Fraude Usac: el silencio del Gobierno, la reunión con Walter Mazariegos y el voto de la magistrada Rivera por Banguat
Cinco fuentes del Ejecutivo atribuyen a Ana Glenda Tager, secretaria privada de la Presidencia, acercamientos con Walter Mazariegos en vísperas de la renovación de la Corte de Constitucionalidad y al menos una reunión presencial. Los testimonios apuntan a un posible entendimiento para reducir la confrontación pública del Gobierno frente al segundo fraude en la Universidad […]
Cinco fuentes del Ejecutivo atribuyen a Ana Glenda Tager, secretaria privada de la Presidencia, acercamientos con Walter Mazariegos en vísperas de la renovación de la Corte de Constitucionalidad y al menos una reunión presencial. Los testimonios apuntan a un posible entendimiento para reducir la confrontación pública del Gobierno frente al segundo fraude en la Universidad de San Carlos (Usac), en un contexto de negociaciones por los votos de la máxima corte. La Presidencia y Tager niegan haber intervenido para favorecer al rector.
El pasado 8 de octubre, la magistrada Julia Rivera votó a favor de suspender provisionalmente el nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banco de Guatemala (Banguat), una resolución que dejó sin efecto su designación y las actuaciones realizadas durante los ocho días que estuvo al frente de la banca central. La magistrada respaldó la decisión junto a sus pares, Roberto Molina Barreto y Dina Josefina Ochoa, en contra del criterio de la presidenta de la Corte de Constitucionalidad (CC), Annabella Morfin, y de la togada Astrid Lemus.
El voto vuelve sobre una de las incógnitas que rodean la elección de Rivera como magistrada titular de la CC por el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), dirigido por Walter Mazariegos. De las cinco fuentes, dos cercanas al despacho presidencial, coinciden en que los acercamientos entre el rector y la secretaria privada del presidente Bernardo Arevalo habrían estado vinculados con la expectativa de asegurar un tercer voto favorable al Gobierno en la Corte. Sin embargo, Rivera ha respaldado decisiones que han afectado al Ejecutivo, incluida la que suspendió el nombramiento de Menkos.
El entendimiento descrito por las fuentes coincide con un cambio en la postura pública del presidente. Antes de llegar al poder, Arévalo condenó la elección que llevó a Mazariegos a la rectoría de forma fraudulenta y aseguró que «nunca sería rector». Ya en el Gobierno, —en medio de la elección de magistrados de la CC— su discurso perdió contundencia frente al segundo fraude universitario: mientras Mazariegos consolidaba su continuidad en la Usac, el mandatario ahora sí apelaba a la “autonomía universitaria” y a la intervención de los tribunales para resolver las denuncias por irregularidades.
Ahora, los votos de la magistrada Rivera permiten leer si los entendimientos se materializaron.
ARÉVALO CONDENÓ EL FRAUDE ANTES DE LLEGAR AL PODER
El primer fraude electoral que llevó a Mazariegos a la rectoría se consumó el 14 de mayo de 2022, después de que la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ordenara integrar el Cuerpo Electoral Universitario sin los siete cuerpos que habían sido excluidos por el CSU. Ese mismo día, el entonces diputado Bernardo Arévalo cuestionó públicamente el proceso.
Arévalo sostuvo que el entonces rector en funciones, Pablo Oliva, y Mazariegos estaban entregando a las mafias más de 70 años de autonomía universitaria y más de 300 años de dignidad política. «Una Usac que ha sido factor para el desarrollo de país, quieren convertirla en guarida de corruptos y ladrones. #Fraude», escribió en su cuenta de X.
Tras consumarse la elección, el entonces diputado describió la llegada de Mazariegos a la rectoría como un ejemplo del funcionamiento del pacto de corruptos y una antesala de lo que, a su juicio, podía ocurrir en las elecciones generales de 2023: un sistema represor, violento y autoritario dispuesto a mantenerse en el poder. Arévalo salió triunfante de ese proceso electoral, en medio de intentos de un golpe de Estado para impedir su toma de posesión.
El 6 de junio de 2023, durante un foro de candidatos presidenciales organizado por la Usac al que no fue invitado, Arévalo volvió a cuestionar la situación de la universidad. «Giammattei capturó la USAC. Mazariegos es un rector ilegítimo. Quienes participaron en este foro demuestran que están del lado de la corrupción y el autoritarismo. Yo estoy con los estudiantes», afirmó.
