Durante la conferencia de prensa de este 8 de octubre, la SAT explicó las acciones judiciales en curso, incluyendo embargos, apelaciones de amparos, inhabilitaciones y solicitudes de arraigo.

La investigación, iniciada en agosto, ha revelado vínculos entre las empresas implicadas y otras que realizaron millonarios contratos con el Estado entre 2021 y 2023. La SAT ha presentado denuncias penales contra 241 contribuyentes y ha solicitado órdenes de captura para los representantes legales de las empresas involucradas.

Hasta la fecha, 30 contribuyentes fueron inhabilitados del Régimen de IVA, aunque algunos ya lograron su habilitación a través de amparos. Además, se han ejecutado embargos por más de Q106.4 millones y US$440 mil en cuentas bancarias de las empresas vinculadas.

Varias de las empresas del caso B410 han presentado 21 amparos ante tribunales, 10 de los cuales han sido concedidos de manera provisional. La SAT, por su parte, ha apelado estas resoluciones y confía en que el Tribunal revierta las medidas provisionales.

La SAT informó que hasta el momento ha recuperado más de Q24.1 millones en impuestos, gracias a contribuyentes que han empezado a solventar su situación tributaria. Se han recibido pagos parciales y totales, así como rectificaciones en las declaraciones de IVA e Impuesto Sobre la Renta (ISR).

El superintendente Marco Livio Díaz reiteró que las empresas aún mantienen su NIT vigente, pero han sido deshabilitadas del régimen de IVA debido a su falta de pago y su condición de contribuyentes no localizados.