En Guatemala, alrededor de tres millones de personas deben cargar agua a pie hasta sus viviendas. Para unas 300 mil, el trayecto puede tomar más de una hora desde el punto de abastecimiento hasta su hogar.

Son principalmente poblaciones indígenas y en condiciones de pobreza las más afectadas por esta realidad, según el informe Sin agua, no somos nada, de Human Rights Watch, presentado este miércoles 2 de julio.

El documento también señala que el 67% de las viviendas no indígenas cuenta con conexión intradomiciliaria a una red de agua. En contraste, entre los hogares indígenas, ese porcentaje se reduce al 50%, una diferencia de 17 puntos porcentuales.

Las desigualdades de acceso al recurso son evidentes entre departamentos: mientras en Sacatepéquez y Guatemala el 80% de los hogares dispone de conexión a red, en Alta Verapaz solo el 28% tiene ese beneficio.

Ante la necesidad, más de 2.3 millones de personas recurren a pozos perforados, públicos o privados, para abastecerse de agua. Otras 800 mil obtienen el líquido de ríos, lagos o manantiales, y la población indígena tiene 3.3 veces más probabilidades de recurrir a estas fuentes naturales.

No debe pasarse por alto que datos oficiales indican que el 90% de las aguas superficiales en Guatemala está contaminado, lo cual representa un riesgo de enfermedad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), citada en el informe, en 2019 la tasa de mortalidad asociada a la exposición a servicios de agua, saneamiento e higiene inseguros fue de 15.3 muertes por cada 100 mil habitantes, el doble de lo registrado en otros países de Centroamérica.

Además, las enfermedades gastrointestinales provocadas por el consumo de agua no segura, como las diarreas, están relacionadas con casos de desnutrición crónica, un flagelo que afecta a uno de cada dos niños guatemaltecos.

Tener conexión intradomiciliaria a una red de agua no lo resuelve todo: más de 2.5 millones de personas viven en casas donde el servicio funciona solo la mitad del mes, es decir, es intermitente.

Así como el acceso al agua potable es vital, también lo es contar con servicios sanitarios adecuados. La población indígena tiene tres veces más probabilidades de disponer únicamente de letrinas o pozos ciegos, en contraste con la población no indígena, que presenta el doble de probabilidades de contar con instalaciones más adecuadas. El informe también vincula esta situación con el acceso limitado a lugares para el lavado de manos con agua y jabón entre las comunidades indígenas.

Contrastes

Para la elaboración del informe, Human Rights Watch utilizó datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) del 2023. Al comparar esta información con la encuesta del 2014, se estableció que hubo una leve mejora de 3.6 puntos porcentuales en el acceso intradomiciliario a una red de distribución de agua.

Sin embargo, se evidenció un retroceso en el abastecimiento continuo del recurso: en 2014 se estimaba que el 27% de los hogares contaba con agua disponible las 24 horas, pero en el 2023 el porcentaje descendió a 19%.

El informe también recoge entrevistas a 108 pobladores de Jalapa, Santa Rosa y Totonicapán, quienes relataron sus experiencias sobre la escasez de un recurso vital para la subsistencia. Estos testimonios reflejan condiciones de discriminación estructural que mantienen a comunidades sin servicios adecuados de agua y saneamiento, lo cual representa una vulneración de sus derechos humanos. En ese contexto, el documento plantea la necesidad de una ley de aguas en el país.

“La ausencia de una ley de aguas afecta a todos los guatemaltecos de distintas maneras. Incluso, la población no pobre, no indígena, que un 25% no tenga conexión intradomiciliaria muestra que contrario a lo que uno pueda pensar de que esto afecta solo algunos guatemaltecos, pero particularmente hay comunidades indígenas que la están pasando mucho peor en material de acceso a agua”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.

En la ley de aguas que se llegue a plantearse, mencionó cinco puntos que deberían considerarse:

• Establecer una institucionalidad que evite la dispersión de funciones entre entidades
• Contemplar un sistema financiero para la financiación de la infraestructura, de lo contrario no será sostenible
• Garantizar un régimen sancionatorio y un mecanismo para vigilar y sancionar los incumplimientos
• Incorporar enfoques territoriales y étnicos diferenciados, que respeten usos y costumbres de las comunidades
• No menos importante, reconocer el acceso al agua de consumo doméstico como un derecho humano fundamental.

“Es viable tener una ley de agua que respete uso y costumbres tradicionales, pero una ley sola, que simplemente diga que en Guatemala hay un derecho al agua no serviría, lo que se necesita es un sistema regulatorio que permita establecer competencias, mecanismos de regulación de tarifas, obligaciones de inversión en infraestructura ―tubería y acceso domiciliar, tratamiento―”, agregó Goebertus.