Ciudad de Guatemala, 17 jul. (AGN).- La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que planteó un amparo por la paralización de operaciones ytoma ilegal de la Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz por parte del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG).

La entidad indicó que actuó en respuesta a una solicitud del Ministerio de Educación (Mineduc) por lo suscitado.

En cuanto al actuar del STEG para la toma de las instalaciones, la PGN indicó:

Estas acciones no tienen cabida en un Estado de derecho.

Con esta acción se busca frenar la afectación de los servicios públicos esenciales que legalmente el Ministerio de Educación está obligado a prestar, ya que esta dirección es el brazo del Mineduc para operar en ese departamento verapacense.

El amparo señala que la intrusión repercute en el derecho a la educación de la niñez y adolescencia en la región, así como en la vulneración al derecho de libre locomoción y libre acceso a las dependencias del Estado.

#ComunicadoPGN | PGN plantea amparo para proteger derechos de la población en Alta Verapaz 📃❗️ pic.twitter.com/42VxEgqIu6

— PGN Guatemala (@PGNguatemala) July 18, 2024

Sobre el incidente

Según condenó esta tarde la ministra de Educación, Anabella Giracca, el STEG intervino en el funcionamiento de la Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz por inconformidades sobre la designación del director de esa unidad.

Giracca subrayó que el proceso se dio con transparencia y velando por el mejor candidato para el cargo. Enfatizó también que su gestión al frente del Mineduc ha intentado en varias ocasiones entablar diálogo con los sindicatos, sin embargo no se ha obtenido frutos dada la respuesta de los dirigentes de estos grupos.

No cederemos ante presiones ilegales e ilegítimas y que el director departamental continuará en su cargo, como cualquier otro funcionario, en tanto cumpla efectivamente con sus responsabilidades.

La ministra apuntó a que la designación de directores departamentales de Educación no requieren del aval de ninguna dirigencia sindical y que se actuará en cumplimiento de la ley y de los intereses de la comunidad educativa.

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