Asesinatos en Campo Marte: el recuento, las dudas e irregularidades alrededor de la detención de los hermanos Choc
La Policía Nacional Civil anunció la detención de Rigoberto Choc Toz y su hermano Daniel Zaqueo, momentos después del asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar Gamarro y los presentó como presuntos responsables. Sin embargo, en las siguientes 24 horas surgieron inconsistencias sobre el procedimiento policial y el arma que supuestamente les […]
La Policía Nacional Civil anunció la detención de Rigoberto Choc Toz y su hermano Daniel Zaqueo, momentos después del asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar Gamarro y los presentó como presuntos responsables. Sin embargo, en las siguientes 24 horas surgieron inconsistencias sobre el procedimiento policial y el arma que supuestamente les fue incautada. El Ministerio Público investiga la posible implantación del fusil por parte de los agentes que los capturaron y solicitó la falta de mérito a favor de los hermanos. Un juez ordenó su liberación.
Cuando Rigoberto Choc Toz llegó a la Torre de Tribunales, en la zona 1 de la capital, tenía una petición: que revisaran las cámaras de seguridad. Aseguraba que no había matado a nadie y que los policías le habían colocado un arma en la mochila que utilizaba para repartir comida. Su hermano menor, Daniel Zaqueo, de 18 años, permanecía a su lado, casi siempre en silencio.
Momentos antes, ambos habían sido presentados por la Policía Nacional Civil (PNC) como los «presuntos sicarios» del asesinato del exfiscal del Ministerio Público y exsuperintendente de Administración Tributaria, y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, víctima colateral del crimen. Los dos hombres murieron la mañana del sábado 17 de octubre, durante un ataque armado en las canchas del Campo Marte, en la zona 5 de la capital.
La noticia conmocionó al país. Solórzano Foppa, de 43 años, fue asesinado mientras participaba en un partido de fútbol, en un complejo deportivo al que habían acudido familias, niños y deportistas. Los disparos interrumpieron los partidos. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó que el abogado murió por heridas de bala en el cráneo y que Aguilar Gamarro falleció por un impacto en el tórax.
Mientras los fiscales procesaban la escena del crimen, la Policía anunció que había capturado a dos sospechososen el bulevar San Isidro, en la zona 16, a varios kilómetros del lugar del ataque. Según la versión oficial, los hermanos Rigoberto, de 30 años, y Daniel de 18, se desplazaban en una motocicleta cuando los agentes los interceptaron. La institución afirmó que les había encontrado una carabina, municiones, un cargador y un chaleco táctico, objetos que presuntamente estaban relacionados con el asesinato.
La captura fue presentada como una rápida reacción policial. Sin embargo, al día siguiente, los dos hombres resultaron libres. Entre el anuncio de su detención y la resolución judicial surgieron preguntas sobre la forma en que fueron interceptados, el origen del arma, la ropa que vestían y el manejo de sus pertenencias. Fuentes judiciales confirmaron a La Hora que el Ministerio Público investigaba la posible implantación del arma por agentes policiales y que el fusil reportado por la PNC no sería el utilizado en el ataque.
La versión que Rigoberto había sostenido desde el principio comenzaba bastante antes de su llegada a los tribunales.
DOS REVISIONES POLICIALES
Según relató a periodistas, la mañana del sábado había acudido con su hermano a una agencia bancaria para recoger una tarjeta de crédito. Después, ambos comenzaron su jornada como repartidores de comida. Rigoberto llevaba más de cuatro años trabajando como repartidor de comida a través de una empresa de mensajería y Daniel lo acompañaba para aprender el oficio. El menor todavía no tenía una cuenta propia, por lo que utilizaba la de otro hermano.
Ese día, aseguró, recibieron un pedido de Subway que debían entregar en la zona 16. Rigoberto entró al restaurante a recoger la comida mientras Daniel esperaba con la motocicleta y la mochila de reparto. Después emprendieron el camino hacia el destino.
En el trayecto, según su testimonio, dos policías en motocicleta les ordenaron detenerse. Los agentes les pidieron los documentos del vehículo y la licencia de conducir. Rigoberto afirmó que entregó lo solicitado y que los policías terminaron por dejarlos continuar.
La revisión, sin embargo, no sería la última.
