El presidente Bernardo Arévalo al fin logró que las masas salieran a las calles, el único inconveniente es que esta vez fue en su contra. Un error tras otro generó un desgaste político cuando impulsó el seguro obligatorio para todo tipo de vehículos. Es increíble que la rosca que lo rodea y sus asesores no lo alertaran sobre la crisis que se venía porque era previsible el rechazo de la mayoría de sectores y el aprovechamiento de sus enemigos, que supieron crear un ambiente de ingobernabilidad. Aún en medio de los bloqueos del martes pasado, el secretario de Comunicación, Santiago Palomo, insistía en que se mantenía la medida cuando ya a todas luces era insostenible. En un ambiente caldeado como el que se vivió esta semana se necesitaba la figura de un líder que apareciera para tratar de apaciguar la situación, pero Arévalo, ni visto ni oído. Parecía empeñado en su solitario juego de ajedrez.

Con una parsimonia total, el gobierno se tardó más de un mes en dar respuesta a la exigencia ciudadana de imponer medidas tras el accidente de bus que dejó 55 muertos en la calzada La Paz. Si primero hubiera impuesto el seguro a los buses de transporte colectivo, habría encontrado respaldo popular. Luego, con una buena comunicación política hubiera establecido el seguro a los demás vehículos de cuatro ruedas y un tiempo prudencial posterior hubiera agregado las motocicletas. Pero al imponer el seguro a todos los vehículos abrió las puertas del infierno. La gente se olvidó de las víctimas del accidente ocurrido el 10 de febrero porque se enardeció con una medida que tocaba sus bolsillos. En Guatemala no existe cultura de seguro, pese a que es algo que beneficia a quienes tienen vehículo y también puede reducir el impacto en los hospitales por tanto percance, principalmente de motociclistas.

El seguro obligatorio está establecido en la Ley de Tránsito desde 1996, pero ningún gobierno anterior lo quiso poner en práctica porque sabían que despertaría a los demonios. Sin tener una lectura real del impacto que iba a ocasionar, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dijo el lunes que el seguro iba a entrar en vigor en un mes y habló de sanciones para quienes no lo tuvieran. Eso fue como dar la gasolina para que incendiaran el país. Ni lenta ni perezosa, la oposición se montó sobre la ola, particularmente Sandra Torres, cuyo entorno supo aprovechar los bloqueos. Ese regalo que les daba Arévalo no era para desaprovecharlo, por lo que sus detractores contrataron buses, le pagaron a cientos de personas para que cerraran calles y carreteras en rechazo al seguro obligatorio. El gobierno de Arévalo demostró falta de capacidad para entender el momento político que vive, en medio de un mar lleno de tiburones listos para destrozarlo.

Sus enemigos políticos ya le tienen tomada la medida al mandatario. Esta es la segunda ocasión en menos de un mes que le crean una crisis. La primera ocurrió en febrero pasado, cuando el alcalde capitalino Ricardo Quiñónez le paralizó la ciudad con los bloqueos de los recolectores de desechos en rechazo a la clasificación de residuos. En esa ocasión la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, fue inteligente y detuvo la medida a tiempo antes de que el desastre se extendiera. Arévalo ha demostrado que es hábil en asuntos diplomáticos, como sus relaciones con Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. Sin embargo, le falta cintura política y conocimiento sobre comunicación porque a la población hay que convencerla y hay que estar al frente de las crisis. En esta ocasión estuvo desaparecido y hasta el miércoles salió diciendo que impulsó mesas de diálogo. ¿Cuáles, cuándo? Ahora se entiende por qué no ha querido sacar a Consuelo Porras del Ministerio Público. El problema es el serio desgaste político que sufrió, en forma totalmente innecesaria.