El proyecto de Presupuesto 2026 asciende a Q163 mil 783 millones. Para hacerlo más comprensible, pensemos en el presupuesto de una familia guatemalteca —la familia Gómez—, de cuatro miembros, cuyo ingreso anual equivale a Q163 mil 7830 anuales, más del doble de una familia promedio, según el INE. Entre ambos padres logran reunir Q10 mil 800 mensuales con su trabajo, pero los Q2 mil 800 restantes los cubren endeudándose o pidiendo prestado.

La familia Gómez no planifica y administra mal sus finanzas. Vive en una pequeña casa alquilada con dos cuartos, cocina y baño. Padre y madre trabajan; sus hijos asisten a la escuela y dependen de servicios públicos de salud y educación que, aunque “gratuitos”, son de mala calidad. Por ello gastan más en transporte, medicinas, materiales escolares y otros. A veces, la abuela se queda con los niños, los apoya en tareas y los cuida para que no anden en la calle. En diciembre vende juegos pirotécnicos para cubrir gastos de fin de año. Su pequeño aporte se asemeja a las donaciones internacionales: alivian el momento, pero no cambian la realidad.

De su presupuesto anual, la mayoría está comprometido: alquiler, luz, agua, comida, transporte, sueldos y deuda. Solo 8% queda libre: Q13 mil al año o Q1 mil al mes. Esa cantidad apenas alcanza para dos comidas fuera o un paseo familiar, pero suele ir a gastos innecesarios.

El 80% se destina a funcionamiento y solo el 20% a inversión, como pintar la casa, tapar goteras o reparar algún aparato. Pero esas mejoras rara vez se hacen; surgen urgencias, se malgasta o no hay quién las ejecute. Lo más preocupante es que parte del gasto diario se cubre con deuda. Los Gómez ya tienen la tarjeta al límite y pagan intereses y ahora pidieron otro préstamo para contratar a una señora para la limpieza. Similar al país, que pretende financiar el 14% del presupuesto con deuda, y casi la mitad para funcionamiento.

En teoría las alcaldías y consejos de Desarrollo reciben parte del presupuesto nacional para obras locales como agua potable, drenajes, caminos e infraestructura. En la práctica, el agua llega pocas horas al día, los desagües colapsan con la lluvia y las calles se llenan de baches. Aun así, abundan canchas y polideportivos que se inauguran con listones y discursos, pero pronto quedan sin luz, sin mantenimiento. Lo que no permite a los ciudadanos disfrutar de espacios públicos de calidad.

Así vive la familia Guatemala: con ingresos comprometidos, deudas crecientes y sin planificación. Los padres trabajan mucho, la abuela ayuda cuando puede y los niños asisten a una escuela donde aprenden poco. Muchos padecen desnutrición, lo que les impide concentrarse. No se invierte en la gente y la casa continúa igual: con goteras, sin pintura y con el futuro hipotecado.

El país enfrenta el mismo dilema. La discusión del Presupuesto 2026 en el Congreso debe centrarse en gastar mejor, ordenar las finanzas y garantizar servicios de calidad. Guatemala necesita un presupuesto responsable y transparente, sustentado en planificación real, objetivos claros y metas medibles. Debe priorizar proyectos de desarrollo: nutrición, salud, educación infraestructura, seguridad y justicia, antes que proyectos políticos sin sentido.

¿Qué hacer? Tres propuestas: 1) no usar deuda para gasto corriente, 2) ordenar una cartera de inversión básica con mantenimiento incluido (agua, saneamiento, puestos de salud), escuelas y caminos vecinales; y 3) contar con un presupuesto por resultados con metas trimestrales públicas y evaluación. Si los recursos llegan a municipios con proyectos aterrizados, licitaciones abiertas y supervisión ciudadana, se evitarán más “ferias” y obras fantasmas.

Solo así podremos aspirar a un país que planifica, invierte y progresa, en lugar de sobrevivir año con año bajo el mismo techo lleno de goteras.