La falta de ubicación y coordinación del bloque gobernante es notoria. En su incapacidad, arrastran al presidente a posiciones donde rebajan su dignidad. Los oficialistas exhiben una falta de conocimiento legal. La proyección de la disputa política se tergiversa para confundir a la opinión pública.

El domingo 26 de los corrientes, el presidente Arévalo llamó enemigos del país a la fiscal general y a un juez lo trató de sicario. Es insólito observar al representante de la unidad nacional injuriar a ciudadanos. ¿Quién le escribió el discurso? Si se deseaba realizar tamaño insulto, muy bien se hubiese encargado a un segundón esa ingrata tarea.

¿Cómo es posible, si se ha desvalorizado al Ministerio Público, que se acuda ante al mismo para reclamar justicia? Para acusar a un juez de prevaricato, se puede entablar una querella directamente en tribunales. Se inicia el proceso y se obtendrá una sentencia para separar al juzgador infiel. De manera directa, sin más trámites. Naturalmente, habrá que prestar fianza de calumnia y someterse a las actuaciones judiciales consiguientes. Al final del proceso, se dictará un fallo sobre el caso.

Pero no. Tres diputados oficialistas se quejan ante el Ministerio Público. Tal oficina es dirigida por otra antagonista. ¡Insólito! Para perseguir a un prevaricador, solicitan la intervención de otro. En efecto, los oficialistas también atacan de prevaricación a la jefa del Ministerio Público. O son ingenuos o no razonan adecuadamente.

Se desconoce cómo defenestrar a funcionarios infieles; pero, también, la separación de poderes, el régimen de legalidad y las garantías en la función pública. Creen que una queja ante la Corte Suprema de Justicia basta para despedir a un juez. Ignoran que, para resolver conforme a derecho, se garantiza la libertad frente a influencias externas, sana crítica, coherencia con la doctrina y apego al consenso jurisprudencial a los juzgadores. Tales garantías son para beneficio de los ciudadanos, no privilegios. Además, someten a los inconformes al régimen de legalidad.

Los güizaches traen a cuenta asuntos ajenos para confundir la disputa. A mitad del período electoral, no es posible anular las elecciones. Además, ¿cuál será la autoridad que efectuará esa maniobra ilegítima? El Tribunal Supremo Electoral (TSE) indica que no se prestará a ilegalidades. Los tribunales ordinarios tienen instancias. Todavía no ha pasado a las salas de Apelaciones y mucho menos existe una audiencia programada en la Corte Suprema de Justicia. Mucho menos en amparo: la Corte de Constitucionalidad (CC) es totalmente ajena a recursos espurios. La corporación armada del gobierno no interviene.

Procede defender la figura presidencial. Los que deben discutir con funcionarios o líderes de segundo nivel son los políticos del partido oficial extinguido. Los oficialistas aliados deben levantar perfiles para los próximos procesos de nombramiento de autoridades: los magistrados del TSE, la CC, el fiscal general, el procurador general de la Nación, el rector de la Usac. Deben controlar el litigio judicial malicioso en esos procesos. Dejar claro que el funcionario con período concluido debe abandonar el cargo. Se debe saber cuándo vence el período del ministro de la Defensa. Y dejar de recurrir a la intervención extranjera.

Los que alborotan el cotarro buscan conseguir financiamiento para influir en esos nombramientos. El régimen de legalidad supone respetar los derechos de los involucrados y rechazar torcer brazos o estrangular a representantes corporativos para conseguir nombramientos impopulares.