Como bien dice el dicho: «La pena pasa, pero el dinero se queda». Y se queda en manos de personas “inescrupulosas”. En Guatemala, el Estado se ha convertido en el botín perfecto para la corrupción estructural, una que no necesita escándalos públicos para robar millones.

Es el saqueo silencioso, disfrazado de burocracia, institucionalizado como plazas fantasma; cargos públicos que se pagan mes a mes, aunque los “trabajadores” solamente llegan a firmar… si es que lo hacen. Se ha convertido en el pastel perfecto para los que ocupan los Departamentos de Recursos Humanos de los 13 ministerios que componen el Organismo Ejecutivo.

Las cifras oficiales estiman que el aparato estatal cuenta con 235,916 plazas, sin incluir al Ministerio de la Defensa (18,735 empleados), el Organismo Judicial (10,017) ni el Congreso de la República (2,138). Sin embargo, detrás de estos números se esconde una “red opaca” que alimenta privilegios, clientelismo y descontrol administrativo. Como bien se dice en río revuelto, ganancia de pescadores.

¿Dónde está el verdadero problema? La Contraloría General de Cuentas, por medio de municipio fiscalizado, ha documentado que un 20 por ciento de las plazas del Estado siguen siendo cobradas sin que lleguen a trabajar, sin que exista auditoría o preocupación por parte de los ministros de corregir la situación. Según el informe de la CGC, un 20 por ciento de las plazas en Ministerios de Salud Pública y Educación simplemente no trabaja.

Es decir, una quinta parte del personal cobra sin aportar nada, sin devolverle al país lo que perciben de los impuestos. En el renglón 029, utilizado para contratos temporales, suele ocultar a empleados que laboran apenas el 50 por ciento del horario. Mientras que el renglón 022, que debería funcionar para contrataciones por destajo, ha sido cooptado por redes familiares enquistadas, sin controles claros y de desempeño.

La doble contratación con doble facturación se ha convertido en otra vía de fuga de recursos, mientras el 2 por ciento de los jubilados del Estado continúa apareciendo en planillas. ¿Pero quién responde por este desfalco? Cada vez que un nuevo ministro asume el cargo, el enfoque está en la imagen, el discurso, y los nombramientos… no en la estructura que sostiene a la institución ni en los verdaderos números del pago de salarios. Como el dinero no es mío, que siga la fiesta.

La cantidad de personal activo, sus funciones reales, y el impacto de sus labores deberían estar en el centro del debate en el Congreso de la República, pero rara vez tocan el tema. Por esta razón es la urgencia de reformar la Ley de Servicio Civil, pero como es un botín político los diputados voltean para otro lado, no les conviene, incluso podemos ver los procesos y casos donde los congresistas han afrontado juicios por este anómalo proceder. Pero como no pasa nada, la “conga” sigue.

Uno de los pilares para recuperar la integridad del servicio público sería la modificación de la Ley de Servicio Civil. Esta ley, en su estado actual, es insuficiente para controlar las contrataciones, exigir evaluaciones reales de desempeño, y evitar el uso discrecional y político de las plazas. Su reforma dignificaría al Estado.

¿Pero qué se puede hacer? Simple cada cuatro años son ocupadas decenas de plazas, las denominadas plazas “complacientes” o favores políticos. Se trata de las personas que cada gobierno los lleva por haber colaborado en la campaña, y terminan en puestos, por lo general, de tipo técnico y mandos medios.

Estos casos abundan en el ente estatal, es la gente que, sí va a trabajar, pero se pone con su celular a ver “jueguitos”, no hace nada y no es necesaria en el engranaje de las instituciones, pero allí está siempre presente, pero al final pesan en el gasto público. Estos sujetos se jactan de que son “amigos” del ministro o viceministros y nadie se atreve a obligarlos a que cumplan con las funciones para las cuales han sido contratados.

Otro “negocio” que tienen los señores de Recursos Humanos es que contratan, firman un documento que después lo dejan sin efecto y esta persona demanda al Estado. Pasan las semanas, los meses y los años y al final un Juzgado de Trabajo ordena el pago de prestaciones millonarias, que son repartidas entre el abogado que llevó el caso, la demandante y la gente que no le amplió el contrato.

Mientras no exista voluntad política, todo esto no va a cambiar y el ineficiente Estado de Guatemala seguirá siendo eso. No dan cuentas claras, no tienen parámetros de eficiencia y de productividad, lo que siempre los lleva a tener el calificativo de “burócratas”, quienes deberían ser medidos por resultados y no por “clientelismo”.

Esto del Municipio Fiscalizado de la Contraloría General de Cuentas está como la Selección de Fútbol, por fin hizo algo bueno, en este caso para fiscalizar la calidad del gasto público. Espero no termine cayendo 2 x 1 contra la corrupción estructural que ha gobernado por años.