La fuga de veinte pandilleros del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes 2 expone nuevamente las deficiencias del Sistema Penitenciario (SP), pero también revela la ausencia de un verdadero aparato de inteligencia estatal que permita implementar acciones y planes estratégicos para evitar la evasión de privados de libertad calificados como de alta peligrosidad, según analistas y expertos.

“La reciente fuga de reos de la cárcel de Fraijanes no es un hecho aislado, sino el síntoma de un colapso estructural en los sistemas de inteligencia del Estado de Guatemala”, afirma Sandino Asturias, coordinador del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).

Asturias señaló que la función primordial de la inteligencia es la prevención, y en este caso, “falló la inteligencia porque no se logró detectar la operación que se estaba desarrollando”, por parte de los reclusos en la cárcel de Fraijanes 2.

El analista desglosó la problemática en dos carencias institucionales críticas en materia de inteligencia. “La Corte de Constitucionalidad le dio un amparo provisional para que la Policía no pudiera crear una inteligencia policial; entonces ahí tenemos problemas de carácter estructural”. Asimismo, indicó que el Sistema Penitenciario carece por completo de una unidad de inteligencia interna que pueda detectar operaciones delictivas dentro de los centros carcelarios. “No tenemos inteligencia policial ni tenemos inteligencia del Sistema Penitenciario. Estas dos instituciones son imprescindibles para determinar y detectar los hechos que hoy nos preocupan como país”, asegura.

En suspenso por fallo de la CC

La implementación del aparato de inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) se incorpora en las reformas a la ley de la institución que el Congreso aprobó el año pasado, pero que se encuentran en un impasse debido a que la Corte de Constitucionalidad, suspendió provisionalmente algunos de sus artículos.

Con respecto a la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE), Asturias señala que, aunque tiene un papel relevante en el Estado, no es responsable de lo ocurrido en Fraijanes 2.

“La inteligencia estratégica es la inteligencia general para las decisiones del presidente, digamos no es competencia para este caso”, afirma, y explica que su función es de alto nivel, pues proporciona análisis de largo alcance en temas nacionales e internacionales para la toma de decisiones presidenciales, no para la prevención de delitos específicos ni para el control penitenciario.

Además, indica que la principal “falla” es que la inteligencia estratégica y la inteligencia civil que proporciona la DIGICI (Dirección General de Inteligencia Civil) no puede suplir la ausencia de las inteligencias operativas, como la policial y la penitenciaria. Por ello, el sistema de inteligencia estatal se encuentra incompleto y desarticulado.

Asturias insiste en que la inteligencia policial, así como la del SP, son imprescindibles para detectar “los hechos que hoy nos preocupan como país”. También remarca que, aunque la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI) sí opera, se ve limitada por la falta de estos “brazos operativos”.

Sistema Nacional de Inteligencia, inactivo

A criterio del analista Mario Mérida, aunque existe el Sistema Nacional de Inteligencia, no se activó ni convocó de forma coordinada ante esta situación. Esto provoca que las instituciones operen de manera aislada, sin una dirección unificada que aproveche sus capacidades.

“En este momento habría que convocar a ese Sistema Nacional de Inteligencia que está creado en la ley… para enfocarse al tema, digamos, de qué tipo de inteligencia se puede generar para determinar primero hacia dónde hay que orientar el esfuerzo policial para la captura –de los prófugos–”, puntualiza el experto, quien también enfatiza que la recolección de inteligencia no es una actividad clandestina como se percibe.

“Para muchos de los funcionarios o para muchas personas, asumen que la producción de inteligencia es una actividad ‘clandestina’ y no, simplemente es una actividad de recolección y análisis de información que le va a dar a las autoridades los planes estratégicos de prevención del delito”, indica.

Considera, además, que como respuesta inmediata, el Ministerio de Gobernación debe utilizar los perfiles y registros de los reos fugados para prever sus movimientos y escondites. También debe proveer a la Policía Nacional Civil (PNC) de la información necesaria para llevar a cabo de forma efectiva las capturas.

Corrupción y fallas en el Sistema Penitenciario

Además del fortalecimiento y la coordinación del aparato de inteligencia estatal, es necesario modernizar el Sistema Penitenciario para evitar que continúen ocurriendo hechos como el de Fraijanes 2, consecuencia de la “corrupción”, asegura Eddy Morales, exdirector del SP.

Entre las principales propuestas, Morales sugiere una “revisión y actualización” de la política de reforma penitenciaria de 2014. También considera necesario reactivar el diálogo dentro de la Comisión Nacional del Sistema Penitenciario, implementar sistemas biométricos y cámaras de vigilancia, no solo para los internos, sino también para los guardias y así tener un estricto control de sus movimientos y comunicaciones.

Propone, además, la construcción de una cárcel de máxima seguridad exclusiva para integrantes de pandillas, el nombramiento de un interventor con respaldo presidencial, encargado de la supervisión de los centros penales del país, y que el nuevo director del SP sea designado por oposición.

“El nombramiento de un director del Sistema Penitenciario debe ser técnico. No por afinidad, ni por compadrazgo”, dice Morales. El exfuncionario también sugiere la creación de un interventor que dure, por lo menos, cinco años, para darle continuidad a la reforma penitenciaria”, afirma y considera que estas medidas, junto al reforzamiento del aparato de inteligencia estatal, son fundamentales para evitar nuevas fugas de reos, muchas veces facilitadas por la complicidad de funcionarios del SP e incluso del Ministerio de Gobernación.