Orondo, el presidente del Congreso, Nery Ramos, anunció ayer que el aumento salarial de los diputados quedaba suspendido por “decisión” de la Directiva. Pero es necesario anotar que ello no habría ocurrido sin el persistente y airado reclamo de múltiples sectores ciudadanos, sin contar los recursos legales pendientes de resolver o de debida ejecutoria. Jorge Castro, primer vicepresidente que encabezó la reunión directiva del 4 de febrero, en la cual se pergeñó el acta con la que se pretendió avalar el abuso, dijo ayer, al enmendar la plana, sentirse orgulloso de “responderle al pueblo de Guatemala”. No hubo ni una disculpa ni la mínima contrición. Es más, Castro llamó “nivelación salarial” a la intentona de subirse los ingresos.

Reza un adagio, con metáfora antigua y elocuencia muy actual: “Hay tres cosas que no vuelven: la flecha disparada, la palabra proferida y la oportunidad perdida”. Todos los diputados deberían reflexionarlo, sobre todo esos 87 que la madrugada del 27 de noviembre apoyaron esta medida inconsulta, pero más aún los ponentes que se creyeron muy listos y cuyos nombres figurarán para la historia. Ofrecer disculpas al pueblo de Guatemala habría sido lo más comedido, pero perdieron la oportunidad; hablaron de más al negar el acta convenenciera y dispararon la flecha artera aquella madrugada sobre una ciudadanía dormida.

Los congresistas no deben esperar gracias ni elogios porque era su obligación acabar este vergonzoso entuerto. Ahora resta mejorar el trabajo de legislación y también la fiscalización en la ejecución de recursos. Podrían empezar con una depuración de plazas en ese organismo. Lamentablemente, también en los otros poderes del Estado se cuecen habas y pastelillos de baby shower que en las actuales circunstancias, y tras una historia de abusos, son una afrenta.

No es el monto, sino la acción. En un país con tantas carencias, cada quetzal cuenta. Esto es válido para los legisladores y también para la Casa Presidencial. Sí, la denuncia de diputados opositores acerca de una celebración familiar pagada con fondos de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia puede sonar puntillosa, pero tienen razón porque el discurso de transparencia total y austeridad fue lo que llevó a Bernardo Arévalo a la primera magistratura. No hay lugar para pifias y, si acaso existe alguna una explicación, se debe hacer pública o reintegrar los fondos.

Está bien escudriñar las cuentas palaciegas, y en la misma medida se debe aplicar la criba a la ejecución del botín asignado a los Comités Departamentales de Desarrollo. En pleno siglo XXI es vergonzoso que alcaldes sigan desperdiciando dinero en balastar los mismos caminos de terracería cada año. Tal como lo evidenció un reportaje de Prensa Libre y Guatevisión, tales proyectos son cortoplacistas y altamente sospechosos por su reincidencia, máxime si se fraccionan por menos de Q90 mil para evadir licitaciones. Y pensar que los alcaldes quieren aval para subir la compra directa a Q200 mil, bajo excusas que son puro balasto.

No está de más mencionar la falta de resultados del Ministerio Público en casos de compras millonarias cuestionables, fraudes y obras inconclusas, pero parcialmente pagadas por el gobierno anterior, cuando su titular fue reelegida. La rendición de cuentas necesita de precedentes estrictos y el Organismo Judicial tampoco los está generando. Hay una jueza que más parece abogada, quien cerró el ingreso de la prensa en las audiencias en que absolvió o condonó penas de personajes con los escándalos más jugosos, sin que la Corte Suprema de Justicia ni la Supervisión General de Tribunales intervengan. El repudio al autoaumento de los diputados solo es la punta del iceberg del hartazgo ciudadano contra el despilfarro, la indolencia y la impunidad.