Guatemala no es el único país con desafíos en la separación de basura, de hecho, varios países de Centroamérica también han intentado establecer sus propias normativas desde años anteriores, pero enfrentan obstáculos similares.

Las iniciativas en papel para la gestión de los residuos existen, pero la falta de infraestructura, de regulaciones claraspromovidas por municipalidades y de conciencia ciudadana, han dificultado su implementación efectiva en la región.

Guatemala intentaría clasificar todavía más la basura desde el 11 de febrero del 2025, pero la medida no se cumplió, y una semana después la capital se paralizó por una masiva protesta por grupos de recolectores y recicladores.

No obstante, no es una resistencia única. La situación también se refleja en otras naciones de la región. ¿Qué tan avanzados están a comparación de Guatemala?

El Salvador: en marcha, pero sin obligatoriedad

En El Salvador la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje busca promover la separación de desechos, pero aún no se ha implementado de manera obligatoria.

La mayoría de los municipios depende de vertederos a cielo abierto, y aunque hay esfuerzos de reciclaje, estos se llevan a cabo en su mayoría por iniciativas privadas y organizaciones no gubernamentales.

Los salvadoreños creen que se debe clasificar la basura en los hogares, pero solo la tercera parte lo hace, según la encuesta más reciente de agosto del 2024.

Los principales resultados mostraron que el 33.8% de los entrevistados respondieron que “sí, siempre” separan la basura que se genera en su hogar, entre desechos orgánicos y no orgánicos. Otro 30.4% de la muestra contestó que “a veces”, y el 35.5% respondió que nunca lo hace.

A pesar de que ni la separación de la basura, ni el reciclaje, son una práctica generalizada, más de la mitad afirmó estar consciente de que la basura plástica es principal fuente de contaminación de cuerpos de agua, como ríos, lagos y océanos.

Incluso un 82.2% afirmó que “hay más inundaciones” que antes en sus comunidades, asociado a la acumulación de basura en los tragantes.

Honduras: sin una efectiva separación de residuos

Honduras enfrenta problemas similares los de Guatemala y El Salvador.

A pesar de algunas campañas para promover el reciclaje, la separación de basura no es un proceso generalizado.

Si bien cuentan con Reglamento para el Manejo Integral de Residuos Sólidos desde el 2011, este tampoco exige a los ciudadanos la separación obligada de los desechos.

El marco legal para la gestión de desechos en Honduras está disperso en varias instituciones y, además de que es básico, están ausentes las políticas y estrategias específicas o unificadas, lo que dificulta la coordinación entre el sector y finalmente, con los vecinos.

Así lo describe un diagnóstico del 2016 sobre el proceso de gestión que trabajó la sección de Ambiente de las Naciones Unidas junto a otras entidades locales. En este se resalta también que la infraestructura para su gestión sigue siendo limitada.

A diferencia de Guatemala, Honduras no cuenta con una política nacional para la gestión de residuos, lo que resta fuerza a sus otros instrumentos legales.

En el 2014 se creó una guía dirigida a las municipalidades para que tuvieran mayor nivel en la toma de decisiones y se encargaran de promover la metodología de las ‘3R’s’ (reducir, reutilizar y reciclar). Sin embargo, esa cultura de reciclaje sigue sin permear en las comunidades.

De manera general, los estudios revelan que si bien no hay datos periódicos sobre cuánta población hondureña separa la basura que produce desde sus hogares, otros indicadores reflejan lo débil o lo poco que se gestionan los residuos sólidos. Uno de estos indicadores es el destino final de la recolección.

En Honduras, por ejemplo, según datos de municipios evaluados en el 2018, solo el 8.4% de la población tenía acceso a rellenos sanitarios, otro 38.14% en botaderos controlados y el dato más elevado, es que en el 49% su basura llega a botaderos a cielo abierto.

Es similar a Guatemala, donde la disposición final más utilizada es la misma, pues la basura se arroja sin tratamiento sanitario.

Según la ONU (2018), esta técnica es perjudicial a nivel global, ya que estos vertederos generan gases de efecto invernadero debido a la descomposición de materia orgánica y representan un riesgo de combustión.

Otro indicador clave en las zonas urbanas es la existencia de botaderos clandestinos y en áreas rurales, que se acostumbra a quemar o enterrar la basura, por lo que las estimaciones de la generación real de residuos podrían ser mayor.

