Osuna hace referencia que es una decisión de Estados Unidos, así nos lo ha informado la embajada de Estados Unidos en nuestro país, obedece a un cambio de las agencias que llevan a cabo los monitoreos y que han decidido suspenderlo este año, eso quiere decir que en años posteriores lo puedan volver a adelantar.

También es cierto la forma de un cambio de la política de drogas, así como en el país hemos cambiado esa política de drogas tradicional, punitiva, prohibicionista y de guerra, Estados Unidos está haciendo lo propio, tienen preocupaciones nuevas, entonces ese monitoreo tampoco es una parte esencial de la estrategia para enfrentar las drogas, pero además ya existen dos monitores, uno que adelanta Naciones Unidas y el que realiza la policía, del que se nutre en buena parte Naciones Unidas y se nutría también el informe de Estados Unidos. Así que es una decisión interna que por supuesto respetamos y que no afecta para nada la política de drogas.

La colaboración económica que Estados Unidos le presta a Colombia para tratar asuntos de drogas y otros temas es permanente, fluida y está previsto que continúe. Eso puede tener variaciones por razones de ellos, pero no está ligado al monitoreo.

El funcionario manifiesta que su política de drogas está enfocada en perseguir la cocaína, el dinero de la cocaína, el lavado de activos y los grandes narcotraficantes, medianos narcotraficantes y mafiosos, es decir, lo que propiamente es el narcotráfico. Nuestras cifras de incautación este año tienen muy buenas cifras, la cantidad de laboratorios de producción de cocaína que se han destruido este año en Colombia es históricamente alta, las capturas de narcotraficantes son superiores a las de años anteriores.

En cuanto la erradicación, que no es el centro de esa política, le estamos apostando a una priorización, erradicar algunos cultivos forzosamente y a convencer a las comunidades de sustituir sus cultivos voluntariamente, entonces por supuesto que continuaremos erradicando, pero no es el eje central de nuestra propuesta de drogas.

Es una preocupación mutua, en todas las conversaciones con las autoridades estadounidenses y en los viajes oficiales que hemos hecho a Washington la preocupación es enorme, no solo de ellos, que se les ha disparado el consumo de fentanilo, sino de Colombia donde también se consume, y en donde obedece a unas coordenadas geográficas distintas a las de la cocaína. Eso nos ha permitido pensar en unas estrategias de colaboración mutua para enfrentar el consumo, para mirar políticas de salud pública, políticas de prevención, en eso nos tenemos que ayudar porque realmente el consumo de fentanilo realmente afecta de modo muy severo la salud y con un riesgo de muerte muy alto.

El gobierno le está apostando precisamente a acabar con ese problema de las estructuras criminales que tanto dolor y sufrimiento nos han causado con una estrategia que va a dos bandos, por una parte, la actuación de la policía, las fuerzas militares y de los jueces, y, por otra parte, una oferta, que como usted menciona, es una oferta de rebaja de penas a cambio no solamente de verdad, sino de asumir la responsabilidad, es decir, no es amnistía ni indulto, es una rebaja de penas en la que tienen que asumir la responsabilidad y entrega de bienes y entrega de información sobre sus actividades.

Entonces al estado colombiano le hace falta una ley, una herramienta jurídica que permita las entregas colectivas y los juicios colectivos para estos casos, por eso es que esa ley es necesaria porque para la entrega de una persona individual de estos grupos y hacer alguna rebaja porque colabora con la justicia ya tenemos leyes, entonces lo novedoso de esta ley es que permite el desmonte completo de la estructura criminal.

Fuente: VOA