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Niñez en vórtice de leyes, fronteras y políticas
No se trata solo de un asunto de legalidad, sino de humanidad.
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La niñez suele llevar la peor parte en situaciones de crisis, ya sean emergencias climáticas, conflictos bélicos, rezagos crónicos del desarrollo en sus países y en el drama de la migración. Guatemala conjuga estos dos últimos factores de manera dramática, y el más reciente caso de este vórtice de precariedades, necesidades, anhelos y estrictas políticas antimigrantes puestas en marcha por la actual Casa Blanca, es el de 600 menores guatemaltecos no acompañados, cuyo proceso de deportación para unos, o retorno para otros, desata tormentas jurídicas y políticas en Estados Unidos.
El domingo 31 de julio, la jueza federal Sparkle Leah Sooknanan detuvo el procedimiento de envío hacia Guatemala de un grupo de menores guatemaltecos no acompañados. Autoridades guatemaltecas locales ya habían notificado a familiares para recibirlos. Sin embargo, el vuelo no despegó debido al requerimiento de información de la jueza, a pedido de abogados migratorios en Washington. “Tenemos al gobierno intentando remover a menores no acompañados del país en plena madrugada, durante un fin de semana festivo”, declaró la togada, quien pidió información certificada de que los niños y adolescentes sí cuentan con parientes en Guatemala que habrían solicitado su regreso. El plazo perentorio finaliza el 5 de septiembre.
En todo caso, el gobierno guatemalteco ha ofrecido condiciones de seguridad para el retorno de unos 600 menores no acompañados, detenidos en EE. UU. El criterio que debe primar es el mejor interés de los niños. Permanecer en la incertidumbre de centros de refugio o incluso con familias de acogida puede generar impactos emocionales de por vida, y esto debe evitarse a toda costa, tanto si permanecen en suelo estadounidense como si retornan.
La jueza Sooknanan, de tendencia demócrata, es sensible al tema migratorio, por ser nacida en Trinidad y Tobago, de padres indios, que a su vez la llevaron a Estados Unidos. No ponemos en entredicho su intención, pero a la vez se debe tener claro que el tema migratorio constituye un pulso político. En un proceso de envío de hasta 600 menores guatemaltecos, hay una encrucijada entre la ley, los derechos humanos, el debido proceso, las necesidades emocionales y físicas de los menores, así como el pulso de polarización política.
La Administración Trump argumenta que tiene el derecho de actuar en defensa de su seguridad y estabilidad, aplicando procedimientos de repatriación. Argumentan que estos menores estarán mejor con sus familiares en su país de origen, lo cual no deja de tener razón. En todo caso, es necesario reflexionar sobre el alto riesgo en que los padres pusieron a sus hijos al enviarlos solos a una frontera desconocida, quizá alentados por mentiras de coyotes.
Si los menores guatemaltecos tienen familiares en Guatemala, el Estado debe facilitar su reintegración. Si tienen parientes, con estatus legal, en EE. UU., podrían plantear recursos con abogados locales. Si sus padres son indocumentados, es probable que teman plantear cualquier tipo de reclamo legal, pero no hacerlo es prolongar la incertidumbre. A la larga, el gran cuestionamiento es: ¿cuán mala, peligrosa o deteriorada es la situación de comunidades guatemaltecas como para que los padres prefieran someter a sus hijos a un limbo impredecible a seguir en sus lugares de origen? Lo peor es que, en las actuales circunstancias, llegan a un entorno hostil, en el cual se pueden ver expuestos a padecer situaciones que les roben su único tesoro: su inocencia. Y es que no se trata solo de un asunto de legalidad, sino de humanidad.