Los próximos meses serán de expectación en el Ejecutivo, sectores políticos y en los órganos de administración de justicia, al abrirse el proceso para la selección y nombramiento para el nuevo jefe del Ministerio Público y Fiscal General, al cumplirse los cuatro años que norma la Constitución de la República en su artículo 25. Por otro lado, hay muchas expectativas de lo que puede pasar en el pleno del Congreso de la República antes que entre en receso este mes, en la que los diputados aprueben que se reforme el artículo 14 de la Ley Orgánica de dicha entidad, que da facultades al Presidente de la República para remover al titular del ente investigador, si el consenso entre bancadas se llegare a dar.

La jefa del órgano que monopoliza la persecución penal en nombre del pueblo de Guatemala, señora María Consuelo Porras Argueta, inicialmente fue nombrada por el expresidente Jimmy Morales y el exgobernante Alejandro Giammattei, prologó sus funciones para 4 años más por una sentencia de la Corte de Constitucionalidad muy cuestionada, haciendo compromisos con ambos exfuncionarios y evitar su encausamiento por las graves denuncias que públicamente se les hizo sobre actos de corrupción en la dirección del Ejecutivo.

La ley indica las cualidades que deber tener el jefe del Ministerio Público y Fiscal General, es nombrado en una nómina de 6 postulantes propuesta por dicha comisión integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, así como los decanos de las facultades de derecho de las universidades, el presidente del Colegio de Abogados y del Tribunal de Honor de dicho colegio. En el segundo período de Porras, en esa institución, se le cuestionó, al asegurar sus adversarios que supuestamente había “plagiado su tesis doctoral”, imputación que la togada desmintió y aseguró que eran faltas las sindicaciones.

Porras Argueta ha mantenido un duro enfrentamiento con el presidente Bernardo Arévalo, cuando se informó que el hoy gobernante había logrado el poder ejecutivo. Hasta ahora el mandatario ha fracasado en su intento que la funcionaria renuncie o sea removida. Ha sido blindada por la Corte de Constitucionalidad y funcionarios judiciales, fracaso que ha marcado al gobernante y contra quien en venganza por las acciones que el mandatario ha hecho contra la cuestionada jefa de esa entidad, ha promovido antes de que tomara posesión y en estos días, acciones de antejuicio contra Arévalo por frívolos argumentos y hasta ahora no se ha declarado que ha lugar a abrir proceso penal contra el alto funcionario.

La Constitución dice que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas y se rige por su ley Orgánica. Antes que se creara la plaza de Fiscal General, el Ministerio Público, estaba coaligado con la Procuraduría General de la Nación. Al hacerse una reforma a la carta magna se separó esa entidad de la Procuraduría General de la Nación nombrándose como procurador al abogado Acisclo Valladares Molina, como fiscal General y jefe del MP a Ramses Cuestas Gómez, que hubo de renunciar por enfermedad, nombrándose al exdiputado José Luis Florido Solís.

En el cargo le siguieron los abogados Héctor Hugo Pérez Aguilera, Adolfo González Rodas, quien, en su gestión, transformó el Ministerio Público, y a él se debe y hay que reconocerlo, compró el inmueble de Gerona, donde ahora se asientan las oficinas centrales de esa institución. Además de los anteriores han dirigido el ente investigador Carlos de León, Claudia Paz y Paz, quien intentó prolongar sus funciones e interinamente ocuparon esas plazas los abogados Mejía de Contreras y Amílcar Velásquez Zárate, y fue nombrada Thelma Aldana, a quien se le responsabiliza de la crisis Arévalo-Porras, en su gestión con el ex comisionado de la CICIG Iván Velásquez, promovieron gestiones en el Congreso, en la presidencia del exdiputado Mario Taracena, para derogar el cuestionado artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que daba facultades al Presidente de la República, para remover por causa justificada al Jefe de ese Organismo.

Si bien Arévalo ha insistido en la remoción o renuncia de Porras, hasta ahora en el Congreso, no logra consensos para ese objetivo, por la presión que hacen los diputados de “oposición” que no avalan el gobierno del relacionado mandatario, que será otro fracaso más de su administración, al no lograr la salida de la profesional de ese cuestionado cargo y en corrillos parlamentarios se da por hecho que la hasta ahora jefa del Ministerio Público, será elegida como futura magistrada de la Corte de Constitucionalidad, pues pugna por seguir manteniendo inmunidad, sospecha que al dejar el cargo en mayo del año entrante, se iniciará una férrea cacería para encarcelarla por acciones que se le podrían imputar. Los próximos meses serán de agitación política y debemos estar atentos, ¡qué sucederá!