Hoy en día, burocracia se asocia a una gestión ineficiente e ineficaz, cuyos procesos están plagados de interminables e insufribles rutinas y obstáculos (papeleos, rigidez, formalismo, retraso, congestión), el recurso humano no se rige por una actualizada y pertinente descripción de puestos, ni está sujeto a una adecuada supervisión, así como la asignación de tareas no responde a una contratación de servidores con base en méritos de capacidad, idoneidad y honradez, sino a vinculaciones políticas o nepotistas.

El gobierno estadounidense está implementando una política pública de desburocratización, que consiste en habilitar una reingeniería de procesos en el sector público, que es una estrategia destinada a descongestionar y optimizar gestiones y trámites, suprimir puestos de trabajo innecesarios y eliminar entes burocráticos. Esta política de desburocratización está basada en un plan de austeridad y de reducción del gasto de funcionamiento, con miras a alivianar el aparato estatal y reorientar o suprimir asignaciones de fondos.

El objeto de la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos (decreto 5-2021 del Congreso) es “modernizar la gestión administrativa por medio de la simplificación, agilización y digitalización de trámites administrativos, utilizando las tecnologías de la información y comunicación para facilitar la interacción entre personas individuales o jurídicas y dependencias del Estado”. Sin duda, dicha normativa ha sido una importante herramienta para mejorar la gestión administrativa, pero insuficiente para lograr la eficiencia del gasto de funcionamiento, que cada año aumenta desproporcionadamente en el marco de una presupuestación inercial.

En 2021, la pérfida “camarilla gobernante” prometió llevar a cabo un censo de servidores públicos, a fin de determinar el número de burócratas, así como planificar e implementar una depuración a la luz de una reingeniería de procesos, que jamás se materializó. También permanece en el tintero una nueva regulación del servicio civil, la unificación de criterios para la negociación colectiva de condiciones de trabajo, así como la supresión de “elefantes blancos” (ruinosos bolsones de gasto público) y del “sistema paralelo de gasto público” (fideicomisos, fondos, entes clientelares), que han venido alimentando un despilfarro descomunal e incontrolable, recientemente coronado por un ofensivo incremento de la remuneración de los diputados.

En ese mismo orden de ideas, una cuestión que llora sangre es que, a pesar de que nuestra Constitución establece que la Procuraduría General de la Nación (PGN) “tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales”, no se concentra en dicha institución la contratación de los asesores y consultores requeridos para apoyar a las entidades centralizadas, desconcentradas, descentralizadas y autónomas, aunque siempre se solicita el dictamen de la PGN. Por lo tanto, no hay razón para que cada entidad contrate, por aparte, asesores y consultores, ni que existan entes asesores o consultores, que, aunque se estipula en los contratos que son de plazo fijo, el tribunal constitucional las asume de plazo indefinido, para el efecto del cobro de prestaciones laborales, reinstalación e indemnización.

De suerte que lo razonable es que la incorporación de todos los asesores y consultores la lleve a cabo la PGN, para cumplir el respectivo mandato constitucional y asegurar una asignación de tareas controlada, una debida supervisión y una evaluación objetiva del desempeño del recurso humano.