El gobierno del presidente Donald Trump comunicó el lunes por la noche a un juez federal que no revelaría más información sobre dos vuelos con migrantes venezolanos que envió a El Salvador este mes, a pesar de la orden judicial de hacer regresar los aviones, declarando que hacerlo pondría en peligro secretos de Estado.

La medida agudizó el creciente conflicto entre el gobierno y el juez —y, por extensión, el poder judicial federal— en un caso que los expertos jurídicos temen que esté precipitando una crisis constitucional.

Durante casi 10 días, el juez, James E. Boasberg, del Tribunal Federal de Distrito de Washington, ha estado intentando que el gobierno de Trump le facilite información sobre los dos vuelos para determinar si los funcionarios les permitieron continuar hacia El Salvador violando su orden de que regresaran a Estados Unidos.

Pero, en un claro acto de desafío, el Departamento de Justicia dijo a Boasberg que darle más información sobre los vuelos —que, según el gobierno de Trump, transportaban a miembros de una banda callejera venezolana llamada Tren de Aragua— “socavaría o impediría futuras operaciones antiterroristas”.

“El tribunal tiene todos los datos que necesita para abordar las cuestiones de cumplimiento ante sí”, escribió el departamento en un escrito. “Más intromisiones en el poder ejecutivo supondrían daños peligrosos y totalmente injustificados en la separación de poderes con respecto a cuestiones diplomáticas y de seguridad nacional que el tribunal carece de competencia para abordar”.

El privilegio de secreto de Estado es una doctrina jurídica que puede permitir al poder ejecutivo bloquear el uso de evidencia en los tribunales —y a veces suspender juicios enteros— cuando afirma que litigar esos asuntos en audiencia pública podría revelar información perjudicial para la seguridad nacional.

Sin embargo, lo usual es que el poder ejecutivo proporcione confidencialmente al juez una descripción detallada de las pruebas sensibles para demostrar por qué son demasiado sensibles para debatirlas en audiencia pública. La medida del gobierno de Trump es extraordinaria, en parte porque se niega a facilitar información a Boasberg —quien solía presidir el tribunal de vigilancia de la seguridad nacional del país— incluso en privado y en una instalación segura para el manejo de información clasificada.

De hecho, el gobierno ni siquiera ha afirmado que la información en cuestión sea clasificada.

En lugar de ello, ha presentado declaraciones de Marco Rubio y Kristi Noem, secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, en las que afirman que compartir la información con un tribunal pondría en peligro la seguridad nacional y la política exterior, entre otras cosas haciendo que sea menos probable que los socios extranjeros confíen en que el gobierno de Trump mantendrá en secreto las negociaciones confidenciales y los detalles operativos, y alimentando la especulación pública sobre el asunto.

La obstinada respuesta del Departamento de Justicia a Boasberg se produjo el mismo día en que este reafirmó su orden inicial que prohibía al gobierno de Trump utilizar una ley de guerra, la Ley de Enemigos Extranjeros, para deportar expeditamente a decenas de migrantes venezolanos que consideraba miembros del Tren de Aragua.

La orden del juez decía que el bloqueo debía mantenerse para que los migrantes tuvieran la oportunidad de impugnar las acusaciones de pertenecer a la banda antes de ser expulsados del país en avión a una prisión de El Salvador.

También el lunes, un tribunal federal de apelaciones de Washington celebró una audiencia de casi dos horas sobre la petición del gobierno de Trump de anular la orden subyacente de Boasberg, citando muchas de las mismas cuestiones.

Desde el momento en que Boasberg, presidente del Tribunal Federal de Distrito de Washington, dictó su orden original de suspender los vuelos de deportación el 15 de marzo, Trump y sus aliados lo han acusado de extralimitarse en su autoridad al inmiscuirse en la prerrogativa del presidente de dirigir los asuntos exteriores.

La cuestión central del caso gira igualmente en torno a si el propio Trump se extralimitó al ignorar los límites establecidos en el texto de la Ley de Enemigos Extranjeros y en la Constitución sobre cuándo y cómo pueden llevarse a cabo las deportaciones en tiempo de guerra.

La ley, aprobada en 1798, otorga al gobierno amplias libertades durante una invasión o en tiempos de guerra para reunir sumariamente a sujetos de una “nación hostil” mayores de 14 años y expulsarlos del país con pocas o nulas garantías procesales.

El gobierno ha afirmado repetidamente que los migrantes venezolanos en cuestión son miembros del Tren de Aragua y deben ser consideradas sujetos de una nación hostil porque Trump ha dicho que actuaban bajo la dirección del gobierno venezolano.

