La elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es clave para el relevo de poderes del 2026. Sin embargo, la ausenciade algunos magistrados, por goce de vacaciones, obstaculizaron las convocatorias para esta semana.

Carlos Rodimiro Lucero Paz, vocal I de la CSJ y presidente en funciones, omitió llamar a la sesión plenaria en la que debía votarse la designación del presidente del Poder Judicial.

La razón: la ausencia de tres magistrados titulares que se encontraban de vacaciones, lo que bloqueó cualquier intento por definir la presidencia judicial, vacante desde el 13 de octubre pasado.

Según una fuente judicial, los magistrados que tomaron vacaciones esta semana fueron Gustavo Adolfo Morales Duarte, Clemen Vanessa Juárez Midence y Jenny Noemy Alvarado Teni.

La fuente añadió que los tres retomarán funciones este viernes. Sin embargo, ahora quien estará ausente por motivos de viaje es el magistrado Teódulo Cifuentes, expresidente de la CSJ.

Los tres magistrados que estuvieron de vacaciones y Cifuentes forman parte del grupo mayoritario de la CSJ, que, según organizaciones sociales, tiene vínculos con actores políticos cuestionables.

En el 2017, la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que la elección del presidente judicial solo puede celebrarse con magistrados titulares, no suplentes.

Dicha resolución le costó el cargo a la exmagistrada Silvia Patricia Valdés, quien fue electa presidenta en una sesión en la que un magistrado de sala participó como suplente y cuyo voto definió el resultado.

Por ello, el presidente en funciones no pudo convocar al pleno para definir la presidencia de la CSJ, ante la ausencia de magistrados titulares.

Posible obstáculo

El futuro presidente de la CSJ tendrá un papel clave en la renovación de autoridades en el 2026, específicamente en la CC y en el Ministerio Público (MP).

Le corresponderá dirigir el pleno y buscar consensos entre los 13 magistrados para elegir a un magistrado titular y uno suplente para la nueva CC, que se renovará en abril del 2026.

Además, presidirá la comisión de postulación encargada de proponer seis candidatos para jefe del MP al presidente Bernardo Arévalo.

Este poder de decisión ha generado dudas sobre los verdaderos motivos de las vacaciones solicitadas, según Christa Walters, presidenta del Movimiento Cívico Nacional (MCN).

“Podría ser un intento de bloqueo o retraso en la elección. En el pasado se han tardado demasiado en elegir, incluso se incumplen plazos”, comentó Walters.

En el 2008, la CSJ demoró nueve meses en elegir a Carlos Gilberto Chacón Torrebiarte, quien asumió el 17 de julio del 2009 y entregó el cargo el 13 de octubre de ese mismo año.

“No deberían existir excusas para llevar a cabo esta elección, porque sabemos la importancia que tendrá el presidente electo por todos los procesos del 2026”, enfatizó Walters.

Por su parte, el Panel de Personas Expertas Independientes (PEI), que observará los procesos del 2026, advirtió sobre los riesgos de retrasar la elección del presidente judicial.

“La falta de elección puede afectar el calendario del proceso e incluso su resultado. Es importante evitar situaciones que puedan facilitar la manipulación. Cumplir los procedimientos y adoptar decisiones en los plazos establecidos son elementos fundamentales del Estado de derecho y la democracia en Guatemala. Su incumplimiento trae consecuencias graves”, advirtió el PEI.

Carta y observación internacional

Actores políticos y judiciales siguen de cerca el proceso de renovación de autoridades del 2026, para evitar injerencias, presiones o maniobras.

Además de la CC y el MP, en el 2026 también se renovarán otras instituciones clave en el ámbito electoral, como el Tribunal Supremo Electoral y la Contraloría General de Cuentas, esta última encargada de emitir un requisito clave para ser candidato.

Esta semana se hizo pública una carta enviada por la congresista republicana de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, a Marco Rubio, titular del Departamento de Estado estadounidense.

En la misiva, Salazar advierte que ha tenido conocimiento de una posible interferencia de la Embajada de EE. UU. en Guatemala en estos procesos democráticos.

“Eso está mal. Estados Unidos debe defender la democracia, no manipularla. Guatemala es uno de los últimos bastiones conservadores de Centroamérica. No podemos permitir que los remanentes del gobierno de Biden sigan exportando su agenda socialista a nuestro hemisferio”, escribió en su red social X.

Acabo de enviar una carta al @StateDept tras saber que nuestra Embajada en Guatemala podría estar presionando a jueces antes de las elecciones judiciales del próximo año.

Eso está mal. Estados Unidos debe DEFENDER la democracia, no manipularla.

Guatemala es uno de los últimos… pic.twitter.com/Va32XRihf2

— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) November 5, 2025

También, en el marco de estas elecciones, un grupo de observación internacional anunció la integración del nuevo PEI – Guatemala, que vigilará la renovación de autoridades del MP y la CC.

El panel está integrado por Ana Lorena Delgadillo, abogada y defensora de derechos humanos de México y exdirectora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD); José Ugaz, abogado penalista peruano destacado por sus esfuerzos contra la corrupción; y Jaime Arellano, de Chile, secretario ejecutivo del PEI, exviceministro de Justicia y exdirector del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) de la OEA.

El panel tiene prevista una primera visita a Guatemala del 11 al 14 de noviembre.

📣 A pocos meses de la elección de Fiscal General del Ministerio Público y magistraturas de Corte de Constitucionalidad, anunciamos la conformación de un nuevo Panel Internacional de Personas Expertas Independientes (PEI-GT), dedicado a la observación de ambos procesos. 🇬🇹 pic.twitter.com/JPrhl0uT8B

— PEI_Guatemala (@pei_guatemala) November 6, 2025