Cancillería, MP, e instituciones técnicas al sector de justicia recurren por más presupuesto para 2027

Las audiencias para discutir el presupuesto de varias entidades gubernamentales por la comisión legislativa de Finanzas Públicas continuaron este 14 de octubre, donde se escuchó al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio Público (MP), así como a los institutos Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), de la Defensa Público Penal (IDPP) y de Atención a la Víctima.

El canciller Carlos Ramiro Martínez explicó que la mayoría de los fondos son utilizados para el servicio consular, por lo que se requieren Q1 mil 375 millones para continuar con la atención en consulados y embajadas.

Martínez detalló que para el próximo periodo se programa la implementación de cuatro oficiales consulares en Estados Unidos, con su respectivo centro de impresión de pasaportes.

Además de habilitar centros de impresión de tarjetas de identificación consular, dos centros de impresión de Documento Personal de Identificación (DPI) e incrementar los consulados móviles, así fortalecer la red consular.

No obstante, el canciller reconoció las limitaciones que enfrenta, como el arrendamiento de inmuebles para sedes consulares, demoras para la instalación de equipos y restricciones por las políticas migratorias en Estados Unidos.

RECUPERAR LA INSTITUCIÓN Y COOPERACIÓN

El jefe del MP, Gabriel García Luna, se estrenó ante el Organismo Legislativo para requerir de Q5 mil 484 millones para el próximo año, ya que necesita adquirir bienes inmuebles y muebles, como equipo tecnológico.

De acuerdo con el secretario general del MP, Edwin Chavajay, se deben actualizar sistemas y reforzar otros que están en funcionamiento, pues si bien la construcción de la Torre III finalizará en 2027, no se había contemplado la adquisición de un sistema tecnológico.

García Luna también resaltó la recuperación de la confianza institucional y mencionó la comunicación que se restableció con Estados Unidos.

«Se espera una persecución penal objetiva, imparcial, apegada al principio de legalidad, respetuosa de las garantías y, al mismo tiempo, eficiente, que permita recuperar la confianza ciudadana mediante el combate al crimen organizado, al narcotráfico, a las maras y grupos terroristas, a las extorsiones, a la delincuencia común, contra la corrupción y a los ciberdelitos. Para responder a esos retos, al inicio de esta gestión realizamos un diagnóstico institucional que abarcó tres áreas, que son administrativa, fiscal y técnica», resaltó García Luna.

Asimismo, indicó que ese ejercicio les permitió identificar necesidades, establecer prioridades y orientar el proceso de transformación del Ministerio Público.

APOYO INSTITUCIONAL

También los titulares del IDPP, Carlos Sandoval, solicitaron que se aprueben los Q443 millones, los cuales servirán para el traslado de renglón de contratación a abogados, procuradores y otro personal.

Mientras que la jefa del Inacif, Ingrid Romero, requirió de Q446 millones 991 mil para contratación de personal, como el arrendamiento de inmuebles para sedes en los departamentos, como equipos de laboratorio para las pruebas que realiza la institución.

Por último, Rebeca González, de Atención a la Víctima, abogó porque los diputados le autoricen Q85 millones, pues si bien el Ministerio de Finanzas había propuesto un fondo de Q75 millones, solo se incluyó una propuesta de Q66 millones 200 mil, que es una reducción de Q3 millones en relación al presupuesto vigente.

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