Nicaragua: esfuerzos sin impacto a nivel nacional

En Nicaragua, la separación de residuos ha sido promovida por algunas municipalidades y organizaciones no gubernamentales, pero no hay un sistema nacional obligatorio.

A pesar de iniciativas para reducir los desechos plásticos, el país sigue dependiendo en gran medida de vertederos abiertos y rellenos sanitarios sin una gestión eficiente de los residuos reciclables.

La recolección de residuos se realiza en 120 de los 153 municipios mediante camiones operados por las autoridades municipales.

Sin embargo, prácticas como el entierro de basura por parte del 3.7% de las familias, especialmente en áreas rurales, y el uso limitado del compostaje (0.5% a nivel nacional) indican una separación de residuos poco desarrollada, según un informe del 2019.

Costa Rica: avance en conscientización

Costa Rica es el país centroamericano que tuvo más previsión del reciclaje y la separación de basura. En 1995 aprobó la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Su proceso ha sido más gradual, considerando que tiene más tiempo de haberse enfocado en el tema, estableciendo centros de acopio y plantas de reciclaje.

Sin embargo, aunque cuenta con regulaciones que exigen la clasificación de residuos en distintos contenedores y promueve el reciclaje a través de programas municipales, el hábito de la separación aún es ausente.

Un sondeo de finales del 2024 elaborado por la Universidad Nacional (UNA) en apoyo de los Ministerio de Ambiente, Salud y Energía del país, muestra que similar a Guatemala, existe resistencia para la clasificación y lo singular es que las razones son bastantes parecidas.

Según los datos, un 57% de encuestados no separa residuos sólidos como una tarea cotidiana por falta de conocimiento o tiempo.

En contraste, el sondeo permitió entender que las personas sí son conscientes de la importancia del tema con un 95% de encuestados que consideró que sí era importante entregar la basura separada y preparada para facilitar su reciclaje.

Mientras que un 15% expresó que daba igual no hacerlo porque es una tarea en puntos de recolección, y un 10% dijo que no lo hacía porque “todo termina revuelto”.

Panamá: normativas vigentes, pero con dificultades en la aplicación

Panamá también es otro de los países que cuenta con una normativa que pide separar residuos desde el 2018, pero su aplicación ha sido desigual.

Aunque en la capital y en algunas comunidades hay programas de reciclaje, la infraestructura sigue siendo insuficiente y, de nuevo, la concienciación ciudadana es un desafío.

Al igual que el resto de los países, tanto en las áreas urbanas como en contextos rurales, el manejo de residuos recae sobre los municipios.

Una evaluación en Tonosí, un municipio de Panamá que se tomó como referencia en el 2021, marca lo mismo sobre la limitada clasificación, infraestructura y tecnología avanzada.

No obstante, se resalta que existen esfuerzos por juntas comunales y vecinos que pagan por el servicio de recolección de residuos que, en el mejor de los casos, son llevados a los vertederos, y en el peor, se queman, o se disponen clandestinamente en ríos y costas.

Guatemala: mismos desafíos que gran parte de la región

En Guatemala, la Ley para la Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos estableció en el 2021 la separación de la basura, pero aún sigue frenada.

La ausencia de un sistema de recolección diferenciado desde hogares, recolectores y disposición final en vertederos, han impedido que la medida se vuelva una práctica generalizada.

Las comunas representadas en la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) rechazan modificar el reglamento actual y, por el contrario, busca reemplazarlo por uno nuevo, pese a que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) mantiene su posición de que el reglamento actual sigue en firme.

El próximo 27 de febrero del 2025, los sectores tienen programada una reunión para comenzar a debatir sus diferencias sobre la normativa.

Esta comparativa entre países muestra que si bien Guatemala enfrenta dificultades en la separación de residuos, no es un caso aislado en Centroamérica.

Aunque han avanzado en regulaciones ambientales, aún no consiguen implementarlas en parte, según los informes y datos disponibles, por la falta de protagonismo de las municipalidades y la limitada fuerza política para impulsarlas efectivamente.

Las dificultades en la gestión de residuos a nivel regional también recaen en la falta de infraestructura, recursos financieros y participación ciudadana en el reciclaje.

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