«Nos dejaron ir y después nos volvieron a parar. Era el mismo policía, el mismo», relató. Según su versión, habían avanzado unos dos minutos cuando los agentes volvieron a detenerlos. El policía les dijo que haría una pequeña revisión, pese a que, según Rigoberto, ya los habían registrado.
Entonces llegaron más agentes. El repartidor calculó que aparecieron entre 15 y 20 policías, distribuidos en varios vehículos. Los agentes comenzaron a comunicarse por radio y se llevaron la mochila de la empresa «PedidosYa» en la que transportaban los alimentos. Según la PNC, la captura fue realizada por agentes de la comisaria 13 y fueron trasladados en la patrulla GUA-13190.
Rigoberto dijo que preguntó por qué se llevaban sus pertenencias. Dentro llevaba, entre otras cosas, la tarjeta de crédito que acababa de recoger. Aseguró que no vio que los policías colocaran el arma, pero sospechó que lo habían hecho después de que retiraron la mochila de su alcance.
La fotografía de la PNC generó cuestionamientos en redes sociales por la forma en que aparece el arma dentro de la mochila de reparto. Usuarios en X señalaron que la tapa de la mochila de plástico parece quedar orientada hacia el interior, en lugar de hacia afuera, como cabría esperar si hubiera sido abierta para encontrar, en lugar de introducir el fusil. La disposición de los objetos alimentó las sospechas sobre cómo llegó el arma a la mochila.
«Yo no vi cómo colocaron eso en la mochila», explicó. «Si uno lleva algo, tienen que hacer la revisión enfrente de uno».
Su declaración no demuestra por sí sola que los agentes implantaran el arma. Pero la secuencia que describió plantea una cuestión central para esclarecer la captura: qué ocurrió durante la segunda intervención policial y quién tuvo acceso a la mochila antes de que la PNC anunciara el hallazgo del fusil.
La Policía sostuvo que los hermanos fueron detenidos cuando huían en una motocicleta y que transportaban objetos vinculados con el crimen. La versión de Rigoberto, en cambio, describe a dos repartidores que habían sido revisados, liberados y detenidos de nuevo. Las autoridades deberán establecer cuál de las versiones coincide con las pruebas y los registros disponibles.
Fuentes judiciales: agentes de PNC implantaron arma a los hermanos Choc Toz tras asesinato de Foppa
LAS FOTOGRAFÍAS DE LA POLICÍA
La PNC difundió fotografías de los hermanos después de su captura. En ellas aparecían con los rostros descubiertos, mientras que los agentes que los acompañaban tenían las caras difuminadas. En algunas imágenes, los jóvenes estaban hincados junto a policías que sostenían armas.
Las fotografías contribuyeron a fijar una primera imagen pública de los detenidos: dos hombres presentados por la institución como sospechosos de un asesinato a plena luz del día. Pero las imágenes también adquirieron importancia por la ropa que llevaban.
Rigoberto vestía un pantalón negro tipo cargo, una camiseta blanca y una chumpa con el escudo del Fútbol Club Barcelona. Daniel llevaba pantalón de lona y un sudadero negro.
La vestimenta importaba porque, de acuerdo con el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, las primeras llamadas recibidas por el centro de atención de la PNC describían a los atacantes con prendas deportivas, entre ellas una camiseta del Barcelona. Esa información podría haber orientado la búsqueda de los sospechosos.
El problema es que la ropa de los hermanos no coincidía de manera evidente con esa descripción en el momento de su detención, al menos según las fotografías difundidas por la propia Policía.
Ya en las carceletas de la Torre de Tribunales, ambos hermanos vestían otra ropa, camisas azules, Rigoberto una camisa manga corta con una pantaloneta y Daniel una camisa manga larga y un pants gris. Según Rigoberto, los agentes les quitaron esas prendas para realizarles pruebas.
La secuencia abrió otro interrogante sobre el procedimiento: ¿por qué se cambió la vestimenta de los detenidos y cómo se documentó ese cambio?. La defensa también cuestionó que los jóvenes fueran cambiados de ropa mientras permanecían en las carceletas de los tribunales.
