Estados Unidos y el endurecimiento de advertencias contra la narcopolítica en Guatemala
Estados Unidos ha elevado sus advertencias sobre la influencia del narcotráfico en las estructuras políticas de Guatemala y ha anunciado una nueva etapa de cooperación judicial para perseguir no solo a quienes trafican drogas, sino también a funcionarios, políticos y facilitadores que brinden protección a las organizaciones criminales. Los pronunciamientos del gobierno de Donald Trump, […]
Estados Unidos ha elevado sus advertencias sobre la influencia del narcotráfico en las estructuras políticas de Guatemala y ha anunciado una nueva etapa de cooperación judicial para perseguir no solo a quienes trafican drogas, sino también a funcionarios, políticos y facilitadores que brinden protección a las organizaciones criminales.
Los pronunciamientos del gobierno de Donald Trump, las recientes visitas de fiscales federales de ese país y los procesos judiciales contra exalcaldes y familiares de funcionarios actuales en tribunales estadounidenses forman parte de un escenario que ha adquirido mayor importancia en la antesala a los comicios de 2027 en Guatemala.
Y a esto se suman las recientes designaciones y sanciones impuestas por esa administración a los clanes de Los Lorenzana, Los Mendoza y Los Huistas, acusados de trasegar drogas durante años hacia el territorio norteamericano.
«El autogobierno es mucho más que celebrar elecciones, exige defender activamente su soberanía frente a quienes intentan socavarla», dijo a inicios de este mes Jorgan Andrews, encargado de Negocios de la Embajada de EE. UU. en Guatemala, respecto de la intrusión de grupos criminales en la política.
«El narcotráfico y el crimen organizado son ataques directos a la capacidad de Guatemala a gobernarse a sí misma. Los cárteles quieren comprar influencia, intimidar la ciudadanía y fijar la agenda», afirmó el diplomático, y añadió que se está trabajando en conjunto con el Gobierno «para combatir el crimen organizado y a los narcopolíticos que lo facilitan«.
EMBAJADA URGE AUMENTAR VIGILANCIA POR ELECCIONES
Poco antes de esas declaraciones, vertidas durante la inauguración de la American Week, celebrada en la Universidad del Valle, el panorama político había sido sacudido por la suntuosa celebración de quince años de la hija de la alcaldesa de Zacapa, Karen Xiomara Ovalle Madrid.
La Embajada de Estados Unidos ya se había pronunciado públicamente sobre ese evento, al que calificó como una «narcoquinceañera», y recordó los antecedentes judiciales de personas vinculadas al entorno familiar de la jefa edil.
La misión diplomática mencionó a Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, pareja de Ovalle, quien cumplió una condena en aquella nación por conspiración para traficar cocaína, y a Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias «Haroldito», cuñado de la funcionaria, quien es requerido por la justicia estadounidense y por quien se ofrece una recompensa de USD 5 millones (Q38.15 millones, al tipo de cambio actual) .
En sus publicaciones, la Embajada resumió su postura con la frase «Nuestra tolerancia: Cero». Además, remarcó que «de cara a las elecciones de 2027, la vigilancia debe extenderse a todos los niveles: presidencial, legislativo y municipal».
Tal pronunciamiento se añade a una serie de mensajes con los que EE. UU. ha advertido que utilizará sus herramientas diplomáticas, financieras y judiciales para combatir la infiltración de organizaciones criminales en las estructuras de poder.
Las declaraciones se han repetido en diversas ocasiones este año, principalmente tras la resolución de casos contra exalcaldes que enfrentaron a la justicia en el país norteamericano y extradiciones de personas cercanas al entorno de jefes ediles que están en funciones.
«Melito» el guatemalteco acusado de traficar cocaína en cinco países es extraditado a EE. UU.
EE. UU. REFUERZA MEDIDAS CONTRA CLANES DEL NARCOTRÁFICO
Las citadas advertencias se han traducido, además, en nuevas medidas contra organizaciones criminales que operan en el país. El viernes 13 de noviembre, los departamentos de Estado y del Tesoro de Estados Unidos anunciaron acciones contra Los Lorenzana, Los Mendoza y Los Huistas, a quienes vinculan con el tráfico internacional de narcóticos y con los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
El Departamento de Estado designó a Los Lorenzana como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT). Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, impuso sanciones que congelan los bienes de Los Mendoza y Los Huistas en esa nación, por brindar apoyo material y logístico a las mencionadas estructuras mexicanas.
