Ante el anuncio de los cambios en el Ministerio de Gobernación (Mingob), representantes de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) y de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) están a la expectativa de las personas que lleguen a esos cargos, dado que varios agremiados han sido afectados por extorsiones, sobre todo las empresas de distribución de productos de consumo masivo.

El gobernante Bernardo Arévalo de León dijo el miércoles, en un mensaje en cadena nacional, que los nombres de los nuevos funcionarios serían dados a conocer en las siguientes horas, luego de la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y de dos viceministros, tras conocerse una fuga en la cárcel Fraijanes 2.

Enrique Font, presidente de la CIG, aseguró que esperan que las nuevas designaciones sean idóneas para el cargo.

“La seguridad de los guatemaltecos no es negociable y una institución como el Ministerio de Gobernación necesita liderazgo, decisiones valientes y acciones concretas. Es fundamental que no se deje de lado la investigación que revele a las personas y funcionarios que permitieron esta fuga, y que el peso de la ley recaiga sobre los responsables”, sostuvo.

En esos términos coincidió Luis Mazariegos, director de la CGAB, quien declaró: “Consideramos que toda crisis debe ser convertida en oportunidad, y en ese sentido, es evidente para nosotros que existe una crisis en el sistema penitenciario y, por consiguiente, en el Mingob, que ha permitido la fuga de 20 reos de alta peligrosidad. Estos reos cumplían condenas por delitos graves, como asesinato y extorsión, y su evasión —posiblemente facilitada por la corrupción— genera múltiples repercusiones negativas en la seguridad de toda la población guatemalteca”.

A los representantes empresariales se les consultó cuales deben ser los retos de las nuevas autoridades que asuman la cartera del interior.

Exigen estrategia integral para recuperar el control del sistema penitenciario

Font declaró que se insta a profundizar los procesos de censo, verificación y control en el sistema penitenciario, con el fin de establecer responsabilidades y evitar que hechos como este se repitan.

“Estos grupos delictivos representan una amenaza para la seguridad nacional y la estabilidad internacional. Asimismo, el comercio ilícito y las extorsiones no son delitos aislados; son el ‘combustible’ financiero de redes criminales y pandillas”, enfatizó.

Por ello, señaló que es importante contar con una estrategia integral, coordinada y con resultados, que priorice la recaptura de los prófugos, el control efectivo del sistema penitenciario y el combate frontal a las pandillas.

Luis Mazariegos, director de la CGAB, sostuvo que las nuevas autoridades tienen como retos la recaptura de los reos fugados y su confinamiento en cárceles de máxima seguridad, donde no puedan seguir cometiendo extorsiones ni otros delitos. Además, destacó la necesidad de corregir las deficiencias en el sistema penitenciario para asegurar la custodia efectiva de los reos de alta peligrosidad.

“Es importante mencionar que, como CGAB, consideramos que el combate a las pandillas es un compromiso de los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Judicial y Legislativo”, subrayó.

Organismo Ejecutivo y Mingob:

• Tomar las acciones necesarias para lograr la recaptura de los reos fugados, quienes ponen en zozobra la seguridad ciudadana.
• Corregir las deficiencias en la custodia de los reos de alta peligrosidad y trasladarlos a reclusorios de máxima seguridad.

Organismo Judicial:

• Impedir que los jueces trasladen a reos de alta peligrosidad a centros de detención sin las condiciones de seguridad extrema necesarias para el cumplimiento efectivo de sus penas y para evitar nuevas fugas.
• Colaborar en la implementación de juzgados especializados, una vez aprobada la Ley Antipandillas.

Organismo Legislativo:

• Agilizar la aprobación de la Ley Antipandillas.
• Asignar los recursos necesarios para garantizar seguridad efectiva en las calles.