Secretarías de la Presidencia gastan 62% más en contratos 029 que en la era Giammattei-Martínez
Las 15 secretarías de la Presidencia han dedicado, en la actual administración de Gobierno, más presupuesto para el pago de contrataciones temporales, bajo el renglón 029, que el gobierno pasado, según una revisión que hizo La Hora en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin), portal del Ministerio de Finanzas, en donde se registran todos […]
Las 15 secretarías de la Presidencia han dedicado, en la actual administración de Gobierno, más presupuesto para el pago de contrataciones temporales, bajo el renglón 029, que el gobierno pasado, según una revisión que hizo La Hora en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin), portal del Ministerio de Finanzas, en donde se registran todos los movimientos contables de las instituciones estatales.
Bajo este renglón presupuestario, «otras remuneraciones de personal temporal», se registran los «honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia», por un tiempo que no exceda de un ejercicio fiscal (un año), detalla el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Ministerio de Finanzas.
Pese a la claridad de la norma, respecto de que quien es contratado bajo este renglón no se considera un empleado público bajo el régimen laboral ordinario, las personas que prestan servicios para instituciones gubernamentales han argumentado que, en la práctica, laboran como cualquier trabajador del sector público, por lo cual, al finalizar su contrato, demandan a la institución a la que le prestaron servicios técnicos o profesionales, con tal de obtener el pago de prestaciones y otros beneficios no percibidos durante su relación contractual.
Estas demandas han representado el pago de miles de millones de quetzales del erario, puesto que en la mayoría de los casos, la institución pública pierde la demanda y la justicia obliga a pagar sumas, incluso millonarias, a favor de personas que fueron contratadas.
En esta dinámica destacan casos emblemáticos como el de la actual ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Norma Zea, que demandó a la cartera que hoy dirige, luego de haber laborado varios años bajo el renglón 029.
INCREMENTO DE CONTRATACIONES
Pese a la gravedad que ha representado este modelo de contratación de personal, el actual Gobierno, lejos de corregir dicha práctica, se ha dedicado a incrementar estas contrataciones; prueba de ello es el aumento del gasto de este renglón en los primeros tres años de la administración de Bernardo Arévalo.
En dicho lapso, de 2024 a 2026, a la espera aún de dos meses y medio para que termine este año, las 15 secretarías del Organismo Ejecutivo suman un presupuesto devengado de Q487.5 millones por contrataciones 029, mientras que, en los primeros tres años del gobierno pasado, esta cifra llegó a Q301.4 millones; es decir que, en el primer trienio de la administración Arévalo, dicho gasto se ha incrementado en 62%.
Dicho de otra forma, en los primeros tres años del actual gobierno, las secretarías han gastado Q186.1 millones más de lo que se erogó en el gobierno pasado, también en los primeros tres años de gestión. Asimismo, al 15 de octubre, las secretarías tenían pendientes de ejecutar Q110 millones, lo que significa que el gasto del renglón 029 al terminar el año va a crecer.
Las secretarías que más gasto reflejan en el referido renglón presupuestario son la de Coordinación Ejecutiva, de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de Bienestar Social, de Comunicación Social, de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep), la Privada y la de Planificación y Programación.
Estas siete representan el 86% de todo el gasto del renglón 029 que reportó el Sicoin en las 15 secretarías en el lapso analizado. En contraparte, las que menos erogación de este tipo reflejan, de acuerdo con el mismo sitio, son las secretarías de Inteligencia Estratégica, de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y la Técnica del Consejo Nacional de Seguridad; de hecho, estas dos últimas registran menos gasto que los primeros tres años del gobierno pasado.
LOS MEJOR PAGADOS, EN SECRETARÍA PRIVADA
En la Secretaría Privada es donde prestan servicio las personas mejor pagadas de las 15 secretarías, según una revisión que hizo La Hora en el portal Guatecompras. De esa cuenta, dentro de los 20 contratos más elevados, al menos 10 son de esta dependencia. En 2026 hay seis contrataciones por Q359 mil —aproximadamente Q30 mil mensuales—, por «servicios técnicos» o «servicios profesionales».
En la SAAS, también figura un contrato por el mismo monto que se paga al fotógrafo presidencial Daniel Hernández Salazar.
Asimismo, en la Sosep hay cuatro contratos por montos que van desde los Q275 mil hasta los Q322 mil; en la de Comunicación Social hay uno por Q316 mil, mientras que en la Vicepresidencia hay otro por Q272 mil.
