Transportistas y autoridades de la Intendencia de Aduanas dieron a conocer que persiste el bloqueo que mantiene un grupo de vecinos y comunitarios en la ruta CA-2 Oriente sobre el puente Bernal Diaz del Castillo a escasos kilómetros para llegar a la aduana Pedro de Alvarado, Jutiapa.

Héctor Fajardo, directivo de la Cámara de Transportistas Centroamericanos (Catransca), y Edwin Orlando Curtidor, intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), informaron que el paso se encuentra interrumpido y este domingo es el cuarto día en que se mantiene la medida.

Fajardo explicó que un camión cisterna de la municipalidad de Moyuta, brindó abastecimiento de agua potable para los pilotos y tripulaciones que se encuentran varados y se calcula que son unas 600 unidades del transporte pesado con mercaderías diversas que tienen destino El Salvador y otros países de la región.

Además, que la Policía Nacional Civil (PNC) y Policía Municipal de Tránsito (PMT) de ese municipio prestan seguridad perimetral.

“El impacto es enorme y hay materias primas y productos terminados que tienen que llegar a sus destinos”, explicó el directivo de Catransca. El otro impacto es que la unidad de transporte se encuentra sin actividad, lo que genera costos adicionales.

El intendente reiteró que se tiene acuerdos con las autoridades aduaneras de El Salvador a manera de agilizar el paso de vehículos cuando se libere la ruta.

Liberar los puntos bloqueados

Representantes de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) y del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), se pronunciaron este domingo por el bloqueo que comenzó el pasado jueves 27 de febrero.

“Estas acciones ilegales atentan contra la libre locomoción de las personas, mercancías y bienes, afectando directamente la economía de las familias guatemaltecas e incrementando el precio de los productos que todos consumimos”, expone el comunicado del Cacif.

El comunicado de la CCG señala que “estas acciones abusivas e ilegales, constituyen un atropello a las garantías constitucionales de los guatemaltecos y tendrá graves impactos para la economía nacional y regional”.

El sector comercio y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) interpusieron una acción de amparo a la Corte de Constitucionalidad para que se protejan los derechos de todos los guatemaltecos.

Ambos sectores coinciden en que se debe a liberar los puntos que se encuentran bloqueados.

El origen del bloqueo

Un grupo de vecinos y comunitarios del lugar conocido como La Barrona en Jutiapa cercano a la aduana Pedro de Alvarado, demanda el reinicio de los trabajos que una empresa estaba realizando; sin embargo, quedaron suspendidos.

Como medida de protesta y demandan comenzaron un bloque en el tránsito de vehículos que comunica a El Salvador, afectando la cadena logística.