Tres días después, cuando concluyó la toma de las instalaciones universitarias en rechazo al fraude, el entonces candidato escribió: «La Usac está abierta, Mazariegos nunca será rector. Dos oraciones que simplemente son la realidad. La lucha no acaba. ¡Que viva el estudiantado!».
Las declaraciones muestran la contundencia con la que Arévalo cuestionaba a Mazariegos antes de llegar a la Presidencia. La evolución de esa postura es uno de los puntos centrales de los señalamientos sobre los acercamientos que, según fuentes del Ejecutivo, se habrían producido durante su Gobierno.
EL CASO «TOMA DE LA USAC» COMO PARTEAGUAS
La disputa por la rectoría de la Usac trascendió el ámbito universitario y se convirtió en uno de los frentes de la crisis política que puso en riesgo la toma de posesión de Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, prevista para el 14 de enero de 2024.
En noviembre de 2023, en medio de los intentos por revertir los resultados electorales, el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras —sancionada por 44 países por señalamientos de corrupción y acciones antidemocráticas—, abrió el caso «Toma de la Usac: Botín político» contra estudiantes, académicos, activistas y dirigentes vinculados con las protestas que rechazaron la elección de Mazariegos como rector.
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La Fiscalía solicitó retirar la inmunidad de Arévalo, Herrera y varios diputados, a quienes señaló de utilizar la toma universitaria como plataforma política. Las actuaciones se produjeron después de semanas de incertidumbre sobre la transición presidencial y de cuestionamientos acerca de si el binomio electo podía ser procesado antes de asumir sus cargos. El caso incluyó órdenes de captura y allanamientos contra personas vinculadas con la resistencia universitaria. Organizaciones internacionales advirtieron que la investigación profundizaba la criminalización de la oposición y podía impedir que las autoridades electas asumieran el 14 de enero.
Arévalo y Herrera rechazaron las acusaciones y defendieron las protestas como una respuesta a las irregularidades en la elección de Mazariegos, no como una actividad delictiva. La disputa colocó así en el centro del debate tanto la legitimidad de la rectoría como el uso de la persecución penal contra quienes cuestionaban el proceso universitario.
Aquel antecedente resulta relevante para examinar el cambio posterior del discurso presidencial: el mismo Arévalo que había denunciado la elección de Mazariegos y defendido a quienes se oponían a ella terminó apelando, ya en el Gobierno, a la autonomía universitaria y a la intervención de los tribunales para resolver la crisis.
LA MESURA DEL DISCURSO FRENTE AL SEGUNDO FRAUDE
La Hora documentó cómo Mazariegos consolidó su control sobre el Consejo Superior Universitarios, las juntas directivas de las facultades y los tribunales electorales de colegios profesionales para encaminar su reelección, denunciada también de fraude. El proceso incluyó exclusión de planillas, cancelación de votaciones y el incumplimiento de resoluciones judiciales que ordenaban renovar autoridades universitarias.
En la nota «Control del CSU y facultades, exclusiones y violencia: Así ha tramado Walter Mazariegos el segundo fraude», este medio detalló cómo el control del Consejo permitió apartar a sectores de oposición y favorecer la participación de electores cercanos al rector. Antes de la elección del 8 de abril de 2026, el CSU excluyó a 16 de los 21 cuerpos electorales que habían obtenido la oposición en distintas facultades y colegios profesionales. Al mismo tiempo, autorizó la participación de electores vinculados con Mazariegos que habían perdido votaciones o cuyos procesos debían repetirse por orden judicial.
La elección también estuvo acompañada de episodios de tensión y violencia. Estudiantes denunciaron persecuciones durante las votaciones, se registró un incidente en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y grupos afines a Mazariegos tomaron el campus central.
Pese a esos antecedentes, Arévalo no mantuvo durante el segundo proceso electoral el mismo tono de condena que había empleado antes de llegar al poder. Las cinco fuentes, que laboran en el Palacio Nacional, consultadas por La Hora atribuyen ese cambio a la influencia de Ana Glenda Tager y a los acercamientos que, según sus testimonios, habría sostenido con Mazariegos y miembros del CSU.
Las fuentes sitúan esos contactos en el contexto de la renovación de la CC para el período 2026-2031. De acuerdo con las dos fuentes cercanas al despacho presidencial, los acercamientos habrían estado marcados por la expectativa de conseguir un tercer voto favorable al Gobierno, que contaría con el respaldo de las magistradas Annabella Morfin —designada por Arévalo— y Astrid Lemus —electa por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) por medio de una planilla afín al Gobierno—.