Por medio de su cuenta de X, el secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que «estos tres grupos guatemaltecos tienen estrechos vínculos con los cárteles mexicanos y ayudan a transportar y exportar drogas ilícitas para financiar el terrorismo y la actividad delictiva».
Previamente, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había declarado que «la acción de hoy —viernes 13 de noviembre— expone los vínculos entre organizaciones criminales guatemaltecas políticamente influyentes y organizaciones terroristas extranjeras mexicanasque facilitan el flujo de narcóticos mortales hacia Estados Unidos».
LOS HERMANOS DEL ALCALDE DE DOLORES
En la coyuntura, además del caso de la alcaldesa de Zacapa y sus nexos familiares, se han vuelto a colocar en el ojo público otros expedientes que han alcanzado a personas relacionadas con gobernantes de diferentes municipios.
Uno de los más destacados corresponde a los hermanos del alcalde de Dolores, Petén,Francisco Morales Guerra, quien fue electo en los pasados comicios por la coalición Valor-Unionista.
El 20 de febrero de 2026, el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) informaron sobre la captura con fines de extradición de Carlos Obeniel, Ronald Alexys y Héctor Rubén, todos de apellidos Morales Guerra.
Requeridos por la Corte del Distrito Este de Texas, se les señala de integrar una organización que habría operado desde 2006 hasta mayo de 2024, dedicada al transporte, dirección y administración de actividades de tráfico de cocaína en Honduras, Guatemala y México. Los tres aceptaron su extradiciónen distintas fechas, y el último en hacerlo fue Héctor Rubén, el pasado 7 de agosto.
LOS JEFES EDILES ACUSADOS EN CALIFORNIA
El caso de Roderico Eleazar Ramos Aguilar, alcalde de El Rodeo, y su hermano Exadillas Dionel Ramos Aguilar, jefe edil de Esquipulas Palo Gordo, ambos en el departamento de San Marcos, tiene otra dimensión, pues siguen en sus cargos, pese a que enfrentan señalamientos también por narcotráfico.
Contra ambos pesa una acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de California, por presuntamente integrar una organización dedicada a comprar, procesar y distribuir cocaína desde Guatemala hacia México, con destino final en Estados Unidos.
En abril de 2024, el MP solicitó el retiro de inmunidad para los dos funcionarios y ambos procesos continúan en trámite ante la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones de San Marcos.
De acuerdo con registros públicos, los dos hermanos ya habían enfrentado señalamientos por narcotráfico en 2021. En ese entonces Exadillas Ramos enfrentó una primera solicitud de retiro de antejuicio y Roderico Ramos, figuraba entre los detenidos en una serie de allanamientos.
LOS SENTENCIADOS ESTE AÑO EN EE. UU.
Las advertencias del Gobierno de Estados Unidos sobre la narcopolítica también tienen como telón de fondo distintos procesos judiciales contra exjefes ediles guatemaltecos acusados de participar en estructuras internacionales dedicadas al trasiego de estupefacientes.
Durante este año, tres expedientes contra exalcaldes registraron avances en tribunales de aquella nación. Uno terminó con una condena de más de 27 años de prisión, otro con una declaración de culpabilidad y un tercero con una pena de seis años.
El primero de los casos corresponde a Crysthian Omar Escobar Ángel, exalcalde de El Rodeo, San Marcos, electo en 2019 por el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo). El pasado 7 de abril, un tribunal del Distrito Este de Texas lo condenó a 327 meses de prisión, equivalentes a 27 años y tres meses.
Según el Departamento de Justicia, Escobar Ángel era uno de los cabecillas de una organización que desde 2015 fabricaba, almacenaba y transportaba grandes cantidades de cocaína desde Colombia, a través de Centroamérica y México, hacia EE. UU.
Otro expediente es el de Esvin Fernando Marroquín Tupas, quien fue electo como gobernante de Cuilapa, Santa Rosa, para dos períodos consecutivos, entre 2016 y 2024.
