Con esa sapiencia que la caracteriza, la Corte de Constitucionalidad decidió dejar de lado la protección ambiental, el cuidado del agua y el gravísimo problema de contaminación de cuencas, ríos y lagos en favor de una autonomía municipal equivalente a que cada quien haga lo que le dé la gana. La CC declaró inconstitucional el Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes aprobado en el 2021 y relegado en su vigencia. Ya se habían dado algunos pasos, lentos, con la presión de esa norma, pero positivos al fin, respecto de la separación de desechos. Pero ahora los avances quedan en el limbo de las abundantes discrecionalidades comuneras.

Están a la vista los resultados deplorables de décadas de autónoma negligencia, autónoma irresponsabilidad y autónoma tiradera de basura a cargo de la inmensa mayoría de los 340 municipios. En lugar de priorizar el bien común, el máximo tribunal escribió quizá su más lamentable legado, con el argumento de que el Ejecutivo se extralimitó al tratar de forzar metodologías que cada alcaldía debe decidir cómo poner en marcha. ¿Sí? ¡Cómo no!

El recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto por un diputado de nombre Ronald Yomelfy Portillo Cordón, viceministro en el anterior gobierno, durante el cual se lanzó el reglamento, pero nunca se echó a andar, para evitar desgastes. Para ser tan joven, el congresista resulta ser bastante indolente sobre el colosal desafío ambiental que enfrenta el país, a pesar de que, según la página oficial del Congreso, es integrante de la Comisión del Ambiente, Ecología y Recursos Naturales. Si tan sensible es a la autonomía, debería ahora proponer una iniciativa para una ley nacional de desechos sólidos vinculante, funcional e integral.

En los libros de Historia deberían figurar los nombres del pleno de magistrados de la CC y del mencionado diputado, como los responsables de derogar el único e incipiente esfuerzo por combatir la proliferación de basura. Así también habría que ver cuánta autonomía tienen las municipalidades que van a tirar sus desechos a rellenos y botaderos en municipios e incluso departamentos vecinos, manejados por el Ejecutivo. Allí sí no existe tal remilgo.

El beneficio ciudadano común resultante de la aplicación de dicha norma debió ser valorado y sopesado para recomendar vías de aplicación parcial. Sin embargo, se ordenó de un plumazo su eliminación del ordenamiento jurídico. A partir de este momento será responsabilidad de los pobladores, las familias y las comunidades proseguir con las convicciones de clasificar los desechos y disponer de ellos de la manera menos dañina posible.

Muchos guatemaltecos, sobre todo los niños y jóvenes, sienten una alta preocupación por el porvenir del entorno en el cual habitamos. Múltiples campañas de educación y formación en hábitos ambientales proactivos se vieron animadas por la vigencia del reglamento ministerial ahora tirado a la basura. La ciudadanía no debería quedarse indiferente ante este limbo, sino exigir a sus alcaldes autónomos los procedimientos por seguir.

Como ya se mencionó anteriormente, la obligación de promover una norma para el tratamiento de los desechos sólidos ha sido históricamente escatimada por sucesivas gestiones legislativas. Quizá por ignorancia o tal vez por conveniencia, para no perder apoyos de alcaldes correligionarios: un regateo imperdonable, por repetitivo, clientelar y, sobre todo, por avalar el descontrol de la basura a escala nacional.