Ese tercer voto, según las fuentes, sería el de Rivera, electa por el CSU que encabeza Mazariegos. La expectativa de respaldo en la Corte habría coincidido así con un cambio en la posición pública del Ejecutivo frente al rector y las denuncias por las irregularidades que permitieron su reelección.
LA ELECCIÓN DE RIVERA Y LA DENUNCIA
El 16 de febrero pasado, el CSU eligió a Julia Rivera y Luis Aguirre Pumaycomo magistrados titular y suplente de la CC, respectivamente, para el período 2026-2031. La decisión se tomó en una sesión a puerta cerrada, con una mayoría favorable a Mazariegos y en medio de cuestionamientos sobre la vigencia de los cargos de integrantes del Consejo.
La designación de Rivera también fue objeto de señalamientos. Una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público (MP), junto con cuestionamientos de sectores de oposición universitaria, puso en duda una certificación con la que habría acreditado experiencia docente en la Facultad de Humanidades.
Según los señalamientos, la constancia consignaba su ingreso como profesora interina en diciembre de 2012, aunque esa experiencia no encontraría respaldo en los registros financieros de la universidad. También se cuestionó que Rivera hubiera omitido en su declaración jurada una sanción judicial que, según la denuncia, debía informar.
A esos cuestionamientos se sumaron sus vínculos con autoridades universitarias. Rivera fue esposa de Luis Cordón, actual secretario general de la Usac, quien participó en el proceso del CSU que la eligió. También se cuestionó que la designación se realizara con un Consejo cuyos integrantes tenían cargos vencidos y que había sido señalado por incumplir órdenes judiciales para renovar parte de su integración.
El 10 de marzo, el CSU debía conocer cuatro impugnaciones contra las designaciones de Rivera y Aguirre Pumay. Los recursos cuestionaban tanto el proceso electoral como aspectos relacionados con los expedientes de los dos candidatos. Rivera y Aguirre habían sido electos con 23 y 24 votos, respectivamente.
Dos días después, el 12 de marzo, el Consejo rechazó las impugnaciones y mantuvo en firme las designaciones. El órgano universitario, encabezado por Mazariegos, ratificó así su decisión de enviar a Rivera como magistrada titular de la CC.
El Gobierno de Arévalo no se pronunció públicamente sobre esas impugnaciones ni sobre los cuestionamientos relacionados con la designación de Rivera.
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TAGER NIEGA REUNIRSE CON MAZARIEGOS
La Hora consultó al área de comunicación de la Secretaría Privada de la Presidencia sobre los señalamientos de las fuentes que atribuyen a Tager reuniones con Mazariegos antes de la elección de magistrados de la CC.
La Secretaría aseguró que Tager «no ha tenido reuniones con el señor Walter Mazariegos, ni previo, ni durante, ni después». También negó que hubiera existido un encuentro con representantes de la Usac en el que ambos participaran: «Estas reuniones nunca existieron».
La dependencia también fue consultada sobre la postura de Tager frente a las denuncias de fraude en la elección de Mazariegos y sobre si consideraba que el rector había llegado dos veces al cargo de manera ilegal.
En su respuesta, indicó que coincide con la posición del Gobierno y que la Usac «merece autoridades legítimas electas en un proceso transparente y apegado a la ley». Añadió que la postura institucional quedó reflejada en la apelación presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) ante la CC, en la que, según la Secretaría, se señalaron graves falencias, plazos vencidos y falta de quórum en la elección de Mazariegos.
DE CUESTIONAR A MAZARIEGOS A APELAR LA AUTONOMÍA
El pasado 23 de junio, Arévalo aseguró que Mazariegos no podría asumir nuevamente la rectoría de la Usac porque carecía de un finiquito vigente de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y tenía 17 denuncias en investigación ante el MP. El mandatario sostuvo que, desde la interpretación del Ejecutivo, la ausencia de ese requisito impedía que el rector tomara posesión y que debía buscarse una salida que garantizara un proceso legítimo.
El 26 de junio, la PGN —quien vela por los intereses del Estado— presentó una apelación relacionada con el proceso electoral, pero la CC suspendió el trámite del amparo.
El 1 de julio, cuando Mazariegos asumió un segundo período para 2026-2030, Arévalo reconoció que habían existido irregularidades en el proceso que permitió la reelección, pero afirmó que las acciones legales promovidas por el Gobierno ya estaban en marcha y que correspondía a la CC y a los jueces resolver el futuro de la universidad. El presidente apeló al respeto de la “autonomía universitaria” y sostuvo que no correspondía al Ejecutivo elegir a las autoridades de la Usac.
