Desde el siglo pasado, Friedrich Hayek advirtió que la libertad y la prosperidad solo florecen donde impera el Estado de derecho. No basta con que existan leyes; deben cumplirse y aplicarse con independencia. Cuando las normas son precisas y se respetan, hay confianza. Cuando no, la arbitrariedad gana espacio y la sociedad entera lo resiente. Reglas claras, estables y parejas para todos.

La semana pasada se presentó el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project. Este evalúa en la mayoría de los países ocho aspectos clave, como si el Gobierno tiene límites reales, si hay corrupción, si el acceso a la información es transparente y si se respetan derechos como la libertad de expresión. También analiza la seguridad, el cumplimiento de reglas por parte de empresas y personas, y la eficiencia de los sistemas de justicia civil y penal. Cada factor se califica del 0 al 1, según qué tan bien funcionan las leyes e instituciones.

Como lo señaló el Cien, Guatemala sigue sin avances. Con 0.44 de 1, el país ocupa el puesto 110 entre 143 y repite el mismo resultado de años anteriores. No hay mejora, ni siquiera leve en los últimos cinco años. Mientras algunos países avanzan, Guatemala parece detenida en el tiempo. Esto evidencia lo difícil que ha sido consolidar instituciones que hagan cumplir la ley sin interferencias políticas ni presiones externas.

En el índice, Gobierno Abierto (0.53) y Derechos Fundamentales (0.47) aparecen con una calificación media, pero la situación es mucho más crítica en Justicia Civil (0.34) y Justicia Penal (0.30), donde los resultados siguen siendo muy bajos. En ambas prevalecen la lentitud, la falta de coordinación y la impunidad que se arrastra desde hace años. Es un gran desafío para el país, ya que tiene costos visibles en seguridad, inversión y confianza pública.

En el ámbito penal, los indicadores son especialmente preocupantes. La efectividad de la investigación criminal no supera 0.20 desde hace una década. Los sistemas correccionales, encargados de reducir la reincidencia, apenas alcanzan 0.14. A esto se suma la percepción de corrupción e influencias indebidas, que alimenta la desconfianza ciudadana. Aunque el respeto al debido proceso se mantiene estable (0.39), no se traduce en eficiencia ni en resultados concretos. El Cien ha identificado cuellos de botella que obstaculizan el acceso a la justicia penal, pero la falta de articulación entre instituciones impide avanzar.

A pesar de los esfuerzos y asignación de recursos financieros de los últimos años, las instituciones involucradas siguen sin alinearse. Los esfuerzos se diluyen. Hace falta liderazgo, planificación y una política criminal clara que articule el trabajo de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Sistema Penitenciario y las entidades de apoyo.

El Cien reconoce que todo el sistema de justicia necesita atención, pero resalta que la justicia penal debe ser la prioridad. Se requiere gestión moderna: equipos responsables, plazos definidos y transparencia en cada fase del proceso. Para fortalecerla, propone medidas concretas: incorporar tecnología que agilice los procesos y permita una mejor coordinación, elevar la calidad de las investigaciones, generar datos confiables para ubicar los rezagos, y capacitar adecuadamente al personal. También insiste en atender con seriedad el Sistema Penitenciario, con inversiones en infraestructura y recursos humanos, y programas de reinserción que realmente funcionen.

Si las instituciones no se ponen metas en común ni cuentan con procesos claros, la justicia penal seguirá sin responder a las necesidades del país. Nada de esto funcionará sin una hoja de ruta compartida, compromiso institucional, rendición de cuentas y voluntad política.