El puerto Santo Tomás de Castilla es un punto estratégico para Guatemala. Desde allí se moviliza alrededor de 30% de la carga nacional. Su funcionamiento incide directamente en exportaciones, importaciones y en la economía del país. Sin embargo, la semana pasada, un reducido grupo de sindicalistas recurrió al chantaje, deteniendo un servicio esencial para todo el país.

El lunes 18 de agosto se detuvieron totalmente las operaciones portuarias. La medida arbitraria provocó buques varados, exportaciones acumuladas, importaciones retrasadas, pérdidas millonarias y sin ninguna responsabilidad de los actores. El conflicto se derivó del abuso en horas extras que viene desde antes, amparados en un pacto colectivo. Como informó José de la Peña, presidente de la Junta Directiva de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (Empornac), de enero a julio de 2025 los servicios de operación generaron Q16 millones, de los cuales Q10 millones se destinaron a servicios intermediarios, dejando Q5.76 millones de saldo positivo. Sin embargo, el rubro de personal ascendió a Q13.354 millones, provocando un déficit de Q7.593 millones. De la Peña explicó que el paro se originó por reclamos sobre horas extras que, en muchos casos, ni siquiera se trabajaban, y comentó que el pacto colectivo pertenece a otra época y es obsoleto.

El sector privado alzó su voz. La Cámara de Industria rechazó enérgicamente la protesta ilegal y Agexport denunció pérdidas de más de US$30 millones en solo tres días, con dos mil 700 contenedores detenidos. Las cámaras empresariales coincidieron en que la paralización encarece la logística, genera sobrecostos y pone en riesgo empleos. Adicionalmente, la SAT estimó Q40 millones en impuestos no recaudados durante la suspensión.

Estos episodios deterioran la confianza de los socios comerciales extranjeros, quienes dejan de ver a Guatemala como un país serio y capaz de garantizar entregas a tiempo.

El puerto ha tenido avances, pero persisten altos costos y tiempos de espera que reducen su competitividad. El Banco Mundial confirma que Santo Tomás enfrenta mayores tiempos y costos que otros puertos de la región, lo que genera sobrecostos significativos para el comercio exterior.

En estas circunstancias, los sindicatos del sector público recurren al fantasma de la privatización para infundir temor y conservar prebendas. Pero el verdadero debate no es si el puerto debe seguir siendo público o no, sino la urgencia de contar con sistemas de contratación eficientes, reglas claras y personal competente y comprometido con resultados. No pueden continuar prácticas derivadas de pactos colectivos que debilitan a las instituciones estatales.

Aunque el paro se levantó el miércoles por la tarde y se instaló una mesa de diálogo, quedó claro que Guatemala no puede sostener empresas públicas deficitarias a causa de privilegios sindicales. El país requiere instituciones modernas, transparentes y responsables, no estructuras rehenes de pequeños grupos que paralizan servicios esenciales, tales como educación y servicios portuarios.

El futuro de Empornac dependerá de superar estas prácticas. Para que funcione, se necesita un modelo de gestión eficiente, con equilibrio financiero y responsabilidad hacia la ciudadanía. Se requieren sistemas de recursos humanos modernos que sumen a la productividad y no privilegios que la resten. Para lograrlo, se necesitan métricas claras de desempeño, registros confiables de turnos y horas, trazabilidad digital de procesos y sanciones efectivas ante reportes falsos. Ordenar no es privatizar, es garantizar un servicio competitivo y transparente a los guatemaltecos.

Un Estado eficiente requiere frenar excesos en los pactos colectivos y medir con rigor la productividad del empleo público. ¡No más carga para los guatemaltecos!