Mazariegos asumió para un segundo mandato después del cambio de fiscal general en el MP. Sin embargo, el Ejecutivo no anunció públicamente nuevas denuncias contra el rector por el segundo fraude tras la salida de Consuelo Porras del ente investigador.
Ante las preguntas de La Hora sobre el silencio presidencial, la Presidencia rechazó esa interpretación. Aseguró que Arévalo se había pronunciado en distintas ocasiones y recordó que el mandatario cuestionó la reelección en abril, llamó al sector justicia a resolver las denuncias por irregularidades y defendió a los estudiantes.
El Ejecutivo también señaló que había promovido acciones ante la CC. Según la respuesta oficial, el 6 de julio interpuso un amparo para solicitar que se declarara ilegal el proceso.
La Presidencia sostuvo que esas actuaciones demuestran que no existe un «silencio» del mandatario, sino una postura condicionada por el respeto a la autonomía universitaria y a la independencia de las instituciones encargadas de investigar y juzgar.
La versión oficial contrasta con el discurso que Arévalo mantuvo antes de llegar al poder, cuando calificó de ilegal e ilegítima la elección de Mazariegos y aseguró que «nunca sería rector». Aunque el Gobierno promovió acciones legales, el mandatario terminó remitiendo el conflicto a los tribunales y apelando a la autonomía universitaria.
Las fuentes consultadas por La Hora atribuyen ese cambio a la influencia de Tager y a los acercamientos que, según sus testimonios, habrían estado vinculados con la búsqueda de respaldo en la CC por medio del voto de la magistrada Rivera. La secretaria privada niega haber sostenido reuniones con Mazariegos.
LOS VOTOS DE RIVERA EN CONTRA DEL GOBIERNO
La actuación de Rivera en la CC permite examinar qué ocurrió con las negociaciones para conseguir un tercer voto favorable al Gobierno. Desde que asumió como magistrada, ha respaldado junto a Molina Barreto —electo por las bancadas del Congreso de la UNE, Vamos, Todos, Cabal, Viva, Unionista, entre otras— y Ochoa —electa por el bloque dominante de la Corte Suprema de Justicia— resoluciones que han afectado al Gobierno de Arévalo.
Uno de esos casos fue el amparo que modificó el puntaje de los aspirantes a fiscal general con carrera judicial. Los tres magistrados votaron a favor de la resolución, que afectó al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, —el favorito de Arévalo para liderar el MP— quien quedó excluido del proceso al no alcanzar la nota mínima para integrar la nómina de candidatos elegibles.
El 1 de abril, los magistrados también decidieron suspender el Acuerdo Gubernativo 65-2025, mediante el cual Arévalo buscaba retirar por completo la reserva formulada por Guatemala al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
El 11 de septiembre, la CC ordenó al Ejecutivo despejar los bloqueos relacionados con el aumento de los combustibles y advirtió que, de no cumplirse la resolución, debía destituirse al titular del Ministerio de Gobernación.
La decisión más reciente llegó el 8 de octubre, cuando Rivera votó a favor de suspender provisionalmente el nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banguat y de la Junta Monetaria.
Menkos, exministro de Finanzas y diputado oficialista con licencia, había asumido el cargo el 1 de octubre. El Cacif y el diputado opositor Allan Rodríguez impugnaron su nombramiento al considerar que no cumplía con los requisitos legales para ocupar la presidencia del banco central mientras conservaba su condición de diputado.
El Ejecutivo había defendido la designación con el argumento de que el Congreso autorizó a Menkos a ausentarse de su curul para asumir como ministro de Finanzas en enero de 2024. Sin embargo, Rivera, Molina Barreto y Ochoa consideró procedente suspender provisionalmente el nombramiento y dejó sin efecto las actuaciones realizadas durante los ocho días en que Menkos estuvo al frente de la institución.
La resolución fue aprobada por los tres magistrados. Mientras que Morfin y Lemus votaron en contra. La Corte ordenó al presidente realizar una nueva designación y dispuso que, mientras tanto, asumiera temporalmente el vicepresidente del Banguat, José Alfredo Blanco Valdés.
El voto de la magistrada Rivera es el ejemplo más reciente de una resolución adversa al Gobierno. Mientras Arévalo pasó de condenar la llegada de Mazariegos a la rectoría a apelar a la autonomía universitaria, la magistrada ha respaldado resoluciones que han afectado al Gobierno, incluida la suspensión del nombramiento de Menkos.
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