el plan de trabajo presentado por el ahora superintendente.
En la entrevista, que tenía una ponderación máxima de 20 puntos, Edgar Guzmán Fuentes le asignó 4 puntos, mientras que Javier Bauer Herbruger le otorgó 19 y Jorge Mario González Paz, 20.
En el plan de trabajo, Guzmán le asignó 4 de 12 puntos posibles, frente a la calificación máxima otorgada por los otros dos directores.
El Directorio, por su parte, ha señalado que la nueva autoridad deberá ejercer sus funciones con independencia de criterio, transparencia, imparcialidad y apego a la ley.
Para Prado, la certeza jurídica y la confianza en la Superintendencia de Competencia se deben fundamentar en independencia técnica, transparencia, análisis económico riguroso, una interpretación consistente de la ley y toma de decisiones basada en evidencia verificable.