Además de disputar férreamente el control territorial, el dominio de las cárceles y la expansión del narcomenudeo a escala nacional, los grupos de pandillas demostrarían a las autoridades una estructura de operación que podría reflejar vínculos con Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs), o bien, actuar como brazos criminales articulados.

El fenómeno criminal observado en los últimos días tiene varios componentes: ajustes de cuentas entre pandillas, pérdida del control por parte de las estructuras luego del traslado y aislamiento de sus cabecillas, así como un patrón que va más allá del control geográfico.

Analistas coinciden en que las acciones recientes buscan enviar un mensaje de terror a la ciudadanía y reforzar la percepción de que el Estado ha perdido el control.

Tácticas y armamento revelan insurgencia criminal

Francisco Girón, analista independiente en seguridad e inteligencia, consideró que el tipo de armamento que poseen las pandillas y las estrategias que emplean para ejecutar ataques armados podrían evidenciar características propias de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciacs). A partir de esta observación, introdujo el concepto de “insurgencia criminal”.

“La insurgencia criminal se presenta principalmente en países como México, aunque en Guatemala y El Salvador también se ha manifestado, aunque en menor medida. En ciertas regiones se registran enfrentamientos internos que permiten a las bandas adoptar tácticas y estrategias de combate frente a las fuerzas de seguridad”, explicó.

Añadió que algunas de estas estructuras presentan señales de complicidad con los Ciacs. “No es un fenómeno nuevo, pero estas acciones revelan un tipo de insurgencia criminal”, afirmó.

Según Girón, tanto en el área metropolitana como en varios departamentos del país se observa una preocupante capacidad logística y de combate por parte de estos grupos.

Manejan negocios desde prisión con alto poder operativo

Douglas González, analista político, señaló que las pandillas han escalado su nivel de organización, con división de roles y capacidades operativas. Los ingresos provenientes de extorsiones, venta de drogas y otros delitos como la trata de personas les permiten adquirir armamento de alto poder.

“Ese dinero facilita la compra de voluntades dentro de las cárceles y la adquisición de equipos de telecomunicación de última generación”, explicó. Desde los reclusorios, los reos administran múltiples negocios ilegales, además del narcomenudeo y las extorsiones, incluyendo flotas de taxis, autobuses y centros nocturnos. “Se han convertido en estructuras criminales con recursos, flexibilidad y una gran capacidad de adaptación”, puntualizó.

Diversifican delitos y podrían buscar cobertura política

Stu Velasco, exdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil y analista en temas de seguridad, afirmó que las pandillas han diversificado sus actividades. Más allá de las extorsiones y los asesinatos de víctimas que no pagan, ahora incursionan en el tráfico y comercio de drogas, tanto a nivel nacional como internacional.

Velasco también advirtió que estos grupos podrían ser utilizados en determinadas coyunturas para actos violentos con fines de desestabilización, particularmente en contextos electorales.

“Es necesario investigar si estas estructuras han buscado —o ya lograron— establecer cobertura política que les garantice impunidad, ya sea en zonas específicas o en todo el país”, concluyó.

Corrupción y privilegios en cárceles alimentan poder de pandillas

Los analistas también se pronunciaron sobre el manejo del poder por parte de las estructuras criminales, a raíz del hallazgo de Q190 mil en efectivo en poder de un cabecilla pandillero en un centro penitenciario.

“¿Qué es lo que muestra? Que las pandillas mantienen poder dentro de las cárceles y que, de todos modos, se les permite el ingreso de esas cantidades”, afirmó Francisco Girón. Añadió que el simple hecho de haber introducido tal suma sin ser detectado evidencia un sistema penitenciario frágil, corruptible y desbordado.

Según Girón, con esos recursos el pandillero pretendía comprar voluntades para obtener privilegios en otro centro de reclusión.

Por su parte, Velasco señaló que la incautación de dinero en Renovación 1 es una prueba más del colapso de un sistema abandonado, donde impera la corrupción. Añadió que la falta de respaldo institucional y de seguridad para quienes intentan imponer orden —como los directores de centros penales— ha permitido que las estructuras criminales se mantengan activas desde las cárceles.

Además del dinero en efectivo, se encontraron un reloj de alta gama y varios dispositivos, lo que, según Velasco, refleja el deterioro profundo del sistema penitenciario, al que calificó de desahuciado. A su juicio, este deterioro favorece la permanencia de redes criminales y el aumento de homicidios.

Velasco planteó algunas medidas urgentes:

• Construir, en un plazo de 10 meses, un reclusorio con capacidad para 10 mil personas, similar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.
• Ubicarlo en una zona sin población civil.
• Formar nuevo personal penitenciario con estrictos controles de honestidad.
• Garantizar respaldo institucional y seguridad para que las autoridades penitenciarias puedan cumplir la ley.
• Trasladar allí a todos los pandilleros detenidos, sin clasificaciones internas.