Capturado en julio de 2023, tras perder el derecho de antejuicio, fue extraditado a Estados Unidos el 16 de mayo de 2024. En agosto de 2025 se declaró culpable de conspiración para distribuir cocaína y admitió haber participado en el trasiego de al menos 450 kilogramos; el 10 de agosto de este año recibió una condena de 72 meses de prisión, equivalentes a seis años, en el Distrito Este de Texas.
En enero de 2023, cuando aún era alcalde, alabó al entonces mandatario Alejandro Giammattei durante una actividad local y expresó que “uno tiene que estar en la teta que tiene leche y aquí la que tiene leche es la del señor presidente”.
EL EXALCALDE QUE ESPERA CONDENA
También está el caso de Romeo Ramos Cruz, quien gobernó Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, durante el periodo 2020-2024, electo por el Partido Productividad y Trabajo (PPT).
Fue capturado el 15 de mayo de 2025 y extraditado a Estados Unidos el 4 de agosto de ese año. La Fiscalía lo acusa de coordinar la logística para introducir 500 kilogramos de cocaína en Guatemala, ocultos en un cargamento simulado de cemento destinado a proyectos municipales.
Según las autoridades, el entonces jefe edil habría elaborado una carta con membrete de la comuna para facilitar el ingreso de la droga sin inspección aduanera.
En julio de este año se declaró culpable de conspiración para traficar cocaína. Su audiencia de sentencia está programada para el próximo 2 de diciembrey enfrentaría una pena que puede ir de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.
EE. UU. REFUERZA POSTURA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Tras cada uno de los citados casos, la Embajada de EE. UU. ha fijado una postura de «cero tolerancia» al narcotráfico y ha destacado la importancia del trabajo conjunto con las autoridades de Guatemala para combatir el flagelo. Este año, con el desarrollo de elecciones de segundo grado y la cercanía de los próximos comicios, esos mensajes han incrementado.
Las acciones recientes contra los clanes de Los Lorenzana, Los Mendoza y Los Huistas son una muestra del alcance de las advertencias del Gobierno estadounidense, y el mismo presidente Bernardo Arévalo lo reconoció, durante su conferencia de prensa de este viernes 13 de noviembre.
«Creo que todos estamos viendo que la designación se hace en el marco de una visita del fiscal general —Gabriel García Luna— a los Estados Unidos», expresó el mandatario, pocas horas después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. informó sobre una reunión el jefe del MP, y que los departamentos de Estado y del Tesoro hicieran públicas las mencionadas sanciones.
El pasado 13 de septiembre, la Embajada de EE. UU. había señalado que el gobierno de Donald Trump utilizaría todos los mecanismos a su alcance para identificar y sancionar a funcionarios que favorezcan operaciones de narcotráfico desde sus cargos.
La postura se reforzó nueve días después, cuando una delegación de fiscales estadounidenses visitó Guatemala para reunirse con el presidente Bernardo Arévalo; el fiscal general, Gabriel García Luna, y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.
La comitiva también estuvo integrada por funcionarios del Departamento de Justicia, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
El objetivo anunciado fue fortalecer la cooperación para investigar estructuras criminales transnacionales, perseguir sus recursos financieros y preparar casos penales que puedan ser juzgados en tribunales estadounidenses. Además, se mencionó entre las prioridades perseguir a quienes brinden protección a estas organizaciones, incluidos «políticos vinculados al narcotráfico».
«No hay refugio seguro para quienes se benefician del narcotráfico, la extorsión y el lavado de dinero, sin importar el cargo que ocupen», expresó en aquel entonces el encargado de Negocios, Jorgan Andrews, mientras que fiscal Ryan Raybould describió la visita como el inicio de una nueva etapa de cooperación entre ambos países.
Por su parte, el jefe del MP, García Luna, reconoció que el narcotráfico ya no se limita al traslado y comercialización de drogas, pues las estructuras también necesitan movilizar, ocultar e incorporar sus ganancias a circuitos aparentemente legales, con lo cual coincidió el titular de la cartera del Interior.
ANTECEDENTES EN EL PODER LOCAL LLEVAN MÁS DE TRES DÉCADAS
En este contexto, no solo destacan procesos que salpican a autoridades municipales actuales, sino también otros antecedentes de exalcaldes señalados en investigaciones estadounidenses por narcotráfico.