DICEN QUE “FORTALECEN ÁREAS”
La Hora solicitó una postura a la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia sobre el incremento en las contrataciones 029 y respondió que «responde a la necesidad que han tenido algunas secretarías de la Presidencia de fortalecer áreas de trabajo que el Organismo Ejecutivo ha considerado indispensables para avanzar en tres objetivos: la descentralización de procesos burocráticos, la atención y gestión financiera, y el control y la transparencia del gasto público».
Por medio de un mensaje de WhatsApp, añadió que estas contrataciones están enfocadas en «tareas específicas, financiadas por el presupuesto» y que «no requieren un desempeño permanente», por lo cual no se cubrieron ni con renglones 011 ni 022, sino con el renglón 029 «vinculados a productos y objetivos concretos».
La Secretaría aseguró que estas personas terminarán de prestar los servicios una vez cumplido el fin para el que fueron contratadas y no pasarán a formar parte de la estructura laboral permanente del Estado. De esa forma, agregó, se busca no seguir aumentando la carga fija del funcionamiento del aparato público.
«Crear puestos permanentes para atender necesidades temporales comprometería recursos a largo plazo; el 029 permite responder a esas necesidades con flexibilidad y mejorar la efectividad de las instituciones sin ampliar de forma permanente la planilla», enfatizó la Secretaría.
EL VICIO DE LOS 029
La contratación de personal bajo el renglón 029 se ha convertido en una de las prácticas que drenan millonarios recursos del presupuesto nacional, incluso años después de que los trabajadores han dejado de prestar sus servicios a instituciones públicas.
Aunque las personas que son contratadas en este renglón presupuestario firman contrato conscientes de que no tendrán los mismos derechos que un empleado permanente, se aprovechan de un largo historial de fallos judiciales que han favorecido a quienes, una vez dejan una institución en la que laboraron como 029, demandan al Estado con el argumento de que fueron tratados como un empleado fijo.
De esa forma, cuando, independientemente del motivo, abandonan una institución, lo primero que hacen es demandarla con el fin de que se les pague las prestaciones laborales que no recibieron en el tiempo que prestaron servicios técnicos o profesionales y en muchos casos, también piden (y ganan) la reinstalación.
Solo el año pasado, de acuerdo con una investigación periodística publicada por este medio el pasado 23 de marzo, el Estado pagó Q724 millones en demandas laborales. Setenta y nueve demandantes recibieron más de Q1 millón.
Uno de los casos más llamativos es el de la actual ministra de Comunicaciones, Norma Zea, quien mantiene un reclamo por Q900 mil a la misma cartera que hoy dirige, luego de haber trabajado bajo el renglón 029, entre 2010 y 2023, antes de ser nombrada, primero como viceministra y luego ministra.
En una situación similar se encuentra quien hasta hace poco era viceministro de Infraestructura, Pedro Roberto Martínez, quien está litigando por prestaciones derivadas de contratos 029 que firmó durante más de 6 años, previos a asumir el cargo.
Aunque ambos suscribieron documentos en los cuales se especificó que prestarían servicios sin relación laboral, ahora buscan ser indemnizados.
Entre otros casos conocidos, está el del exdirector del Insivumeh, Wilson García Morales, quien ganó una demanda por medio de la cual ordenaron su recontratación y el pago de sueldos caídos más prestaciones laborales.
También, el de la exdiputada Eva Monte Bac, quien recuperó una plaza en el Ministerio de Agricultura en 2024, después de que se había retirado para hacer política.
En 2016 dejó el puesto para asumir como diputada del Congreso y luego del Parlamento Centroamericano (Parlacén). Como en los comicios de 2023 no fue reelegida, emprendió un proceso legal para regresar a su antiguo puesto y con el mismo salario que tenía antes de ser parlamentaria: Q15,834 mensuales. Un juez se lo concedió.
El «negocio» de los 029 ha crecido de tal manera que hay bufetes especializados que llevan estos casos y que suelen cobrar entre el 25% y el 30% del total que recibe el extrabajador, como honorarios.
Algunos de estos incluso publicitan sus servicios en redes sociales, ofreciendo asesoría para casos relacionados con contratos temporales en el Estado bajo los renglones 029, 022 o 031. En plataformas como Facebook y TikTok abundan anuncios de esa naturaleza.
Además, los sindicatos que funcionan en los respectivos ministerios los orientan para iniciar las demandas y suelen recomendar a los demandantes con profesionales que se especializan en esos litigios.
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