Ha sido histórico, progresivo y admirable el astronómico crecimiento, en la década reciente, del envío de remesas monetarias de migrantes guatemaltecos desde Estados Unidos. Pero esto a su vez exhibe el masivo y penoso éxodo de millones de connacionales, obligados por la necesidad económica y la falta de oportunidades laborales competitivas que a menudo son un subproducto de una deficiente escolaridad. Se calcula que al menos la mitad de los 3.2 millones de guatemaltecos migrantes en EE. UU. —cifra oficial del 2024— se encuentran sin documentos, pero mayoritariamente insertados en las fuerzas productivas de todos los estados y de allí los colosales montos de remesas familiares.

El aumento de ese recurso, devenido en el mayor pilar económico del país, no es sostenible, sobre todo por su mismo impacto en la fuerza laboral guatemalteca, la separación de familias y hasta el agotamiento del bono demográfico. Las actuales políticas antimigrantes del gobierno de Donald Trump son un factor fuerte, pero no son las primeras; los gobiernos de Barack Obama y de Joe Biden siguen superando la actual proporción de deportaciones. El posible impuesto a las remesas también podría quitar una porción de esos recursos recibidos por el país, que implican derrama económica temporal en sectores de consumo, construcción y emprendimiento.

El propio Fondo Monetario Internacional prevé que las remesas podrían seguir creciendo para Guatemala, pero a un menor ritmo y, eventualmente, empezar a decrecer. En otras palabras, el bono migratorio tiene un tiempo de caducidad. Esto, a su vez, urge al Estado de Guatemala a propiciar condiciones para el desarrollo humano y económico, para la generación de inversiones y para la sostenibilidad del país en un escenario posremesas.

Comenzar a evaluar este panorama no es alarmismo ni ultimátum, sino una oportunidad para potenciar el aporte concreto, actual y voluminoso de los guatemaltecos migrantes, pero también para trazar la ruta competitiva de las próximas cinco décadas. Es ponerle nombre, plazo y costo a los proyectos de infraestructura, es trazar la obligatoria continuidad de las prioridades gubernamentales en materia de salud, educación, nutrición, seguridad pública y desarrollo, para así dejar de lado las recurrentes payasadas demagógicas de cada campaña electoral.

La democracia no es una ruleta, es una brújula; la institucionalidad no es nido de allegados, sino herramienta al servicio de la estrategia nacional de crecimiento. Han sido las camadas de politiqueros, nepotistas, aduladores y corruptos los que han agravado la pérdida de recursos públicos destinados a mejorar la calidad educativa, el impulso de las mejoras de acceso a vivienda, agua o apoyo a las familias en riesgo nutricional. ¿Qué acaso no ha sido este rezago desesperante uno de los detonantes de la migración?

Guatemala ha destacado recientemente por la calidad de sus atractivos y servicios turísticos, pero se necesita de una mejor conectividad vial y tecnológica para que ese magnetismo de visitantes se convierta en oportunidad de mayor crecimiento para empresas y comunidades. El país tiene posición geográfica clave para ser centro logístico de muchas empresas de EE. UU., pero se necesita erradicar todo vestigio de amaño en procesos. Los propios migrantes, al volver al país, admiran el crecimiento, pero deploran los fallos remanentes. Guatemala debe demostrar que sí hay vida productiva suficiente más allá de las remesas, porque para eso existe como Estado democrático desde mucho antes del éxodo.