El abogado Karlos de León dijo a la prensa que era importante preservar la correspondencia entre las prendas que llevaban al ser capturados y las descritas en la hipótesis policial. Por eso, reconstruir qué prendas llevaban los hermanos al ser interceptados y cuáles utilizaron después resulta relevante para contrastar las versiones.
EL ARMA QUE CAMBIÓ EL CASO
La carabina que la PNC aseguró haber encontrado en poder de los hermanos fue uno de los elementos centrales de la presentación policial. La institución también informó del hallazgo de un cargador, municiones y un chaleco táctico. Con esos objetos, la detención quedó vinculada públicamente con el asesinato de Solórzano Foppa.
Pero el arma terminó convirtiéndose en el principal foco de las dudas.
Rigoberto negó desde el primer momento que él o su hermano llevaran armas. «No llevamos arma delante de Dios», dijo más de una vez ante los periodistas. También aseguró que la mochila había sido plegada durante el recorrido y que los agentes la extendieron después de la detención, cuando supuestamente encontraron el fusil.
El repartidor sostuvo que los policías colocaron el arma dentro de la mochila. Según un reporte publicado ayer por La Hora, el Ministerio Público abrió una línea de investigación sobre esa posible actuación policial y determinó, de acuerdo con la información trasladada a este medio, que el arma reportada no sería la utilizada en el asesinato.
La revelación cambió el sentido de la captura. Si el fusil no correspondía al arma empleada en el ataque y existían indicios de que pudo haber sido colocado por los agentes, la evidencia que la Policía había presentado para vincular a los hermanos con el crimen quedaba bajo cuestionamiento.
La investigación por el asesinato de Solórzano Foppa ahora también busca determinar cómo llegó el arma a la mochila, quiénes tuvieron acceso a ella y qué sustento tenía la versión inicial de la PNC, además de lo obvio: ¿de dónde salió el arma?. Así como establecer si hubo otras irregularidades durante el procedimiento y si existen responsabilidades individuales.
Villeda había anunciado que se realizarían pruebas de absorción atómica a los detenidos para buscar rastros de plomo y pólvora en sus manos o ropa. El ministro de Gobernación insistió en que las autoridades no estaban en una etapa de certezas. Según sus declaraciones, la investigación apuntaba a la participación de varias personas en el asesinato y debía establecer si los detenidos habían disparado el arma que la Policía reportó como incautada.
«No estamos haciendo investigaciones para incriminar a nadie», afirmó Villeda.
«Claro que van a rodar cabezas»: Ministro Marco Antonio Villeda por caso de hermanos Choc Toz
«CLARO QUE VAN A RODAR CABEZAS»
Este 19 de octubre, Villeda afirmó que tienen que establecer qué fue lo que pasó, quiénes participaron y quiénes son los involucrados, ya que no pueden descartar ninguna hipótesis.
«Tenemos que establecer qué pudo haber pasado. Obviamente, tenemos que poner a estas personas ante un juez competente. Lo dije el sábado claramente: una detención no determina la culpabilidad de una persona, es solamente un procedimiento para poder investigar su participación en los hechos», afirmó el ministro sobre los hermanos, quienes recuperaron su libertad el domingo.
«Cuando yo ya tenga evidencia clara sobre qué fue lo que pasó, cómo actuó la PNC, y que tenga una conclusión de cómo ocurrieron los hechos basado en evidencia y no en suposiciones, claro que voy a tomar decisiones, claro que van a rodar cabezas», mencionó.
El titular de la cartera de Gobernación afirmó que que comprende la indignación de la población por la muerte del abogado y el actuar de los agentes, y que no es ajeno a ese clamor popular.
Villeda: no estamos haciendo investigación para incriminar a nadie
“CERRÁ LA BOQUITA”
En la Torre de Tribunales, Rigoberto no dejó de defender su versión. Respondió a las preguntas de los periodistas una y otra vez. Pidió que se revisaran las cámaras de seguridad para comprobar su recorrido. Mientras hablaba, un agente del organismo judicial le ordenó: «Cerra la boquita».
El episodio ocurrió durante su ingreso a las carceletas, cuando era registrado y daba declaraciones a la prensa. Rigoberto había asegurado que los agentes lo habían inculpado y que la revisión de las cámaras permitiría aclarar lo sucedido.
