Caso Edificio MP: Juez cierra caso a tres exfuncionarias y envía a juicio a dos más
El Juzgado Segundo Penal resolvió este martes 6 de octubre la situación legal de cinco personas vinculadas con la supuesta compra sobrevalorada que el Ministerio Público (MP) realizó en 2017 de un edificio ubicado en la zona 5 capitalina, destinado a trasladar algunas fiscalías a ese inmueble. Según la acusación del MP, los propietarios del […]
El Juzgado Segundo Penal resolvió este martes 6 de octubre la situación legal de cinco personas vinculadas con la supuesta compra sobrevalorada que el Ministerio Público (MP) realizó en 2017 de un edificio ubicado en la zona 5 capitalina, destinado a trasladar algunas fiscalías a ese inmueble.
Según la acusación del MP, los propietarios del edificio habían pactado con anteriores autoridades del ente investigador la transacción del inmueble para obtener un pago superior al que correspondía, bajo el argumento de que la construcción todavía se encontraba en obra gris.
Durante su análisis, el juez Mario Hichos estableció distintos parámetros, desde los aspectos administrativos relacionados con la compra de la propiedad hasta las personas que realizaron las gestiones para concretar la negociación y entregar el edificio al MP.
En el ámbito administrativo, señaló que podía advertirse la posible comisión de un delito de fraude. Sin embargo, tras revisar documentos, los eventos publicados en Guatecompras, así como los argumentos de la acusación y la defensa, determinó que no existen indicios de responsabilidad contra las tres exfuncionarias administrativas.
El juez consideró que existen elementos que apuntan a que actuaron siguiendo instrucciones superiores, además de certificaciones que acreditaban que tenían facultades para realizar la compra por órdenes de la entonces fiscal general, Thelma Aldana.
Al no encontrar indicios de que las tres exfuncionarias hubieran actuado de forma premeditada para cometer algún delito, Hichos dictó el sobreseimiento, es decir, el cierre del caso a favor de Miriam Salazar, Diana Benavides y Patricia Guzmán.
POSIBLE LAVADO Y TESTAFERRATO
En el caso de Teresa Lourdes Estrada Leyton, señalada de ser la intermediaria entre el MP y la empresa Berthram para concretar la venta del inmueble, el juez consideró que existen indicios suficientes para presumir que habría actuado de forma ilícita, debido a movimientos bancarios considerados dudosos y la posibilidad de que incurriera en lavado de dinero.
Según indicó Hichos, Estrada Leyton realizó una serie de movimientos bancarios por montos de Q10 mil, además de recibir más de Q500 mil como comisión por la venta del edificio. Estos recursos podrían estar vinculados con acciones ilícitas, por lo que el juez consideró necesario que enfrente juicio para que un tribunal determine si es culpable o inocente.
#AhoraLH | Caso Edificio MP: Juez hace análisis sobre cómo iniciaron los procesos de adquisición del inmueble en cuestión.
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— Diario La Hora (@lahoragt) October 6, 2026
Mientras que en el caso de William Balz, representante legal de Berthram, el juez estableció una situación diferente. Aunque también deberá enfrentar juicio, su resolución se divide en tres aspectos.
En primer lugar, Hichos dictó el sobreseimiento a su favor y cerró la persecución penal en su contra por el delito de asociación ilícita. Según el juez, los indicios recabados durante la investigación no permiten determinar que Balz hubiera actuado en conjunto con otras personas, por lo que las acciones que se le atribuyen pudieron haberse realizado de manera individual.
También era acusado de fraude, pero el juez señaló que la investigación presentada por el MP tiene algunos vacíos que generan dudas sobre su posible participación en el delito. Por ello, consideró necesario recabar más información para establecer si existe responsabilidad que amerite enviarlo a juicio o si corresponde cerrar el caso a su favor por este hecho. Esto llevó a que dictara clausura provisional y otorgara un plazo de dos meses al MP para completar las pesquisas con otros elementos, los cuales serán analizados hasta enero de 2027.
Finalmente, el juez estimó que existen suficientes indicios sobre la posible comisión de otro delito, aunque no en los términos planteados por el MP. En la acusación, la Fiscalía señaló al empresario por defraudación tributaria, al considerar que ocultó que era el verdadero representante de la empresa y, aun así, realizó la transacción con el ente investigador sin pagar los impuestos correspondientes.
Sin embargo, el juez consideró que su actuación encuadra en un delito distinto y cambió la acusación de defraudación tributaria por testaferrato, por lo que lo envió a juicio por este último.
Caso Edificio zona 5: MP presenta acusación contra William Balz
ACEPTACIÓN DE CARGOS
Tras conocer la decisión judicial, los abogados de Balz y Estrada Leyton solicitaron al juez que se les fije una audiencia para someterse a la Ley de Aceptación de Cargos.
Ante la petición, Hichos manifestó que, debido a la agenda y carga de trabajo del juzgado, será hasta el próximo 9 de noviembre cuando se lleve a cabo la diligencia para que ambos puedan ejercer su derecho a aceptar los hechos imputados en su contra y, de esta manera, resolver su situación legal.