En promedio, las aseguradoras en Guatemala han desembolsado casi Q17 millones anuales por concepto de indemnizaciones derivadas de accidentes de tránsito.

El reciente accidente del autobús que se precipitó a un barranco, dejando un saldo de 54 personas fallecidas y 9 heridas, según la última actualización, ha reavivado el debate sobre la responsabilidad de los transportistas, el cumplimiento de las normativas y el papel de las aseguradoras en la compensación económica a las víctimas y sus familias.

Si bien ninguna indemnización puede equipararse a la pérdida de una vida humana, estos pagos son un apoyo crucial para las familias de las víctimas, quienes, en su mayoría, dependían de los ingresos que estas personas aportaban a sus hogares.

La seguridad vial en el país enfrenta una crisis que, según expertos, requiere decisiones firmes y urgentes.

Análisis del comportamiento de las indemnizaciones en los últimos años

Los datos reflejan una tendencia fluctuante en el desembolso de indemnizaciones, lo que evidencia tanto los riesgos en las carreteras como los desafíos que enfrentan las compañías de seguros.

Según registros oficiales, los pagos anuales por siniestros en el transporte colectivo han sido los siguientes:

• 2016: Q23 millones 910 mil

• 2017: Q21 millones 862 mil

• 2018: Q23 millones 240 mil

• 2019: Q26 millones 805 mil

• 2020: Q6 millones 322 mil

• 2021: Q14 millones 453 mil

• 2022: Q12 millones 069 mil

• 2023: Q14 millones 281 mil

• 2024: Q9 millones 643 mil

El promedio anual de pagos en estos nueve años es de aproximadamente Q16.9 millones

Se observa una disminución drástica en el 2020, debido a las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia de Covid-19. Posteriormente hubo un repunte, pero sin alcanzar las cifras previas a la pandemia.

La tragedia del 2025

El reciente siniestro en las cercanías del puente Belice ha marcado un punto de inflexión, con una proyección de indemnizaciones que podría superar los Q10 millones en los primeros 40 días del 2025.

Esta cifra ya excede el total pagado en el 2024, lo que evidencia la magnitud del incidente y subraya la importancia de una regulación más estricta.

Este accidente ha sacado a la luz irregularidades que afectan directamente a los usuarios del transporte colectivo, quienes diariamente dependen de este servicio para su movilidad.

Otro ejemplo es el incidente ocurrido en la bajada de Villa Lobos este jueves 13 de febrero, donde otro autobús de transporte colectivo perdió el control, pero un árbol y un poste lograron servir de contención y evitar otra tragedia que podría haberse registrado en la misma semana.

Aseguradora confirma el pago

Pese a que el piloto del autobús accidentado bajo el puente Belice carecía de licencia profesional y el vehículo operaba fuera de su ruta autorizada, la aseguradora decidió indemnizar a las familias de las víctimas.

“Las empresas de seguros no son rentables a punta de altruismo, pero en este caso se actuó con responsabilidad social, y lo aplaudo”, comentó Carmen Salguero, coordinadora de la Comisión de Salud de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa).

Este caso pone de manifiesto la importancia de contar con seguros que protejan tanto a los pasajeros como a sus familiares, en caso de siniestros que lamentablemente cobran vidas.

Si desea conocer más detalles sobre la indemnización puede interesarle el siguiente artículo: Con cuánto dinero se indemniza a víctimas de accidentes de tránsito en buses extraurbanos, cómo se calcula el monto y cómo se cobra

Retos y recomendaciones

Especialistas como Hermann Girón Delery, presidente de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS), destacan que desde la década de los noventa se contempla la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil, pero su implementación ha sido limitada.

Por su parte, Juan Carlos Botrán, director de Seguridad Vial del Automóvil Club Guatemala, señala que solo el 11% del parque vehicular posee algún tipo de seguro, dejando a la mayoría de los conductores y víctimas sin cobertura.

Las aseguradoras han demostrado responsabilidad social al atender las indemnizaciones, pero es imperativo que las autoridades refuercen las normativas y supervisen su cumplimiento. Solo así se podrá garantizar que el transporte colectivo opere en condiciones seguras, protegiendo a los usuarios, a sus familias y al propio sector asegurador, cuyo crecimiento depende de un entorno vial más controlado y seguro.