Reconocer la libertad individual en todas las áreas humanas es uno de los grandes avances a causa del fin de las monarquías absolutas europeas, iniciada en Francia en 1789, aunque el primer documento fue la Declaración de Independencia de las trece colonias inglesas en 1776, inicio de los actuales Estados Unidos. Desde el principio, este concepto de libertad incluyó límites señalados por las leyes republicanas, pero hoy en día se abusa de este criterio y del de derechos humanos individuales, ahora desprestigiados al ser llevados al extremo al ser considerados absolutos, sin restricción. Pero este concepto debe incluir su opuesto: los derechos de los ciudadanos, de la mayoría. Claramente, es un tema complicado, de muchas aristas e interpretaciones.

La ley tiene dentro de sus principios un criterio sólido: la definición. Los delitos deben estar definidos, enmarcados. La ausencia de esta condición dificulta o imposibilita saber cuándo debe ser aplicada. Ejemplo: Guatemala está siendo, otra vez, paralizada porque un grupo de ciudadanos, seguidores de alguien desconocido con gorra negra y una estrella, copia de la empleada por el líder comunista cubano-argentino Che Guevara? Algunos apoyan esta definición ideológica, pero la mayoría no. ¿Qué pasa con el derecho mayoritario de no verse obligado a caminar en vez de usar autobús o carro particular a su trabajo, o una ambulancia para ir al hospital, cuando un grupo de trabajadores estatales, mínimo al compararlo incluso con los empleados públicos totales, exige más sueldo?

Otro factor indispensable es señalar el alcance de la acción policial para poner orden y con ello respetar el derecho de la mayoría. La represión es una posibilidad de las autoridades para contener, detener o castigar desde el poder y con uso de violencia. Aunque es legal, puede caer en ilegalidad cuando se exagera y esta exageración caracteriza a los regímenes totalitarios, pero los democráticos también la tienen como posibilidad institucional. Son conceptos difíciles de entender porque para calificarlos hay criterios ideológicos, gubernativos y los de la oposición. El Estado, como ente político, debe defender a la mayoría afectada cuando una minoría destructora y violenta e intencional, para aprovecharse así la falta de definición legal del abuso.

Una tercera definición es quién tiene la responsabilidad de estos abusos. Las manifestaciones coordinadas en varios puntos del país para paralizarlo y causar pérdidas económicas millonarias no son espontáneas, sobre todo cuando se anuncia su realización y el listado de los lugares donde se impedirá el paso. Por tanto, quien las anuncia y prepara debe hacerlo sabiendo de su captura y posterior juicio, no por fuerzas policiales, no militares, porque el entrenamiento de estas últimas está dirigido a basar el control en la represión exagerada, mientras las policiales lo hacen para restablecer el orden. En ambos casos, ciertamente pueden ocurrir violaciones a los derechos humanos, a veces graves, pero con las fuerzas civiles esta posibilidad es menor.

En la definición de abuso de los derechos deben participar criterios filosóficos con preeminencia a los jurídicos, no por eso eliminados. Se debe agregar otro pensamiento: ningún derecho es absoluto, porque esto no existe, y si no está definido es imposible caer en el abuso. Hay un dicho sarcástico según el cual quien no abusa de su poder no lo merece, pero eso solo es apoyado por quienes se ven beneficiados de cualquier forma, y al mismo tiempo lo rechazan cuando son víctimas. Dentro de estos marcos deben funcionar la ley y el orden jurídico, cuyo fracaso en sociedades como la nuestra radica en el abuso de quienes los aplican y los interpretan. Como efecto, los pueblos tienden a apoyar, pedir o exigir el abuso. Crean monstruos jurídicos y pronto se arrepienten.