En mayo del 2016, Aceros de Guatemala fue intervenida por la SAT por evasión de Q270 millones, debido a que simuló compras de chatarra a proveedores inexistentes, además de falsificar el Formulario Aduanero Único Centroamericano. La empresa tuvo que pagar Q782.9 millones. El artífice del golpe a esa empresa defraudadora fue Juan Francisco Solórzano Foppa, en ese entonces jefe de la SAT. Pero el gran capital, que tiene a sus pies las estructuras de poder político y judicial, no perdona, y desde entonces le ha hecho imposible la vida a Solórzano Foppa. Cuando intentó participar como candidato a la alcaldía metropolitana, en el 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó su inscripción. El 19 de mayo fue detenido, debido a supuestas irregularidades en un acta de inscripción de un nuevo partido político. Esta acción que se extiende a 14 personas más ocurre en un ambiente de represión contra críticos del sistema de corrupción e impunidad.

Solórzano Foppa fue detenido en un operativo policial que incluyó un vehículo con placas cubiertas, lo cual recuerda la época oscura del conflicto armado. En el pasado, cuando el TSE detectaba firmas falsas o de fallecidos en el acta de inscripción de un comité, simplemente las desafiliaba. Ahora la intención es destruir la imagen de Solórzano Foppa. Otro detenido es Aníbal Argüello y los netcenter hacen hincapié en su antigua labor en la Cicig, con el objetivo de destrozar su imagen. Esta es una persecución política por parte de las redes de corrupción. Redes a las que parece servir el fiscal José Curruchiche, a quien la jueza Érika Aifán le llamó la atención tres veces, en el 2015, por negligencia en el caso de financiamiento electoral ilegal del partido FCN. Pero este no es un caso aislado, ya que ocurre cuando los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), encabezados por Roberto Molina Barreto, intentan criminalizar al abogado Alfonso Carrillo, que ha interpuesto recursos en favor del estado de Derecho.

La ola de ataques también se centra contra periodistas. Marvin del Cid y Sonny Figueroa han sido hostigados por agentes de la PNC y netcenter pagados por funcionarios con nuestros impuestos. La razón: efectuar investigaciones periodísticas sobre irregularidades cometidas por el presidente Alejandro Giammattei y su círculo más cercano. Otro tanto afronta la corresponsal de CNN Michelle Mendoza, a quien la magistrada de la CSJ Vitalina Orellana le tomó fotografías en una actividad del Ministerio Público. Esas fotos luego fueron publicadas por el netcenter Lord Vader, lo cual revela el nexo entre funcionarios y las estructuras dedicadas a difamar a periodistas y críticos del pacto de corruptos.

La violenta represión contra los manifestantes el 21 de noviembre pasado fue solo el preámbulo de estas acciones destinadas a causar terror y zozobra en la población. A eso se agrega que la CC dio luz verde para que entren en vigencia las reformas a la Ley de ONG, que buscan su criminalización y cierre si son molestas para el poder corrupto. Mientras arrecia la intimidación, el Pacto de corruptos comienza a liberar a criminales. Por ejemplo, la Sala Primera de Mayor Riesgo desvinculó al expresidente Otto Pérez Molina del caso Red de poder, corrupción y lavado de dinero. La presidenta de la CSJ, Silvia Valdés, también deja ver sus intenciones de impunidad al expresarse en forma despectiva del fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Feci. Valdés publicó el siguiente tuit: “L fiscal es muy inteligente, sabe que todos los casos de este inútil se van a caer xq no tiene solidez, si lo quita dirán que como se fue todo se cayó, q se quede y afronte las consecuencias”. De esta forma se percibe que el pacto de corruptos está decidido a liberar a más delincuentes de cuello blanco. Esta es la realidad de un país que ha caído en poder de la cleptodictadura.