El Decreto 07-2025, que contiene la Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, continúa en análisis, dijo el presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa realizada este lunes en el Palacio Nacional de la Cultura.

El decreto fue remitido por el Congreso a la Presidencia el pasado 12 de septiembre, para que se realice el análisis correspondiente, previo a su eventual sanción o veto.

En ese sentido, Arévalo indicó que el análisis del documento sigue en curso y aseguró que el plazo para remitir nuevamente el decreto al Organismo Legislativo vence en los primeros días de octubre.

“El plazo vence el 6 de octubre y estamos en la fase de análisis precisamente, con un énfasis en los temas de posible inconstitucionalidad del decreto”, afirmó Arévalo.

El mandatario explicó que se trata de un análisis exhaustivo, con el propósito de verificar si pudiera existir algún tipo de inconstitucionalidad, por lo que se espera que la evaluación continúe en los próximos días.

Sobre el plazo para devolverlo al Congreso

De acuerdo con el artículo 178 de la Constitución Política de la República, si el presidente decide vetar un decreto, deberá remitirlo nuevamente al Legislativo dentro de los quince días de recibido, y previo acuerdo tomado en Consejo de Ministros, con las observaciones que estime pertinentes, en ejercicio de su derecho de veto.

Sobre ese punto, Roberto Alejos, exconstituyente y expresidente del Congreso, explicó que el artículo 178 de la Carta Magna se refiere a quince días hábiles para que el Ejecutivo analice el decreto.

“Bueno, en este caso este decreto se aprobó por urgencia nacional y entonces el Congreso de la República tiene menos días que un decreto que se aprueba por la vía ordinaria, para enviarlo al Organismo Ejecutivo para su sanción y promulgación, pero el Organismo Ejecutivo tiene los quince días hábiles, digamos, aunque la Constitución no pone la palabra, pero cuando habla de quince días, son días hábiles, de tal manera que el plazo no cambia, aunque haya sido aprobada de urgencia nacional”, puntualizó Alejos.

Alejos también señaló que los plazos de quince días calendario o corridos se aplican en el ámbito judicial, donde todos los días del año son hábiles.

“Cuando se usa la palabra plazos es cuando se confunde con los temas de amparos y judiciales, en donde todos los días son hábiles. Sí, es correcto, el Ejecutivo tiene hasta el 6 de octubre para poder aceptarlo o vetarlo”, afirmó Alejos.

“No contraviene con la Constitución”, según alcalde

A criterio del alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, quien también preside la Anam, el decreto aprobado por el Congreso “no contraviene la Constitución”, ya que su contenido coincide con dos propuestas que fueron presentadas por el Ejecutivo. Por esa razón, considera que no debería haber objeción para su sanción por parte del presidente Arévalo.

“Cuando usted lee el Decreto 07-2025, contiene exactamente lo mismo que el Ejecutivo propuso en dos leyes diferentes. En la iniciativa 6576 de –José Carlos– Sanabria, en el artículo 6 se habla de que los avales deben ser de cinco días; y en el artículo 55 de la propuesta de presupuesto del 2026 de –Jonathan– Menkos –ministro de Finanzas– se dice que los fondos se mantendrán hacia el siguiente año. Entonces, la pregunta es: ¿por qué cuando lo propone Semilla está bien, pero cuando lo propone alguien más, está mal?”, cuestionó Siero.

También aseguró que el Decreto 07-2025 se enfoca en combatir la burocracia, así como la corrupción y las coimas que, según denuncias de alcaldes, provienen de algunas gobernaciones, ministerios e incluso diputados, quienes condicionan la autorización de obras.

“Si el presidente en realidad tiene un compromiso contra la corrupción, lo correcto es sancionar la ley, porque va a resolver tres problemas: vamos a quitar la corrupción en los avales, el chantaje en el Congreso y la corrupción en las gobernaciones”, aseguró.