Con el objetivo de proteger los derechos de la niñez, este miércoles comenzaron las audiencias definitivas en el caso Lev Tahor, un proceso judicial que determinará el futuro de 130 menores rescatados de la comunidad en diciembre pasado.

El Procurador General de la Nación , Julio Saavedra, señaló que este procedimiento es importante para restituir los derechos de los niños y adolescentes, quienes, según las investigaciones, habrían vivido en condiciones que ponían en riesgo su bienestar físico y psicológico.

Las audiencias contemplan la presentación de pruebas clave que detallan las condiciones en las que vivían los menores dentro de la comunidad.

Entre las evidencias más relevantes se encuentran:

1. Un peritaje cultural que expone las dinámicas internas de la secta y sus implicaciones.

1. La opinión de un experto en sectas, quien detallará los métodos de control y coerción empleados.

1. Un estudio especializado en niñez y adolescencia, que analiza el impacto psicológico y social sufrido por los menores.

Las autoridades han reiterado que este caso no se trata de un ataque a la libertad religiosa, sino de una acción legal en defensa de los derechos humanos.

La comunidad Lev Tahor, originaria de Israel en la década de 1980 y establecida en Guatemala desde 2016, ha sido señalada por prácticas que vulneran los derechos de sus miembros.

El 20 de diciembre pasado, un operativo en Santa Rosa resultó en el rescate de más de un centenar de niños y adolescentes, quienes fueron trasladados a albergues bajo la protección de la Secretaría de Bienestar Social (SBS). Hasta la fecha, 226 menores han sido protegidos por la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y 13 niños y un bebé han sido reunificados con familiares fuera de la comunidad.

El proceso continúa, y la resolución de las audiencias determinará si los menores regresan con sus padres, son entregados a parientes o permanecen bajo la tutela del Estado.

Los líderes de Lev Tahor han negado las acusaciones y afirman que el Estado ha actuado injustamente. Uno de los dirigentes en Guatemala advirtió que el Gobierno enfrentaría consecuencias si algún niño fallecía mientras estaba bajo custodia estatal.

Las audiencias, que incluyen 169 procesos individuales, continuarán en los próximos días y serán decisivas para determinar el futuro de los menores rescatados.

Por Andrea Palacios