La Casa Blanca también ha insistido en que la llegada de decenas de miembros de la banda a Estados Unidos constituye una invasión o una “incursión depredadora” bajo los términos de la ley, lo que puede activar los poderes de un presidente para deportar en tiempos de guerra incluso sin una guerra declarada.

Los abogados de los migrantes venezolanos han sostenido que la ley no puede utilizarse contra los miembros del Tren de Aragua porque la banda no es un gobierno y sus actividades no equivalen a una invasión. En particular, la comunidad de inteligencia estadounidense difundió el mes pasado una evaluación en la que concluía que la banda no está bajo el control del gobierno venezolano, contrariamente a lo que Trump ha sostenido desde entonces.

Los abogados también han cuestionado que muchos de los migrantes a los que el gobierno de Trump ha acusado de pertenecer al Tren de Aragua sean realmente miembros de la banda. Han argumentado que los venezolanos deberían poder impugnar esas determinaciones antes de ser expulsados del país.

Cuando Boasberg suspendió inicialmente los vuelos, dijo que su decisión se basaba tanto en la falta de garantías procesales que habían recibido los migrantes como en la cuestión más general de si el uso por parte de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros se ajustaba realmente a esta situación.

Pero al mantener el interdicto en pie, el juez escribió que se había basado únicamente en la cuestión del debido proceso. Añadió que no necesitaba “resolver la espinosa cuestión de si el poder judicial tiene autoridad para evaluar” la afirmación de Trump de que la Ley de Enemigos Extranjeros puede utilizarse legítimamente contra el Tren de Aragua como grupo.

Durante la audiencia celebrada el lunes ante el panel del tribunal de apelaciones, dos de los jueces parecieron estar de acuerdo en que los migrantes que el gobierno quiere expulsar en virtud de la ley podrían acudir a los tribunales para impugnar si eran realmente miembros del Tren de Aragua.

Pero no estaba claro cómo podrían ser esas impugnaciones.

Una de los jueces, Patricia Millett, nombrada por los demócratas, se mostró escéptica ante la postura del gobierno de que el tribunal debía suspender el interdicto de Boasberg.

Interrogó a un abogado del Departamento de Justicia, sugiriendo que si los venezolanos podían ser deportados sin el debido proceso, entonces cualquiera —incluida ella misma— podía ser declarado simplemente una amenaza para la seguridad nacional y ser expulsado del país. Y Millett señaló que incluso los ciudadanos alemanes detenidos en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron la oportunidad de alegar en audiencias que la ley no se aplicaba a ellos.

“Los nazis recibieron un trato mejor en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros”, dijo.

Un segundo juez, Justin Walker, designado por los republicanos, estuvo de acuerdo en que los migrantes podían impugnar si estaban bajo la invocación de Trump de la ley de tiempos de guerra, pero se mostró escéptico a permitir que la orden de Boasberg se mantuviera en vigor por razones técnicas.

La tercera jueza del tribunal, Karen Henderson, nombrada por los republicanos, no dijo casi nada en la audiencia.

La invocación por parte del Departamento de Justicia del privilegio de secreto de Estado fue solo su último esfuerzo por bloquear los intentos de Boasberg de comprender si el gobierno había violado su orden.

La semana pasada, apenas unas horas antes de una audiencia en la que iban a tener que hablar del vuelo, los abogados del Departamento pidieron que se cancelara el procedimiento. El mismo día, dieron el paso aún más audaz de intentar que Boasberg fuera apartado del caso.

Pero la invocación del privilegio de secreto de Estado en este contexto supuso un nuevo nivel de agresión.

La Corte Suprema reconoció por primera vez el privilegio de secreto de Estado en una decisión de 1953 que aprobaba la retención de información siempre que exista un “peligro razonable” de exponer información que no debe divulgarse por razones de seguridad nacional.

Después de que el gobierno de Bush invocara con frecuencia el privilegio de secreto de Estado para bloquear demandas sobre temas como la tortura y las escuchas telefónicas sin orden judicial, el Departamento de Justicia en la era de Obama impuso nuevos límites a este poder.

La política exigía que el departamento rechazara una solicitud de uso del privilegio si los funcionarios decidían que la motivación para hacerlo era “ocultar infracciones de la ley, ineficacia o error administrativo”, “evitar situaciones vergonzosas” o bloquear información “cuya divulgación no se esperaría razonablemente que causara un daño significativo a la seguridad nacional”.

La fiscal general Pam Bondi dijo a Boasberg en un escrito que estaba satisfecha de que la nueva invocación del privilegio por parte del gobierno de Trump estuviera “adecuadamente respaldada y justificada”.