Uno de los primeros casos emblemáticos en el país fue el de Arnoldo Vargas Estrada, jefe edil de Zacapa electo por el extinto partido Unión del Centro Nacional para el periodo 1986-1990 y aunque ganó la reelección no logró mantenerse en la silla edil, ya que fue capturado en diciembre de 1990 y extraditado a Estados Unidos en 1992.
Allá fue condenado a 30 años de cárcel y después de una reducción de su condena, regresó a Guatemala en 2017. Intentó volver a la política mediante un comité cívico, pero no tuvo éxito. Murió el 8 de octubre de 2025.
Fallece exalcalde de Zacapa extraditado y condenado en EE. UU. por narcotráfico en década de 1990
Otro antecedente es el de Erik Salvador Súñiga Rodríguez, alias «El Pocho», quien dirigió Ayutla, San Marcos, durante tres periodos consecutivos, entre 2008 y 2019.
Las autoridades de EE. UU. lo identificaron como fundador y cabecilla de la organización Los Pochos, señalada de enviar toneladas de droga desde Guatemala hacia el cartel de Sinaloa.
En diciembre de 2019 se entregó a la DEA en México y se declaró culpable de conspiración para traficar cocaína. Murió en abril de 2020, mientras permanecía bajo custodia estadounidense, antes de recibir sentencia.
Las investigaciones sobre esa estructura también alcanzaron a Juan José Morales Cifuentes, alias «Pancho», esposo de la actual alcaldesa de Ayutla, Isel Aneli Súñiga Morfín, también hija de Erik Súñiga.
Morales Cifuentes fue capturado en Mixco en diciembre de 2023 y extraditado a Estados Unidos en mayo de 2024. En julio de 2026 se declaró culpable de conspiración para el narcotráfico y el trasiego de cocaína. Como parte de su acuerdo con la Fiscalía estadounidense, aceptó entregar USD 1 millón en efectivo (Q7.63 millones, al tipo de cambio actual) obtenido de actividades ilícitas.
Por su parte, Isel Súñiga fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC)de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con la misma estructura criminal. Las autoridades de aquella nación también han señalado que Morales Cifuentes y su esposa habrían utilizado sus conexiones políticas para beneficiar a «Los Pochos».
Estados Unidos sanciona a "Los Pochos", supuestos narcotraficantes de GT
EL PARIENTE DE LAS NAVARIJO
Asimismo, está el caso de Carlos Danilo Preciado Navarijo, exalcalde de Ocós, San Marcos, capturado en Panamá en enero de 2021 y extraditado a Estados Unidos ese mismo año. En septiembre de 2024 fue condenado a 10 años de prisión por conspiración para traficar cocaína.
Según las autoridades norteamericanas, el político habría aprovechado la ubicación fronteriza de Ocós para realizar transacciones de narcóticos con destino a EE. UU.
En 2023, aunque ya estaba detenido en aquel país, logró inscribirse como candidato a alcalde por el comité cívico La Plantía, pero posteriormente el Registro de Ciudadanos rechazó su participación. El político es hermano de la diputada Vivian Preciado Navarijo e hijo de Edilma Navarijo, alcaldesa de La Blanca, quienes militaron en su momento en la Unión del Cambio Nacional (UCN), el partido de Mario Estrada.
Al grupo familiar le antecede también el caso de Alma Lucrecia Hernández Preciado, conocida como «La Tía», quien fue condenada en Estados Unidos a 30 años de cárcel por organizar y trasladar cargamentos de droga desde Sudamérica hacia México.
ALERTAS SUBEN DE TONO ANTES DEL PROCESO ELECTORAL
Con las elecciones generales de 2027 en el horizonte, las advertencias sobre la incursión del narcotráfico en la política se han convertido en un tema relevante en el país.
Las mismas autoridades lo reconocieron en la reciente visita de los fiscales estadounidenses, en la cual se habló del impacto que habría en el financiamiento de las campañas, las relaciones entre actores políticos y estructuras criminales, así como el intento de usar instituciones públicas para favorecer actividades ilícitas.
Distintas organizaciones partidarias consultadas por La Hora han hecho ver que aunque mantienen «filtros», como la solicitud de antecedentes penales y policiacos, revisiones en Google y seguimiento de hojas de vida, para evitar que actores cuestionados lleguen a sus filas; no obstante, también han reconocido que no cuentan con la capacidad para garantizar que nadie se infiltre.