Su hermano Daniel permanecía callado. Rigoberto explicó que el joven no dominaba bien el español y que su idioma materno era el q’eqchi’. Ambos son originarios de Senahú, Alta Verapaz.
El mayor contó que había servido en el Ejército antes de dedicarse al reparto de comida. Después de dejar la institución, dijo, compraron una motocicleta por 4 mil quetzales para trabajar. Daniel lo acompañaba porque todavía estaba aprendiendo el oficio.
La mochila que llevaban aquel día no era, según su relato, un accesorio circunstancial. Era parte de su trabajo. También lo eran la motocicleta y el pedido que debían entregar. La versión policial convirtió esos mismos elementos en parte del relato de una supuesta huida; la versión de Rigoberto los situó en una jornada laboral interrumpida por dos intervenciones policiales.
Los dos teléfonos celulares que llevaban también quedaron bajo discusión. Rigoberto afirmó que un agente había quebrado el suyo, pero las fotografías difundidas por la Policía mostraban dos teléfonos aparentemente intactos.
UNA NOCHE DE ESPERA
Mientras los hermanos permanecían detenidos, la noticia se extendió entre repartidores de comida por aplicación y ciudadanos que cuestionaban la captura. Durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, decenas de personas llegaron a las afueras de la Torre de Tribunales para pedir que se investigara el caso y exigir la liberación de los jóvenes.
Entre quienes acudieron estaban compañeros de trabajo y familiares. Enrique Choc, hermano de ambos, defendió que se dedicaban al reparto y pidió que las autoridades investigaran antes de atribuirles responsabilidad por el doble asesinato.
La audiencia, prevista para la noche del sábado, fue trasladada al día siguiente. La investigación había sido declarada bajo reserva a petición de la Fiscalía de Delitos contra la Vida del MP, por lo que no se conocieron públicamente todos los elementos discutidos durante la diligencia.
En la mañana del domingo, el ente investigador solicitó la falta de mérito a favor de los hermanos. El juzgado de turno resolvió que no fueran ligados a proceso y ordenó su libertad. La petición del ente investigador, según reveló La Hora, estuvo relacionada con las irregularidades advertidas en la captura y con la investigación sobre la posible implantación del arma.
No fue una resolución que esclareciera el asesinato de Solórzano Foppa. Tampoco identificó públicamente a quienes dispararon contra el abogado y Aguilar Gamarro. Lo que sí hizo fue impedir que los hermanos continuaran detenidos y ligados a un proceso penal por un crimen cuya autoría seguía sin establecerse.
Afuera de los tribunales, la espera terminó con aplausos, cohetillos y gritos de celebración. Cientos de personas que habían acudido a respaldarlos recibieron a Rigoberto y Daniel con muestras de solidaridad. Rigoberto agradeció a Dios y calificó lo ocurrido como un milagro. También agradeció al abogado que los representó y a quienes estuvieron pendientes de ellos.
Entre vítores, cohetillos y agradecimientos, hermanos Choc Toz recuperan su libertad
LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN ABIERTAS
La liberación de los hermanos Choc Toz dejó sin resolver el crimen que desencadenó su captura. Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro murieron en el Campo Marte, en un ataque armado en el que, según las primeras estimaciones oficiales, participaron al menos dos tiradores y posiblemente cuatro personas.
El MP aún debe establecer quiénes ejecutaron el ataque, cuál fue el móvil y cómo se organizó, así como esclarecer qué ocurrió durante las intervenciones policiales que terminaron con la detención de los hermanos y determinar si agentes de la PNC manipularon la mochila o colocaron el armaque presentaron como evidencia.
Ahora el caso tiene dos dimensiones. Una es el asesinato directo del exfiscal y exsuperintendente tributario cuya muerte sigue sin una explicación pública definitiva, así como la víctima colateral del hecho. La otra es el procedimiento policial mediante el cual dos repartidores fueron presentados como sospechosos de ese crimen y quedaron libres al día siguiente, al no contar con pruebas incriminatorias.
El asesinato de Solórzano Foppa continúa sin esclarecerse. Y las circunstancias de la detención de los hermanos, lejos de cerrar el caso, abrieron una nueva investigación: la de quienes debían buscar a los responsables y que ahora podrían tener que explicar su propia actuación.