Con la transformación digital para facilitar procesos, trámites y permisos de diferente índole, Guatemala podría aumentar la atracción de inversión extranjera directa (IED) en entre US$1 mil millones y US$1 mil 200 millones adicionales, expuso Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

Este potencial podría concretarse si se agilizan los procesos, se mejora la interoperabilidad entre los ministerios y se digitalizan muchos trámites que actualmente aún requieren papel y deben trasladarse físicamente de ventanilla en ventanilla y de ministerio en ministerio. Esos aspectos son los que complican los procesos, agregó.

Los asuntos fueron abordados en el conversatorio “Digitalización para la Atracción de Inversión Extranjera Directa”, evento preparatorio del Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo (Enade), organizado por Fundesa, que este año se centrará en procesos de transformación económica orientados a facilitar la inversión extranjera directa.

El directivo mencionó que centros comerciales, tiendas de comercio y de servicios, construcciones, incluso parques industriales o proyectos de manufactura, se han rezagado o han desistido de instalarse en el país debido a la falta de certeza sobre el tiempo que toman los trámites.

Agregó que entre los procesos más inciertos están los registros de salud, cuya acumulación ha ido en aumento sin que exista una ruta clara para resolverla. Esa situación desincentiva la inversión, ya que muchos empresarios enfrentan largos períodos de análisis en estudios de impacto ambiental.

Zapata explicó que ese es el caso del aerómetro, cuya autorización está detenida por el estudio de impacto ambiental (EIA) pendiente del Ministerio de Agricultura. Además, en el Ministerio de Salud hay autorizaciones sanitarias pendientes para urbanizaciones. Este fue uno de los puntos discutidos en el conversatorio como relevante para impulsar la inversión en proyectos de desarrollo urbano.

“El ministro de Salud explicó cómo ha aumentado la mora por los registros en esa cartera, que ya suman 22 mil trámites pendientes de distintos productos. Creemos que hay una oportunidad para modernizar tanto el Departamento de Regulación, Acreditación y Control de Establecimientos de Salud (Draes), como el Departamento de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines”, dijo Zapata.

Añadió que también se requieren avances en los ministerios de Ambiente y de Agricultura.

El directivo indicó que, con la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos, Decreto 5-2021, se han digitalizado y simplificado unos 840 trámites disponibles en plataformas digitales, y hay procesos avanzados para completar la digitalización en el mediano plazo. Entre estos se incluyen permisos de operación empresarial, pagos de impuestos, licencias, certificaciones y trámites migratorios, todos diseñados para reducir tiempos, costos y burocracia.

Zapata reconoció los avances, pero afirmó que aún queda mucho por hacer. Citó un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ubica a Guatemala como uno de los países con mayor cantidad de trámites para la apertura y operación de negocios, con cerca de cinco mil identificados, lo cual incrementa los costos y tiempos para los inversionistas.

El directivo resaltó la importancia de conocer la Estrategia de Transformación Digital para la Competitividad del gobierno, que incluye pilares como la transformación de la institucionalidad, la digital, la del servicio público y la del territorio. Esta fue expuesta por la viceministra de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía (Mineco), Valeria Prado, junto con el ministro de Salud, Joaquín Barnoya Pérez; la viceministra de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Maga, Mayra Motta, y el viceministro de Ambiente y Recursos Naturales, Rodrigo Rodas.

Prado indicó que no basta con digitalizar procesos, sino que estos deben ser simplificados previamente para evitar las mismas dificultades.

Barnoya, por su parte, explicó que la dificultad para evaluar expedientes no es nueva, pues las plataformas y normas están desactualizadas, los procesos han sido manuales, con alta discrecionalidad, requisitos innecesarios y falta de trazabilidad y transparencia, lo que ha erosionado la confianza en el ente regulador.

“La mora no es nueva, es histórica, y se incrementó particularmente en 2023 y 2024. A ello se suma el incumplimiento del Decreto 5-2021, que entre 2021 y 2023 tuvo poca o nula implementación, lo que provocó vencimientos de plazos. Además, el hecho de que no se cobraran aranceles aumentó aún más la mora”, afirmó. Añadió que, en el Ministerio de Salud, los trámites de regulación no eran prioridad para el desarrollo de plataformas informáticas.

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— FUNDESA (@FUNDESA) August 27, 2025