Elección de Contralor: Presupuesto, Codedes, Junta Directiva y otros, los temas que inclinan la balanza
Los diputados del Congreso de la República podrían estar cerrando las negociaciones para la elección del contralor general, y con ello, la posibilidad de que el presidente Bernardo Arévalo y el Organismo Ejecutivo busquen que se designe a un fiscalizador afín. A la vez, analistas abordan los riesgos y las posibles monedas de cambio que […]
Los diputados del Congreso de la República podrían estar cerrando las negociaciones para la elección del contralor general, y con ello, la posibilidad de que el presidente Bernardo Arévalo y el Organismo Ejecutivo busquen que se designe a un fiscalizador afín. A la vez, analistas abordan los riesgos y las posibles monedas de cambio que se darían detrás de esa elección.
Según fuentes del Congreso, el nombre que más suena entre diputados es el de Elfego Castañón, hermano del diputado Duvalier Castañón del partido oficialista.
La elección de la Contraloría General de Cuentas (CGC) cierra el ciclo de las elecciones de segundo grado.
Asimismo, en medio del proceso en el Congreso, el Ejecutivo busca mantener el negocio oscuro de tres puentes que La Hora ha revelado que se dieron con una sobrevaloración.
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Los tres proyectos se otorgaron el pasado 2 de julio, mediante un proceso exprés de siete días entre la publicación y adjudicación, con base en el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, aprobada por el Congreso en noviembre de 2024 y que creó la figura de «licitación por emergencia», que permite hacer adjudicaciones obviando pasos de la Ley de Contrataciones del Estado, con el objetivo de acortar tiempos y atender rutas centroamericanas.
Los puentes se encuentran, uno en la carretera CA2-occidente (Ruta al Pacífico) y los otros dos en la CA-14, ruta a Cobán, Alta Verapaz.
Recientemente, La Hora también publicó información preliminar de la Contraloría que confirma las irregularidades abordadas por este medio en diversas investigaciones.
PRESUPUESTO, CODEDES, Y LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONGRESO
Para Ricardo Barrientos, analista y director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), existen candidatos que cuentan con los respaldos, pero prevé la posibilidad de «monedas de cambio» para la designación.
«Ahorita todo está en el mundo de los rumores, el análisis y las percepciones», inició diciendo el director del Icefi.
No obstante, no negó la existencia de información sobre candidatos que tendrían un respaldo fuerte para ser electos con los 81 votos necesarios en el pleno del Congreso, y que tendrían algún vínculo con el contralor saliente, Frank Bode Fuentes.
«De alguna manera podría plantear un esquema de continuidad de las anomalías que se han visto en la Contraloría General de Cuentas, específicamente cuotas de impunidad, y coyunturalmente —para el 2027—, un tema de bloqueos a candidaturas a cargos de elección popular», subrayó el analista.
Jorge Giovanni Castellanos Gudiel, actual subcontralor de Calidad del Gasto Público, sería el aspirante vinculado a Bode y, durante la última plenaria, pudo haber sido electo con los apoyos de UNE, Vamos, Valor, Todos y Cabal. Aunque aquella designación quedó truncada la semana pasada.
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En cuanto a la participación de Arévalo y el Ejecutivo en esta designación, Barrientos explica que, «nominalmente», podría ser ajeno al proceso.
Sin embargo, anota que en el mundo de la política real, «lo que uno ve es que pudieran estar interesados en que llegue un candidato con las mejores calidades», y entonces, un involucramiento en la negociación.
De acuerdo con el analista, las negociaciones podrían incluir un combo que incluiría el último decreto para la suspensión temporal de impuestos —un interés de los diputados—, el propio proyecto de presupuesto 2027, la Junta Directiva del Congreso y el principal riesgo identificado en el plan de gastos: un nuevo aporte extraordinario para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).
«Se rumora que este podría ser de un monto entre Q5 mil millones y los Q7 mil millones. Un monto a todas luces voluminoso», dijo al respecto de lo que podría ser la moneda de cambio.
«Entonces, el aporte ordinario que por ley toca de Q5 mil millones, más los Q1 mil 200 que podrían crecer hasta Q5 mil y Q7 mil millones más Q9 mil millones. Esta suma es la que a nosotros nos hace pensar que, si estas negociaciones políticas llegaran a materializarse, en realidad los Codedes podrían tener una asignación de entre Q17 mil y Q20 mil millones para 2027; con normas presupuestarias y de compras y contrataciones de adquisición pública relajadas, ¿verdad? Entonces, ese es el peligro», detalló.
Además, remarcó que Arévalo y el Ejecutivo podrían no estar necesariamente interesados en aprobar las medidas, pero «podría ceder para poder lograr la elección de un candidato que sea menos riesgoso desde sus perspectivas».
