Prácticamente, en cada año, sobre todo en el último cuarto de siglo, el salario mínimo en Guatemala es un concepto que regularmente termina en exabrupto, sobre todo cuando el sector gubernamental dispone elevarlo por decreto, en un porcentaje arbitrario, sin analizar los factores internos o externos que impactan a las empresas, pequeñas, medianas o grandes. Aunque lo pregonen como un “beneficio”, para intentar ganar réditos populistas, este tipo de incremento se convierte literalmente en un impuesto adicional. A la larga, es contraproducente porque termina costando empleos, limitando inversiones y, por ende, el crecimiento.

Partamos de un axioma: es la iniciativa privada, ya sea un ciudadano emprendedor, una empresa que invierte en el país o compañías locales, la que genera riqueza. El Estado solo la consume a través de los impuestos. Y estos son sufragados para que cumpla su misión de brindar estabilidad, certeza jurídica, seguridad pública y mejora de infraestructura para la competitividad. De hecho, los aumentos por decreto atentan, casi anualmente, contra las primeras dos.

El debate es recurrente en cada último tramo del año: ¿Cuánto debe aumentar el salario mínimo? Nadie pregunta ¿cuántos empleos reales se necesitan? No plazas burocráticas en los tres organismos del Estado, sino puestos reales y productivos. En el reciente Encuentro Nacional de Empresarios se resaltó la necesidad de respetar el diálogo en la llamada Comisión Nacional del Salario Mínimo, en la cual se debe dictaminar de manera técnica, con análisis integral y no politiquero, mucho menos con afanes demagógicos. Con lamentable reincidencia, tales conversaciones son echadas a la basura cuando sucesivos gobernantes optan por elevar el ingreso de un plumazo.

Ciertamente, existe la presión real y concreta del costo de vida: el precio de la canasta básica para los hogares suele superar de todas formas el monto del salario mínimo. Pero este problema no solo se puede atajar con un decreto de aumento salarial. De hecho, esta medida no responde en realidad a la publicitada pretensión, pero se sigue cometiendo el mismo error, bajo la falsa hipótesis de que a la siguiente dará resultados distintos. Por el contrario, con el súbito incremento se pone en riesgo la estabilidad de empresas, sobre todo aquellas que tienen de dos a 10 trabajadores.

Los estamentos productivos del país, sean industriales, agrícolas, comerciales o de servicios, han insistido en que la política de salario mínimo debe manejarse a través de negociación, con visión de mediano y largo plazo, así como respeto al consenso mínimo, pues en una materia tan polémica no todos van a estar de acuerdo en todo. Lo que está en juego es la competitividad misma del país y también la estabilidad de los propios trabajadores. Al no poder cubrir los totales arbitrarios, se tiene que prescindir de plazas, lo cual deja a familias sin ingreso. ¿Qué parte de eso no entienden los gobiernos?

Existe otro aspecto de fondo que hace aún más grave el daño de tal imposición: solo un 30% de los trabajadores guatemaltecos cuenta con un empleo formal. El resto se encuentra en el sector informal, en donde también hay empleadores —pero no registrados— que fijan sueldos a su conveniencia —no supervisados— y que, a menudo, son una competencia desleal de micro y pequeñas empresas legalmente inscritas. Se anunció la búsqueda de una vía técnica para trazar y acordar el monto del salario mínimo, pero a veces el problema no es la fórmula, sino las posturas dogmáticas o con ideologías caducas que a menudo muestran ciertos representantes laborales.