Por ejemplo, que no sea perjudicial para los intereses de este Gobierno, por futuras investigaciones y hallazgos que se produzcan a partir de 2028 o el mismo año electoral, por la potestad que tiene el dirigente de la Contraloría con los finiquitos.
NO PARECIERA TENER UNA ESTRATEGIA, AUNQUE TAMBIÉN ES UNA TRIANGULACIÓN COMPLEJA
El catedrático y analista político Renzo Rosal considera, como punto inicial, que el Gobierno de Bernardo Arévalo no ha jugado mucho o con «buenas cartas» en estos procesos de elecciones de segundo grado, salvo con el nombramiento del fiscal general Gabriel García Luna.
«No parecería tener una estrategia política, digamos, claramente identificada. Como que lo está haciendo muy reactivamente, proceso tras proceso», enfatizó.
Él explica que desde las autoridades en el Organismo Ejecutivo siempre hay un interés en un contralor, si bien no afín en su totalidad, que al menos no sea de oposición, ya que con este se finaliza el Gobierno.
«Va a ser este contralor el encargado de fiscalizar el último año de esta administración y ese último año en donde hay siempre la idea de evitar disminuir con los factores de riesgo».
Rosal supone la posibilidad de que desde la Presidencia se recurra a una especie de negociación, aunque también la califica de compleja, debido a la coyuntura actual.
El catedrático remarcó que esta elección ocurre en medio de las negociaciones en el Congreso por el Presupuesto 2027, y en su momento también podría haberse visto involucrada la respuesta que los diputados dieron a la exención de los impuestos para combustibles.
Algo en lo que ambos analistas coincidieron.
Incluso, supone que podría ser parte de un combo el decreto 22-2026, Presupuesto y la elección del fiscalizador del Estado, que en cuestión de horas será designado, aunque con posibles negociaciones bajo la mesa durante las horas previas.
Creo que pudiera ser que el Ejecutivo ceda espacios, o bolsones de recursos, a cambio de que el Congreso se porte decente y de pronto designen a un contralor no ungido por el actual contralor Bode, sino por alguien diferente que pueda sonar, entre comillas, «más independiente». O bien respaldar la continuidad de lo que a Bode le interesa».
En el análisis del politólogo, la administración del contralor Frank Bode se ha portado «buena» con el Ejecutivo. «No ha sido contrario, le ha sido en un punto hasta favorable».
El analista concluye que esta última pieza para la renovación institucional que coincidió este 2026 es parte de un combo complejo, pero no niega que este Gobierno no ha podido manejar estrategias políticas más reducidas y, por ende, aún le quedan dudas sobre la existencia de una estrategia.
LA ELECCIÓN DE CONTRALOR Y LA POSTURA DE ARÉVALO
En las últimas ruedas de prensa, el presidente ha sostenido que no intervendrá en este proceso de designación.
Incluso, en anteriores consultas de La Hora sobre un posible favoritismo a algunos candidatos, la Presidencia respondió lo siguiente:
«Esta es una tarea que corresponde a la Comisión de Postulación, que ha concluido su trabajo y trasladado la nómina al Congreso de la República para su discusión y decisión. Vemos que dentro de la lista hay candidatos sólidos y esperamos que el Congreso tome una decisión orientada a fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado».
La Hora consultó nuevamente con la Presidencia ante la fuerte corriente que buscaría apoyar al hermano del diputado oficialista, Elfego Castañón, y sobre las negociaciones que transcurran paralelamente al cabildeo del Plan de Gastos 2027.
La última respuesta de Comunicación Social de la Presidencia refiere lo siguiente:
«El Gobierno no ha negociado, no negocia, ni negociará la elección del Contralor General de Cuentas. El presidente Bernardo Arévalo ha sido claro y consistente en condenar antiguas prácticas corruptas y demandar independencia de las instituciones. Esa decisión corresponde exclusivamente al Congreso de la República. Las diputadas y diputados tienen una enorme responsabilidad frente al pueblo de Guatemala y su demanda cada vez más creciente de instituciones probas, independientes y transparentes», afirman.
Además, sostienen que «la discusión del Presupuesto 2027 es un proceso técnico e independiente, y no está condicionado ni vinculado a la elección de ninguna autoridad».
En las próximas horas, la mayoría de diputados elegirá al próximo contralor, y durante las últimas semanas tres nombres han sonado entre los diputados:
Jorge Giovanni Castellanos Gudiel (Subcontralor respaldado por Vamos, Cabal y UNE)
Elfego Odair Castañón González (Subcontralor hermano del diputado oficialista Duvalier Castañón)
Julio Otoniel Roca Morales (Director en la SAT designado por Bernardo Arévalo)